En febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una norma que, aunque limitada y polémica por su implementación y su alcance, representa un hito en el tortuoso camino hacia la reconciliación nacional. Esta legislación concede amnistía general a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos desde 1999 hasta inicios de 2026, enfocándose en 13 periodos específicos de protestas y confrontaciones, como las de 2014, 2017, 2019 y las postelectorales de 2024 y 2025.
La ley ha facilitado la liberación de más de 100 presos políticos y el sobreseimiento de causas, abriendo un debate sobre su potencial transformador.
Para los inhabilitados políticos (aquellos vetados administrativamente de participar en elecciones o cargos públicos), esta amnistía emerge como una ventana para reintegrarse a la arena pública nacional. Figuras como María Corina Machado, afectada por inhabilitaciones pasadas, podrían beneficiarse si se amplía el alcance de la norma, como sugieren expertos que ven en ella un «buen primer paso» hacia consensos más amplios. Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano y otros dirigentes opositores ya han sido beneficiados de esta nueva etapa política que tiende al entendimiento y restablecimiento de reglas de juego institucional no excluyente. De acuerdo a la vocería oficial, ya se han beneficiado de la misma muchas personas que, en otras condiciones seguirían vetados.
Más allá de la mera reinserción, esta oportunidad debe interpretarse como un llamado a reinventar la política venezolana: no como un retorno al enfrentamiento, sino como un compromiso con discursos y narrativas que fomenten el reconocimiento mutuo, permitan pasar la página de divisiones históricas y eviten avivar rencores acumulados durante décadas de polarización.
Hacia una Política de Calle Constructiva y el Rescate del Sistema de Partidos
La amnistía no debería limitarse a un acto jurídico; debe ser el punto de partida para una política de calle propositiva, un activismo cercano y presente, donde los líderes inhabilitados (ahora liberados de ataduras legales) y las autoridades que inhabilitaron, prioricen el diálogo sobre la confrontación, el entendimiento sobre los señalamientos. Imagínese narrativas que enfaticen la reconciliación: discursos que reconozcan el dolor de todas las partes, desde las víctimas de la represión hasta los sectores marginados por políticas excluyentes. Esto implica un activismo social renovado, alejado de la violencia que marcó protestas y represiones pasadas, y enfocado en propuestas concretas como la reconstrucción económica, la equidad social y la gobernanza inclusiva. Como señala un análisis reciente, la ley podría dilucidarse como una «oportunidad para reiniciar la convivencia política» en lugar de una mera «medida coyuntural» que pospone conflictos.
En este orden, rescatar el sistema de partidos venezolano es indispensable. La fragmentación partidista, agravada por inhabilitaciones, judicialización de tarjetas partidistas y exilios, ha debilitado la representación democrática. Una amnistía ampliada podría permitir que opositores y disidentes chavistas reconstruyan estructuras partidarias sólidas, promoviendo primarias internas y coaliciones transversales. Pudiendo sugerirse la creación de foros multipartidistas facilitados por la comisión especial establecida en la ley, donde se debatan agendas comunes. Esto no solo revitalizaría el activismo propositivo con campañas de base en comunidades, enfocadas en soluciones locales como acceso a servicios básicos, sino que también contrarrestaría la tentación de la radicalización, fomentando un ecosistema político donde el disenso sea un motor de progreso, no de destrucción.
La Necesidad de una Amnistía Comunicacional: Recuperando Voces Plurales
Para que esta ventana política sea efectiva, es esencial extender el espíritu de la amnistía al ámbito comunicacional. Venezuela ha sufrido una asfixia mediática, con cierres de emisoras, exilios de periodistas y control estatal sobre narrativas. Una «amnistía comunicacional» propositiva implicaría la devolución de licencias y espacios a dueños de medios y reporteros perseguidos, permitiendo que recuperen sus plataformas para informar con imparcialidad. Esto no solo repararía daños individuales, sino que sentaría las bases para una diversidad informativa que fomente la tolerancia y el pensamiento variado.
Imaginemos un panorama donde medios independientes coexistan con estatales. La imparcialidad no sería un lujo, sino el punto de partida para narrativas que unan, educando a la ciudadanía en el valor de perspectivas múltiples y reduciendo la polarización que alimenta rencores por la censura, autocensura y pensamiento controlado.
Finalmente, la Ley de Amnistía de 2026, pese a sus limitaciones, como la exclusión de militares y la falta de reparación a víctimas, ya denunciada por ONG’s como Foro Penal,
ofrece una ventana única para los inhabilitados políticos. Pero su verdadero impacto radica en cómo se aproveche: como catalizador para una política de calle que priorice el reconocimiento, el cierre de ciclos y el activismo no violento, rescatando el sistema de partidos y extendiéndose a amnistías comunicacional y laboral. Estos pasos, si se implementan con voluntad genuina, ampliando la norma mediante consensos, como sugiere Michael Penfold, enviarían mensajes auténticos de reencuentro, transformando rencores en oportunidades para una Venezuela inclusiva y democrática. El desafío es claro: no repetir errores del pasado, sino construir un futuro donde la diversidad sea fuerza, no división.
Politólogo, Jesús Castillo Molleda.
www.jesuscastillomolleda.com
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