La conformación de la mesa técnica y política prevista para agosto introduce un cambio relevante en la dinámica del conflicto institucional venezolano. Después de años de ruptura entre las dos estructuras parlamentarias, la Asamblea Nacional elegida en 2015 y la instalada en 2025 establecerán un mecanismo permanente de diálogo, dando continuidad al contacto inicial sostenido el 18 de junio entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera en el Palacio Federal Legislativo.
La incorporación de Estados Unidos como participante activo añade un elemento novedoso al proceso y le confiere una dimensión política e internacional distinta. Aunque este acercamiento no equivale al reconocimiento mutuo de legitimidad ni anticipa una transición política, sí inaugura un espacio formal de interlocución que sustituye la lógica del desconocimiento por una de negociación institucional.
El contexto en el que nace este mecanismo resulta determinante. La reconstrucción nacional tras los terremotos del 24 de junio ha introducido una nueva variable en la ecuación política venezolana. La emergencia humanitaria ha generado incentivos para la cooperación institucional y ha permitido al chavismo construir un discurso de unidad nacional, mientras Estados Unidos ha respaldado públicamente el inicio de este proceso bajo la premisa de que la recuperación material del país debe ir acompañada de avances verificables en materia democrática.
¿Qué debería discutirse?
Si la mesa aspira a trascender el simbolismo político y convertirse en un verdadero mecanismo de reinstitucionalización, su agenda deberá concentrarse en los principales nudos de la crisis venezolana.
El primer punto pasa por la reforma del sistema electoral.
La renovación del Consejo Nacional Electoral mediante un procedimiento consensuado, acompañado de garantías de independencia, auditorías, actualización del Registro Electoral y observación internacional creíble, constituye probablemente el elemento más importante del proceso. Sin un árbitro electoral con legitimidad, cualquier calendario electoral difícilmente será aceptado por todos los actores.
En segundo término, aparece la recuperación del equilibrio entre los poderes públicos. La revisión de la composición del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente de sus Salas Constitucional y Electoral, representa un requisito indispensable para reconstruir la confianza institucional y ofrecer garantías jurídicas a todos los actores políticos.
La agenda también deberá abordar las garantías para la participación política. La restitución de partidos intervenidos judicialmente, la revisión de inhabilitaciones administrativas, el retorno de dirigentes exiliados, la situación de los presos políticos y el fortalecimiento de las libertades públicas forman parte de las condiciones mínimas para que un proceso de normalización democrática resulte creíble.
Finalmente, la mesa tendrá que enfrentar uno de los desafíos más complejos: definir cómo administrar la coexistencia entre dos legitimidades parlamentarias que durante años se han desconocido mutuamente. El diseño de mecanismos de reconocimiento temporal o la construcción de una ruta que conduzca a una nueva legitimación institucional mediante elecciones con garantías constituirá uno de los debates más delicados del proceso.
Implicaciones políticas
Las implicaciones del proceso van más allá de la relación entre ambas asambleas. Dinorah Figuera fortalece su reconocimiento como interlocutora institucional, aunque deberá demostrar que el diálogo produce resultados concretos. Para Jorge Rodríguez y el oficialismo, la mesa representa una oportunidad para proyectar una apertura política controlada y reforzar la imagen de estabilidad institucional. Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática y María Corina Machado seguirán influyendo en la legitimidad de cualquier acuerdo, y Estados Unidos verá condicionada la credibilidad de su estrategia a la obtención de avances institucionales verificables.
Tres escenarios posibles
Escenarios:
- 1. Avances graduales hacia la reinstitucionalización
La mesa logra consolidarse como un espacio permanente de negociación y comienza a producir resultados verificables. Se acuerdan mecanismos de confianza mutua, se avanza en la renovación del Consejo Nacional Electoral, se implementan algunas garantías políticas y se establece una hoja de ruta consensuada para la normalización institucional.
La reconstrucción posterior a los terremotos sirve como punto de partida para ampliar progresivamente la agenda hacia reformas políticas de mayor profundidad. Aunque el proceso sea gradual, comienza a reducirse la dualidad institucional que ha caracterizado la crisis venezolana durante los últimos años.
Este escenario permitiría mejorar las condiciones para una futura competencia electoral y facilitaría un mayor acompañamiento internacional, incluyendo posibles flexibilizaciones condicionadas de sanciones.
Escenario - 1. Diálogo funcional pero limitado
El proceso permanece abierto y evita una nueva escalada de confrontación, pero sus resultados se concentran casi exclusivamente en aspectos técnicos y humanitarios.
La mesa produce acuerdos sobre reconstrucción, cooperación institucional y algunas medidas de confianza, mientras las reformas relacionadas con el CNE, el TSJ, las garantías políticas y el calendario electoral quedan sistemáticamente postergadas.
El oficialismo obtiene beneficios diplomáticos al proyectar disposición al diálogo, mientras la oposición enfrenta crecientes tensiones internas sobre la utilidad del mecanismo. La mesa continúa funcionando, pero sin modificar de manera sustancial la arquitectura institucional existente.
Este aparece como el escenario de mayor probabilidad en el corto plazo, dado que permite a todos los actores obtener beneficios políticos sin asumir, de entrada, los costos de una negociación estructural.
Escenario - 1. Estancamiento o ruptura
Las expectativas generadas alrededor de la mesa no logran traducirse en avances concretos dentro de plazos razonables. La ausencia de resultados verificables incrementa la desconfianza entre las partes, sectores relevantes de la oposición retiran su respaldo político al proceso y la comunidad internacional comienza a endurecer nuevamente sus exigencias, condicionando cualquier apoyo adicional al cumplimiento de compromisos institucionales específicos.
En este escenario, la mesa termina reproduciendo el patrón observado en experiencias anteriores de diálogo venezolano: instalación formal, declaraciones de voluntad política y escasa capacidad para transformar las causas estructurales de la crisis. La dualidad institucional se mantiene, la polarización vuelve a profundizarse y la ventana de oportunidad abierta el 1° de agosto comienza a cerrarse.
Conclusión
Más que un acuerdo político definitivo, el encuentro entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera constituye una primera prueba sobre la posibilidad de avanzar hacia un proceso de reinstitucionalización en Venezuela. Su verdadero alcance no dependerá del simbolismo del acercamiento inicial, sino de la capacidad de convertir este canal de comunicación en un espacio efectivo para alcanzar acuerdos verificables.
La reconstrucción nacional posterior a los terremotos ha generado un incentivo excepcional para la cooperación entre actores enfrentados, aunque también plantea el riesgo de que la urgencia humanitaria desplace las reformas institucionales de fondo. El futuro de la mesa dependerá de su capacidad para trascender la gestión inmediata de la emergencia y avanzar hacia una agenda con objetivos definidos, plazos concretos y mecanismos de seguimiento. Solo bajo esas condiciones el diálogo podrá dejar de ser una herramienta de contención de la crisis para convertirse en un verdadero instrumento de reconstrucción institucional y democrática.
Politólogo: Jesús Castillo Molleda
@jesuscastillomolleda
Recuerda seguirnos en nuestra CUENTA DE INSTAGRAM Y LA CUENTA DE WHATSAPP
Comment here