DE NUEVO CON USTEDES.
Hay decisiones de Estado , que ameritan por su magnitud, ser anunciadas con luz plena, con debate público con transparencia y control institucional.
El reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU , del cual se conocen muy pocos detalles, sólo por el informe emitido por la casa blanca, no así por el gobierno venezolano, nos hace pensar que nace de la sombra, sin transparencia, sin explicación y sin el mínimo respeto por los principios de transparencia.
Éste artículo se fundamenta en el documento divulgado por el departamento de Estado , el cual señala cuatro dimensiones centrales que hemos examinado para poder emitir una opinión documentada.
En la información divulgada, se indica que el acuerdo contempla concesiones de explotación por un siglo, en 17 campos petroleros venezolanos.
- Sólo éste punto, plantea tres problemas estructurales, a saber:
Existe incompatibilidad con el artículo 12 de nuestra constitución en el cual se establece que los yacimientos, son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles. Una concesión por 100 años contradice la esencia jurídica de éste principio constitucional , compromete la capacidad del Estado de revisar, renegociar o revertir condiciones en función del interés nacional.
En un sector sujeto a cambios tecnológicos, geopolíticos y ambientales, un acuerdo a un siglo, reduce toda posibilidad de adaptabilidad estratégica del país.
Los acuerdos de esta duración no tienen antecedentes en la historia petrolera venezolana.
Cabe una pregunta capciosa: un acuerdo de esta magnitud puede considerarse compatible con la noción de soberanía energética?
– la delegación de las funciones estatales a una empresa privada… Es la sustitución de PDVSA ?
En el mencionado documento, y posterior anuncio del secretario de estado de USA, Marcos Rubio, anuncian la entrega de la concesión a una empresa privada, North American Blue Energy y partner ( NABEP ) para que comercialice y contrate con compañías petroleras estadounidenses, en nombre del Estado venezolano, sustituyendo de facto a PDVSA en sus funciones estratégicas.
Entra una palabra mágica para la ciencia política : LA GOBERNANZA.
Veamos, el desplazamiento de la empresa estatal . PDVSA, Según el artículo 303 de nuestra constitución, debe permanecer bajo control estatal. Delegar su rol comercial y contractual a un actor privado significa privatización funcional , y no es el hecho de la privatización en sí , es la forma, éste tema amerita un debate público y no una adjudicación a dedo.
Sustituir a PDVSA, en lugar de reformarla, profundiza su deterioro y compromete su reconstrucción futura… desaparecerá PDVSA ?
JURISDICCIÓN EN LOS TRIBUNALES DE LOS EEUU.
Estamos cediendo la capacidad de resolución soberana ?
Todo indica que SÍ.
Estamos renunciando a la jurisdicción nacional para resolver controversias jurídicas.
La constitución venezolana, establece que los actos del Estado deben someterse a jurisdicción nacional. Trasladar disputas a tribunales estadounidenses implica una especie de cesión de soberanía jurídica.
En EEUU, las empresas litigan en su propio sistema judicial, mientras que Venezuela lo haría en un entorno institucional ajeno y adverso. Es muy delicado, existiendo mecanismos arbitrales internacionales. Venezuela, tendría que someterse directamente a tribunales del país con el cual se contrata.
Éste punto, por si solo, amerita un debate parlamentario y técnico que no ha ocurrido y por lo visto no ocurrirá.
– Como último punto, la falta de transparencia.
El gobierno venezolano , no ha publicado el contrato, no ha explicado sus cláusulas , y no ha informado los compromisos financieros, operativos y jurídicos. Todo lo que conocemos se genera del documento de la casa blanca del gobierno de los Estados Unidos.
El propósito de éste artículo no es interferir en una negociación con entes privados.
Sabemos, que Venezuela necesita inversión , socios que la acompañen en la difícil ruta hacia su desarrollo. Tenemos recursos naturales suficientes como generar riquezas probadas.
El país requiere, capital privado, socios con capacidad operativa, las más altas y avanzadas tecnologías y marcos de contratación modernos…eso lo sabemos, lo admitimos .
Las críticas formuladas, no son a la idea de asociarse con capitales privados, es la manera como se está haciendo: sin transparencia, sin control institucional, y con cláusulas que comprometen los principios constitucionales.
En conclusión, el acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU, tal y como ha sido conocido a través de fuentes estadounidenses, más no del gobierno nacional, amerita un debate nacional urgente.
La concesión a 100 años, con la cual se están hipotecando cinco generaciones, la sustitución de PDVSA, empresa emblemática del ejercicio soberano de nuestra riqueza petrolera, la jurisdicción extranjera y la falta de transparencia en el proceso, son decisiones que afectan la soberanía energética, la institucionalidad democrática y la capacidad del país de gobernar sus recursos estratégicos.
Quizás, la crisis nacional y las condiciones en que nos encontramos los venezolanos , permiten que estos anuncios esperanzadores, nos empalaguen y nos sumerjan en los vapores, de lo hasta ahora fantasías, que nos pueden llevar a lo inaccesible, parafraseando al gran poeta del pueblo ANDRÉS ELOY BLANCO.
Hasta mi próxima columna.
POLITÓLOGO JULIO URRIBARRI FONSECA.
DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS .
PROFESOR UNIVERSITARIO.
MARACAIBO, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.
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