El 3 de noviembre de 2026, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, con sus 435 escaños y 35 asientos del Senado. Las intermedias funcionan casi siempre como un referéndum sobre el presidente en ejercicio y la regularidad histórica es que su partido pierde terreno. Esta vez el contexto agrava esa inercia: los republicanos llegan con una mayoría estrecha en la Cámara y una ventaja de 53 a 47 en el Senado, mientras la aprobación de Donald Trump ronda el 35-37 % y los demócratas lideran la boleta genérica por entre siete y nueve puntos. Con esos datos, la recuperación de la Cámara por la oposición aparece como el escenario más probable. El Senado es otra historia: los demócratas necesitarían un saldo neto de cuatro escaños para alcanzar la mayoría, y eso depende de un puñado de estados, de modo que allí la incertidumbre es genuina.
Conviene, por tanto, distinguir dos preguntas distintas: quién controla cada cámara y qué puede hacer realmente esa mayoría.
El factor que más pesa en el ánimo del electorado es económico y energético. El diésel se mantuvo cerca de los 6,28 dólares por galón a comienzos de octubre, en buena medida por los efectos de la guerra en Irán, y ese costo se traslada a agricultores, ganaderos y transportistas, una parte del electorado que tradicionalmente ha favorecido al oficialismo. La respuesta del gobierno ha sido llamativa: el anuncio del 9 de octubre de un acuerdo con Vladimir Putin para importar diésel ruso implica autorizaciones que revierten años de sanciones posteriores a la invasión de Ucrania. Hay aquí una tensión que no se resuelve fácilmente. Por un lado, la medida puede leerse como pragmatismo electoral legítimo, un alivio inmediato al bolsillo. Por otro, su oportunidad y su contradicción con la política previa la exponen a la crítica de haber sacrificado un principio estratégico por rédito de corto plazo. Cuál de las dos lecturas prevalezca ante el votante dependerá de si el precio efectivamente baja antes de noviembre.
La estrategia discursiva del presidente combina promesa y amenaza. Ha ofrecido un dividendo de 5.000 dólares por ciudadano adulto si los republicanos conservan ambas cámaras, una cifra que superaría el billón de dólares sin mecanismo de financiación ni autorización legislativa definidos, y a la vez ha advertido que una victoria demócrata provocaría una depresión comparable a la de 1929. Ambos mensajes buscan movilizar, pero el primero es de dudosa viabilidad y el segundo es difícil de sostener empíricamente.
Resulta significativo que el propio Trump haya admitido preocupación por decenas de contiendas y anticipado que, en caso de derrota, lo culparán a él: una señal de que su equipo reconoce el riesgo.
Si los demócratas ganan la Cámara, la discusión sobre el juicio político dejaría de ser retórica. La Constitución, en su artículo I, sección 2, concede a la Cámara la facultad exclusiva de aprobar los cargos por mayoría simple, pero la destitución exige dos tercios del Senado, es decir, 67 votos. Los precedentes de 2018 en adelante muestran que una mayoría opositora recurre primero a las herramientas de control: citaciones, comités especiales, acceso a documentos. Hakeem Jeffries ha hablado de responsabilizar a los corruptos y no ha descartado un tercer proceso. Aun así, sin un apoyo republicano significativo en el Senado la destitución es improbable, de modo que el efecto real de una mayoría demócrata sería más político e investigativo que sancionatorio. Queda abierta la cuestión de si un tercer intento fortalecería o desgastaría a la oposición ante el electorado moderado.
En política exterior, el resultado condicionará tres frentes que se condicionan entre sí. La guerra en Irán, conducida junto a Israel, es hoy el origen del encarecimiento energético que erosiona al oficialismo, y ese encarecimiento es lo que empujó el acuerdo con Moscú: la política hacia Irán termina, por vía indirecta, debilitando la política de sanciones hacia Rusia. Esa cadena encierra una tensión que no conviene cerrar con demasiada prisa. Si una Cámara demócrata presiona para reducir la participación estadounidense en Irán, podría aliviar los precios y restar justificación a la flexibilización con Rusia; pero si endurece las restricciones sobre la energía rusa sin que el petróleo ceda, el costo recaería de nuevo sobre el consumidor y, políticamente, sobre la propia oposición.
Los instrumentos de que dispondría esa mayoría son reales, aunque más limitados de lo que suele suponerse. El control del gasto le permite condicionar o negar fondos, y la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 habilita a las cámaras a exigir el fin de las hostilidades, pero una resolución conjunta requiere la firma presidencial y, ante un veto, la superación exige dos tercios en ambas cámaras, una barrera que hoy luce inalcanzable.
En el caso de Rusia, la legislación de sanciones de 2017 prevé mecanismos de revisión congresual cuando el Ejecutivo busca levantar o suavizar ciertas medidas, de modo que, según el alcance jurídico de las autorizaciones emitidas, el Congreso podría exigir explicaciones o intentar revertirlas, con un margen todavía por precisar. Respecto de Israel, el respaldo sigue siendo amplio pero ya no unánime, y una supervisión más estricta no implicaría necesariamente un recorte de la ayuda, sino condicionamientos, requerimientos de información y debates públicos que hasta ahora se habían evitado, con un costo político incierto para un partido dividido sobre el tema. Con Ucrania ocurre algo semejante: un Congreso opositor tendría más capacidad para sostener la asistencia, que depende de las asignaciones presupuestarias, que para imponer una salida negociada, pues la iniciativa diplomática sigue en manos del Ejecutivo.
En síntesis, lo que se disputa el 3 de noviembre no es solo la composición del Congreso, sino el grado de libertad con que el Ejecutivo podrá sostener o reorientar su política interna y exterior durante los dos años restantes. Los contrapesos serían reales pero asimétricos: fuertes en investigación, presupuesto y supervisión, limitados en lo que depende del Senado y de las prerrogativas presidenciales. Las elecciones no decidirán un viraje inmediato en ninguno de los tres frentes, sino cuánta capacidad conservará el presidente para tratarlos como piezas de una misma negociación sin rendir cuentas por ello, y esa capacidad, más que cualquier giro puntual, es lo que realmente está en juego.
Politólogo:
@jesuscastillomolleda
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