La Administración Trump perdió otra batalla legal en su intento de mantener el envío de supuestos miembros del Tren de Aragua a El Salvador
El juez James Boasberg se negó a levantar una orden de restricción a la Ley de Enemigos Extranjeros para la deportación de inmigrantes.
Esto es otro golpe que abre camino a que estas personas puedan presentar sus casos ante tribunales.
El gobierno del presidente Donald Trump aplicó la ley de 1798 a los venezolanos que presuntamente forman parte de la pandilla Tren de Aragua.
Sin embargo, su decisión enfrentó un desafío ante un tribunal debido a acusaciones de violar el debido proceso.
“Es probable que los demandantes tengan éxito en otra teoría igualmente fundamental: antes de ser deportados, tienen derecho a audiencias individualizadas para determinar si la Ley les aplica”, consideró el juez Boasberg de la Corte de Distrito de Washington, D.C.
“Dado que los demandantes mencionados disputan su pertenencia a Tren de Aragua. No podrán ser deportados hasta que un tribunal haya decidido sobre los méritos de su impugnación”.
Otro golpe para la Administración Trump.
El juez, sin embargo, dijo que la Administración Trump todavía puede procesar a los inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta ley es aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias, como la de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Administración Trump pidió al juez Boasberg permitir la aplicación de la ley. Esta había sido suspendida para evitar el envío de inmigrantes de Venezuela a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Varios venezolanos y sus familias niegan ser parte del Tren de Aragua. Por ello, acusan persecución irregular al ser enviados a El Salvador de manera injusta. Consideran esto otro golpe a la justicia.
El juez menciona que, de hecho, las personas enviadas a la prisión salvadoreña descartan ser parte de la pandilla. Esta ahora es considerada organización terrorista. Incluso, reclaman ser víctimas de tal grupo criminal. Otro golpe inesperado.
“Todos niegan vehementemente ser miembros del Tren de Aragua y, por lo tanto, estar sujetos a la Proclamación. De hecho, varios afirman que huyeron de Venezuela para escapar de las depredaciones del grupo. Temen graves consecuencias si son deportados únicamente por la clasificación indiscutible del Gobierno”, dice el juez.
“Por lo tanto, los demandantes solicitaron una Orden de Restricción Temporal que impidiera al Gobierno deportarlos a ellos o a otros extranjeros venezolanos bajo la Proclamación sin una audiencia”.
Este es otro golpe para ellos en su lucha.
Una Corte de Apelaciones decidirá sobre la primera decisión del juez Boasberg, quien ha sido criticado por la Administración Trump.
Fuente: La Opinión
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