Un informe publicado recientemente por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluye que, si bien el régimen de Nicolás Maduro tolera a la pandilla venezolana Tren de Aragua, es poco probable que el dictador venezolano ejerza control directo sobre la temida organización.
Este hallazgo contradice una afirmación fundamental del expresidente Donald Trump en su reciente invocación de poderes en tiempos de guerra para agilizar la deportación de presuntos pandilleros a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Reportado inicialmente por The New York Times, el memorando de inteligencia describe una Venezuela donde redes criminales como el Tren de Aragua prosperan en medio de una disfunción estatal generalizada y una aplicación de la ley selectiva.
Sin embargo, el informe enfatiza que no hay evidencia concluyente que respalde la afirmación de que el régimen socialista de Caracas comanda el grupo criminal.
“Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que el Tren de Aragua opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua y no está dirigiendo sus movimientos ni operaciones en Estados Unidos”, afirma el memorando del 7 de abril, titulado “Venezuela: Examinando los vínculos del régimen con el Tren de Aragua”.
“Este juicio se basa en acciones de las fuerzas del orden venezolanas que indican que el régimen considera a la TDA como una amenaza; una incómoda relación simultánea de cooperación y confrontación, en lugar del control vertical que caracteriza los vínculos del régimen con grupos armados; y la estructura descentralizada del TDA, que dificultaría logísticamente una relación de mando directo”, añadió el memorando.
El Consejo Nacional de Inteligencia depende de la oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.
Figuras de la oposición en Venezuela, incluida la prominente líder María Corina Machado, han alegado durante mucho tiempo que Maduro y el número dos de su régimen, Diosdado Cabello, son los verdaderos cerebros detrás de la pandilla.
Estas afirmaciones cobraron nueva relevancia en marzo, cuando Trump las citó como justificación para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley poco utilizada en tiempos de guerra, para acelerar la deportación de venezolanos sospechosos de pertenecer a pandillas, eludiendo los procedimientos legales normales.
Inicialmente, el gobierno de Trump utilizó la ley para transferir a detenidos venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Sin embargo, los tribunales estadounidenses han bloqueado la política desde entonces.
En su proclama de marzo, Trump acusó a Maduro de enviar deliberadamente a miembros del TDA a Estados Unidos como parte de una “agresión organizada” destinada a desestabilizar el país.
Aseguró que muchos pandilleros se habían infiltrado en Estados Unidos bajo las órdenes de Maduro y de Cabello, describiendo su presencia en el país como un acto de “guerra irregular”.
La administración había designado previamente al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera, mientras que el Departamento de Justicia tiene varios juicios abiertos contra Maduro, Cabello y otros altos funcionarios del régimen, acusándoles de liderar la principal organización narcotraficante de Venezuela, el Cártel de los Soles.
“El régimen está perpetrando una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial”, declaró Trump en su proclama de marzo.
“El TDA opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la organización narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales que incluyen asesinato, secuestro, extorsión y tráfico de personas, drogas y armas”.
El Tren de Aragua se originó en la infame prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, alrededor de 2007 y desde entonces se ha convertido en una red criminal descentralizada con presencia en al menos siete países, entre ellos Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
Su crecimiento se ha visto impulsado por el continuo colapso político e institucional de Venezuela, lo que le ha permitido explotar la debilidad del gobierno y de las fuerzas del orden, según el informe de inteligencia.
Si bien el informe descarta las afirmaciones de control centralizado, el memorando reconoce que el régimen de Maduro mantiene vínculos esporádicos y oportunistas con el TDA.
Se cree que algunos miembros del régimen toleran o incluso colaboran con la banda por razones financieras o estratégicas. Los líderes fundadores del grupo —Héctor Guerrero Flores, Yohan José Romero y Larry Álvarez Núñez (actualmente detenido en Colombia)— escaparon de prisión en 2023, presuntamente con la ayuda de funcionarios corruptos.
El informe también señala que, si bien las fuerzas de seguridad venezolanas han reprimido a la pandilla en ocasiones —como en recientes arrestos de la Guardia Nacional y enfrentamientos armados—, las autoridades carecen de la capacidad y, en algunos casos, de la voluntad para desmantelar la organización.
Funcionarios de bajo rango podrían estar beneficiándose de las actividades delictivas de TDA, como el narcotráfico y el tráfico de migrantes, señala el documento.
El informe también indicó que no encontró información de inteligencia creíble que respalde la afirmación de que el régimen venezolano esté orquestando la migración de TDA a Estados Unidos ni sus operaciones delictivas dentro de este país.
Sin embargo, algunas agencias estadounidenses, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, sospechan que elementos dentro del Estado venezolano podrían estar facilitando la expansión de la pandilla en el extranjero para desestabilizar países como Colombia, Chile y Estados Unidos, una opinión que no es compartida ampliamente por la comunidad de inteligencia.
El informe también enfatiza que la expansión internacional de la pandilla está estrechamente vinculada a la crisis migratoria venezolana:
Casi 8 millones de ciudadanos han huido desde 2014.
Los servicios de inteligencia sugieren que algunos miembros de TdA han viajado junto a las caravanas de migrantes, pero hay evidencia limitada de su participación en la trata de personas a gran escala.
Si bien persisten las acusaciones de cooperación entre altos funcionarios del régimen y TDA, que incluyen a figuras como Cabello y la exministra de prisiones Iris Varela, la mayoría de las afirmaciones no están verificadas o provienen de personas que enfrentan procesos judiciales.
Según el informe, el Consejo Nacional de Inteligencia continúa monitoreando posibles cambios en las relaciones entre el régimen y las pandillas, incluyendo cambios en la aplicación de la ley, indicios de apoyo estatal y transferencias de armas.
Un caso de alto perfil relacionado con la remisión por parte de Chile del asesinato de un disidente venezolano en 2024 a la Corte Penal Internacional podría arrojar más luz sobre los vínculos del régimen venezolano con la pandilla, dijo.
Tomado de El Nuevo Herald
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