Durante más de una década, Venezuela fue un productor menguante y un actor geopolítico aislado. Conserva las mayores reservas probadas del mundo (unos 303.000 millones de barriles, según la OPEP) pero extraía apenas una fracción de lo que producía a finales de los años noventa, cuando superaba los tres millones de barriles diarios. Las sanciones estadounidenses, el deterioro de PDVSA, la escasez de diluentes para el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco y el desvío de exportaciones hacia circuitos opacos con China, Rusia e Irán convirtieron el petróleo en un instrumento de supervivencia, no de proyección.
En 2026 esa ecuación ha cambiado. El país ha vuelto al tablero energético, aunque no por una restauración soberana de su diplomacia petrolera, sino por un realineamiento que convierte otra vez el crudo en moneda de poder.
El punto de quiebre ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Desde entonces, Washington ha combinado alivio selectivo de sanciones, licencias de la OFAC para operar con PDVSA y un rediseño de los flujos de exportación. El resultado, medido en barriles, es visible. En agosto, las fuentes primarias de la OPEP situaron la producción venezolana en 1,201 millones de barriles diarios; las fuentes secundarias, más cautas, la estimaron en 1,145 millones. Es el mayor nivel en años, aunque sigue lejos del potencial geológico y apenas representa alrededor del 1% de la oferta mundial.
Esa recuperación no es un milagro técnico. Es un reordenamiento político. El crudo venezolano, pesado y compatible con las refinadoras del golfo de América (EEUU), ha dejado de circular de forma predominante hacia Asia a través de intermediarios y flotas en la sombra. Estados Unidos recuperó el papel de destino principal. Más de medio millón de barriles diarios han llegado en meses recientes a refinadoras estadounidenses, mientras traders como Vitol y Trafigura operan con licencias y parte de los ingresos se canaliza bajo supervisión de Washington. China, que en 2025 absorbía la mayor parte de las exportaciones venezolanas, ha perdido ese privilegio. Rusia e Irán, socios de la etapa sancionada, quedan al margen de las nuevas autorizaciones, que excluyen de forma explícita negocios con entidades de esos países.
El petróleo funciona aquí como instrumento de poder en dos direcciones. Para Caracas, reabre el acceso a inversión, diluentes, mercados legales y una vía (todavía incierta) para reestructurar una deuda soberana y de PDVSA que analistas sitúan por encima de los 200.000 millones de dólares. Chevron anunció más de 7.000 millones de dólares en sus empresas mixtas, con la meta de duplicar su producción hacia unos 600.000 barriles diarios. Eni, Repsol, Shell y otras compañías europeas han recibido autorización para operar. El 28 de agosto, Donald Trump y Rodríguez anunciaron un acuerdo para desarrollar 17 campos con unos 65.000 millones de barriles de reservas (cerca de una quinta parte del inventario venezolano) a través de North American Blue Energy Partners, del empresario Alejandro Betancourt. Washington reivindica una participación del 35% y el derecho de compra del 20% de la producción a costo. Trump lo llamó “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Rodríguez habla de 100.000 millones de inversión y más de 200.000 millones en ingresos fiscales.
Para Estados Unidos, el cálculo es estratégico. La guerra en Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz han recordado que la seguridad energética no se resuelve solo con shale. Un productor hemisférico, a pocos días de navegación del golfo de América, con crudo adecuado para las refinadoras estadounidenses, ofrece una palanca frente a Oriente Medio y frente a la influencia china en América Latina. El secretario del Interior, Doug Burgum, lo formuló con claridad: ante el riesgo de cortes en Asia Occidental, el centro de gravedad energético se desplaza al hemisferio occidental. El petróleo venezolano no mueve hoy el precio mundial por volumen; lo mueve por geografía, calidad y control político.
Esa reinserción, sin embargo, es condicional y frágil. La infraestructura eléctrica y petrolera está degradada. El crudo extrapesado exige nafta y crudos ligeros que el país no produce en cantidad suficiente.
Consultoras como Wood Mackenzie advierten que un salto de 200.000 a 300.000 barriles es plausible con workovers, pero llegar a 1,5 o 2 millones de barriles diarios exigiría años, capital masivo y reglas jurídicas estables. El texto del gran acuerdo de agosto no se ha publicado por completo; hay discrepancia sobre si las concesiones son a 25 o a 100 años; y la Constitución venezolana reserva el hidrocarburo como bien inalienable. China reclama derechos ligados a su deuda. Rusia denuncia discriminación. Parte de la oposición y varios analistas cuestionan la legitimidad de firmar compromisos de largo plazo sin un gobierno electo ni un control parlamentario efectivo.
Venezuela vuelve, pues, a la geopolítica del petróleo, pero no como el fundador de la OPEP que en 1960 buscaba soberanía productora frente a las majors. Vuelve como un yacimiento estratégico reintegrado al sistema estadounidense, con más producción, más visibilidad y menos autonomía. El petróleo le devuelve relevancia. Todavía no le devuelve poder propio. Ese será el test de los próximos años: si los barriles reconstruyen un Estado capaz de negociar, o si solo confirman que, en 2026, la reserva más grande del mundo vale sobre todo cuando alguien más decide a quién se vende.
Politólogo:
@jesuscastillomolleda
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