En el cambiante panorama político institucional venezolano de 2026, la rendición de cuentas adquiere un significado renovado tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Este artículo examina dos etapas: 1) la consulta nacional convocada por el Ejecutivo para el 8 de marzo, y 2) la obligación legal de alcaldes y gobernadores de presentar su memoria y cuenta antes del 30 de marzo, según la legislación vigente, ante el poder legislativo de su nivel político territorial.
Ambos como mecanismos de acompañamiento ciudadano que da cuenta al manejo de recursos y evaluación de proyectos.
Etapa 1: La Consulta Nacional del 8 de Marzo Convocada por el Ejecutivo Nacional
La consulta del 8 de marzo, promovida por la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, surge como mecanismo para medir apoyo popular en temas críticos: soberanía (especialmente el Esequibo), recuperación petrolera y reformas económicas post-intervención estadounidense. Anunciada en un momento de tensión institucional, busca consolidar la autoridad de Rodríguez ante lealtades chavistas – maduristas. Además, quiere afianzar la hoja de ruta que busca posicionar y consolidar la democracia participativa y protagónica mediante el poder popular.
Durante la instalación del primer Consejo Federal de Gobierno del año en curso, el 21 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció: “La Consulta Popular se realizará el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, para que vayamos con el espíritu de nuestras mujeres, con el espíritu de nuestras guerreras”.
Más allá del contenido específico de la consulta, este tipo de procesos, como se ha comentado en oportunidades anteriores, suele interpretarse como un termómetro de legitimidad política y de capacidad de movilización, tanto para el gobierno como para los distintos sectores de oposición y organizaciones sociales. Por lo tanto, la participación ciudadana será un indicador clave. Una alta concurrencia podría fortalecer la narrativa de respaldo institucional al mecanismo y del liderazgo que lleva a cabo el reacomodo del poder. No obstante, una abstención significativa podría alimentar cuestionamientos sobre confianza, representatividad o condiciones del proceso de esta jefatura encargada que representa el continuismo del chavismo con un enfoque reformista.
En el plano político y social, los efectos de la consulta dependerán no solo de sus resultados, sino también de la percepción de transparencia, equilibrio y reconocimiento por parte de los actores nacionales e internacionales.
En este orden, es clave tener en cuenta lo dicho por la Delcy Rodríguez en la alocución del 21 de enero, en la cual informó que el incremento del 37% de los recursos previstos para el año 2026 mantendrá el mismo esquema de distribución aplicado en 2025: “un 53% estará destinado al Poder Popular, 29% a las gobernaciones, 15% a las alcaldías y 3% al fortalecimiento institucional”.
Etapa 2: Presentación de Memoria y Cuenta por Alcaldes y Gobernadores antes del 30 de Marzo
La segunda etapa obliga a alcaldes y gobernadores a rendir cuentas anuales antes del 30 de marzo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (art. 88) y la Ley Orgánica de los Estados (art. 47). Este proceso, que detalla ejecución presupuestaria, logros y planes, adquiere relevancia en el gobierno interino de Rodríguez. De esta manera, la presidenta busca proyectar transparencia y continuidad estatal.
La rendición de memoria y cuenta por parte de alcaldías y gobernaciones es un instrumento fundamental para fortalecer la transparencia, la confianza ciudadana y la calidad de la gestión pública en los territorios. Cuando las autoridades locales y regionales informan de manera clara, verificable y periódica sobre el uso de los recursos, el cumplimiento de metas y los resultados de su gestión, se facilita el control social. Así, se reduce el riesgo de opacidad o discrecionalidad en la administración y se promueve una cultura de responsabilidad institucional.
Además, estos procesos no solo permiten evaluar el desempeño gubernamental, sino que también abren espacios para la participación y el diálogo con la ciudadanía. Esto contribuye a una gestión más eficiente, alineada con las necesidades reales de las comunidades y orientada a fortalecer la legitimidad democrática en el ámbito local y regional.
Entendiendo esto, es importante para las autoridades regionales y municipales que, en plena comprensión del actual momento político de cambio que se vive, fortalezcan y profundices esta actividad propia del correcto funcionamiento de la gestión pública. Así, se logra el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Politólogo, Jesús Castillo Molleda.
www.jesuscastillomolleda.com
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