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Rubén González: Un preso de conciencia

Amnistía Internacional emitió una acción urgente por la libertad de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco donde lo califica de preso de conciencia por lo que exige a las autoridades venezolanas su inmediata e incondicional libertad.

La organización señala que desde su detención arbitraria, el pasado 29 de noviembre de 2018, González sufre de problemas de salud y sus condiciones de reclusión en la cárcel de La Pica desde hace más de un año, han empeorado su estado.

El comunicado disponible en su página web oficial detalla que el líder sindical el pasado 19 de enero sufrió un pico grave de hipertensión que permanece y pone en riesgo su vida de no recibir atención médica urgente.

Amnistía señala que la “detención arbitraria, la criminalización y la condena injusta de Rubén González” se produce en un contexto de “detenciones arbitrarias hechas contra personas críticas del gobierno o reclamando sus derechos humanos”. “Las autoridades venezolanas han implementado una política de represión sistemática y generalizada, que incluye detenciones arbitrarias por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales y el uso de tribunales militares para acusar a civiles de delitos como traición o rebelión, hacia aquellos que son vistos como críticos al gobierno”.

Asimismo, señala que González, además de ser hipertenso, es paciente renal desde hace más de 10 años. Su equipo legal en distintas oportunidades ha solicitado atención médica sin embargo, solo fue atendido una vez. “No permiten que su familia envíe medicamentos a menos que González esté experimentando un dolor intenso. El 24 de noviembre de 2019, su familia informó que había estado en un estado febril. La presión pública finalmente llevó a González a ser llevado a un CDI (Centro Diagnóstico Integral), pero fue enviado de vuelta a prisión poco después”.

González fue detenido en una alcabala militar en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, la madrugada del 29 de noviembre de 2018, cuando regresaba de una protesta en Caracas, en la que la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela le exigió al defensor del pueblo designado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, Alfredo Ruiz Angulo, que ejerciera las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo en defensa de los derechos de la clase obrera, liquidados luego del paquetazo de Maduro impuesto en agosto del año pasado que ignoró sus beneficios.

Fue presentado ante un tribunal militar, que tras imputarle tres cargos militares (ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional), ordenó su traslado a la cárcel de La Pica. Nueve meses después, el 13 de agosto, el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín, a cargo del coronel Alexis Baloa, lo condenó a 5 años y 9 meses de cárcel. Cien organizaciones no gubernamentales (ONG), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigen la liberación inmediata del sindicalista.

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