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Pronunciamiento conjunto en apoyo a pobladores del Caura estado Bolívar

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO EN APOYO A LOS ESFUERZOS DE LOS POBLADORES DEL CAURA
POR PROTEGER SUS DERECHOS CONTRA LA MINERÍA DEPREDADORA
“Ante el gran negocio que representa el oro se impone la ilegalidad”
Líder Yekuana, 2014.

Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos y Todos por el Futuro, en conocimiento de los esfuerzos que viene realizando la población del Caura (municipio Sucre, estado Bolívar) para frenar la destrucción de la cuenca de ese río por la minería ilegal depredadora, queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo con esas comunidades en su lucha en la defensa de sus derechos, incluyendo al de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Pero a la vez, queremos manifestar nuestra preocupación por que estas circunstancias puedan ser un detonante de episodios de violencia, represión y división tal como ha ocurrido en otros momentos en la región del Caura, así como en otras zonas mineras de Guayana. Situación que ha sido denunciada por diversas organizaciones e instituciones, inclusive por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A diferencia de lo ocurrido en otras cuencas de Guayana, tales como las del Cuyuní y el Caroní, el impacto de la minería ilegal en gran escala en la cuenca del Caura es relativamente reciente, abarcando un período no mayor de veinte años. A pesar de ello, esta actividad ha generado daños profundos y muy intensos en la población y el ambiente.
Para intentar comprender el enorme impacto que ha tenido este proceso en tan poco tiempo, es necesario hacer un breve recuento de los hechos ocurridos en este período en esa zona del país.
Ellos podrán no ser demasiado diferentes a los sucedidos en otras zonas de Guayana afectadas por la creciente hegemonía de la minería ilegal, pero representan una muestra de la velocidad e intensidad de la destrucción producida por esta forma de despojo y opresión.
Entre los años finales de los noventa del siglo pasado y los primeros de la década del 2000 diversas publicaciones académicas afirmaban que la cuenca del Caura constituía una de las áreas más extensas aún prístinas representativas de los bosques del Escudo de Guayana. Por ello, sus autores exhortan al Estado venezolano a proteger esta región por su extraordinaria riqueza biológica y sociocultural.
Aunque es discutible esa visión idílica de la región expresada sin comprender las complejidades de las relaciones socio naturales y culturales existentes, es cierto que la zona hasta ese momento no había sufrido el impacto de la minería ilegal a gran escala y la región preservaba en gran medida sus atributos naturales. A la par, las comunidades indígenas mantenían usos y prácticas tradicionales de utilización de la diversidad que eran ambientalmente y socialmente sostenibles. Asimismo, algunas comunidades habían incorporado prácticas económicas de gran valor para la sostenibilidad a largo plazo de la zona.
A pesar de ello, a partir del año 2002 se inicia la ocupación por parte de mineros ilegales de diversos espacios en la cuenca. En este proceso, para el 2004 se denunciaba que 3000 mineros estaban ocupando sectores del Alto Caura.
Para el 2006, el avance de la minería en la cuenca estaba generando graves episodios de violencia y confrontación que afectó tanto las comunidades indígenas como afrodescendientes. Por ello un grupo de científicos denunciaron los graves daños sociales y ambientales que estaba generando la minería ilegal en toda la cuenca del Caura. A pesar de estas alertas, según palabras de una
investigadora “la minería ilegal del oro había llegado para quedarse, con todas las consecuencias ecológicas y sociales que la acompañan”.
En el año 2009, se reiteraron las denuncias sobre daños ambientales y violaciones a los derechos humanos producidos por la minería. En ellas exigían al gobierno nacional actuar para controlar la minería ilegal en el territorio del Caura.
Como respuesta a esta situación, en el año 2010 el Gobierno Nacional implementó el llamado “Plan Caura”. Este plan tenía como propósito controlar y erradicar la minería ilegal y su impacto ambiental y cultural en los pueblos indígenas de la región. El mismo contó con un gran despliegue militar y alto nivel de coordinación gubernamental. En sus inicios esta acción logró la expulsión y detención de los mineros ilegales, la destrucción de los campamentos mineros y el desmontaje de las mafias de comercio ilegal.
A pesar de estos éxitos, los intereses tanto de los mineros como de elementos de las Fuerzas Armadas desviaron los objetivos planteados produciendo el efecto contrario al esperado. Por ello, entre los años 2012 y 2015 la minería se expandiría en la cuenca del río Caura en una forma tan acelerada que una publicación la definió como de “proporciones inimaginables”. Esta circunstancia fue denunciada constantemente por comunidades indígenas y grupos de investigadores.
En las mismas se señalaban un extenso conjunto de situaciones derivadas de la minería ilegal incluyendo: violencia y hostigamiento constante por parte de los mineros; corrupción militar; acaparamiento y especulación de bienes de primera necesidad; problemas de salud derivados de la desnutrición, el aumento de los casos de malaria, intoxicación por el uso del mercurio usado en la explotación del oro e incluso aumento de los casos de suicidio; igualmente problemas sociales tales como “neo-esclavitud”, prostitución, tráfico de drogas y migración forzada; cooptación y
destrucción de las organizaciones indígenas; asimismo, la deforestación creciente y el daño de los cauces de los ríos; igualmente el abandono por parte del Estado; la negación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes así como la presencia de grupos de guerrilleros colombianos en el territorio.
Los temores de las comunidades indígenas con respecto al tema de la contaminación por mercurio no eran infundados. Un estudio realizado en el 2012 en la cuenca del Caura para evaluar los niveles de mercurio en las poblaciones Ye´Kwana y Sanema, reveló que el 92% de las mujeres indígenas examinadas presentaron niveles de intoxicación superiores a los considerados seguros
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)28.
Del mismo modo, los cambios demográficos y económicos asociados a la presencia de la minería ilegal, así como el abandono y corrupción en los programas de salud, tuvieron como efecto un importante incremento en la morbilidad y mortalidad asociada a la malaria en la zona.
Existe una clara relación entre la presencia cada vez mayor de la minería ilegal en Guayana y el incremento de la malaria, la intoxicación por mercurio y otros problemas de salud. La actual pandemia derivada de la aparición del COVID-19 añade un elemento adicional de enorme preocupación en las condiciones de salud de los habitantes locales, ya que el ingreso de mineros y otros grupos de personas a la zona puede ser un factor de riesgo en la expansión de esta enfermedad entre las poblaciones locales.
En el año 2016 el Ejecutivo Nacional decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO) que comprende una superficie de más de 111 mil km² de territorios a lo largo de la ribera derecha del río Orinoco. Según la publicidad gubernamental este macro-proyecto estaría regulado por principios de respeto a la naturaleza y a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y trabajadores mineros.
En la práctica, el AMO sólo representó la aceleración del modelo extractivista y depredador en toda la región y un grave proceso de degradación social y ambiental generadora de graves violaciones a derechos humanos.
Aun cuando el territorio demarcado por este macroproyecto sólo incluye la parte baja del Caura, el mismo exacerbó todos los problemas ya existentes en toda la cuenca. Esta situación parece estar relacionado con la “legalización” de actividades que la legislación venezolana considera delitos ambientales y el aparente abandono por parte del Estado de todo intento de ejercer control y resguardo de los territorios fuera de los límites del AMO.
Por su parte, la creación del Parque Nacional Caura en el 2017, decisión tomada sin consulta previa a las comunidades y desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a sus territorios, no cambió para nada el contexto de conflicto, violencia y degradación social que afecta a las comunidades locales, ni mejoró la situación ambiental de la región incluida en el nuevo Parque Nacional. Por ello en términos de conservación del territorio esta decisión ha sido considerada un “saludo a la bandera”.
A lo largo del año actual, adicionalmente a la reiteración de los hechos de violencia en la zona, fue publicada en la Gaceta Oficial la Resolución Nº 0010 del Ministerio de Minería Ecológica del 8 de abril de 2020. En la misma se regula la extracción de oro y diamantes en un sector de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní. Esta actividad se realizaría mediante dragas hidráulicas montadas sobre embarcaciones (conocidas en Venezuela como “balsas”). Estos métodos de explotación producen graves daños ambientales que por las características de esta
actividad no son mitigables y por su nivel de impacto pueden considerarse como a perpetuidad.
Diversas instituciones y organizaciones han denunciado que esta Resolución colide con una importante cantidad de normativas ambientales venezolana e incluso con disposiciones constitucionales explícitas. Asimismo fue rechazada por los habitantes del Caura.
Estos cuestionamientos hasta ahora no parecen haber impedido que se realice la construcción de las “balsas” que operarían en el Caura.
En este momento, los testimonios y denuncias existentes dan cuenta de una enorme presión por parte de los mineros para iniciar la actividad de explotación mediante el uso de las “balsas”. La tensión existente está siendo incrementada por el desplazamiento de grupos guerrilleros hacia al Bajo Caura, los cuales, según denuncias realizadas por diversos voceros, tienen como objetivo proteger las embarcaciones en construcción.
A pesar de todo ello, los pobladores locales se han opuesto con firmeza a esta situación, ya que entienden que estas nuevas operaciones de explotación minera agravaría aún más los daños sociales y ambientales en la región del Caura.
Esta secuencia de hechos parece demostrar la progresiva influencia destructiva de la minería ilegal en el Caura, así como, en simultáneo, el cada vez mayor abandono y omisión del Estado venezolano en cumplir con sus obligaciones de reconocer, respetar y hacer efectivos los derechos humanos de todos los habitantes de la región.
Asimismo, en tales circunstancias se favorece la imposición creciente de las economías perversas impuestas por el crimen organizado, la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental derivados de la explotación ilegal de minerales.
De no ser atendidas urgentemente estas realidades, se producirán efectos cada vez más destructivos sobre las personas, culturas y ambiente en toda la región. Circunstancias que no sólo afectarán a los habitantes locales, sino que incidirán en la pérdida de oportunidades y potencial para el desarrollo sustentable nacional y la superación de los graves problemas actuales que sufrimos todos los venezolanos. Asimismo nos acerca a condiciones de conflicto por minerales que pueden llevar a nuestro país a circunstancias actualmente inimaginables.
Finalmente, es importante resaltar que el grave daño que avanza sobre la cuenca del río Caura está provocando alteraciones ambientales irreversibles que, en conjunto con el deterioro del resto de la Amazonía, ponen en peligro la estabilidad del clima regional y mundial.
La explotación de oro en el Caura, al igual que en el resto de Guayana, no ha cumplido sus promesas de desarrollo regional y local, ni mucho menos con su pretendido respeto por el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por lo contrario ha sido realizada a costa del sufrimiento, empobrecimiento y el daño a la salud y cultura de la población, así como la destrucción ambiental. Ningún beneficio económico que pueda obtenerse de los mismos podrá compensar estos daños.
Por todo es una obligación ética detener la minería de oro en el Caura y en el resto de Guayana.
En función de estos hechos:
1. Nos solidarizamos con los habitantes del Caura y apoyamos sus luchas en función del logro del reconocimiento y satisfacción plena de sus derechos humanos.
2. Exigimos al Estado venezolano garantizar la vida y derechos de los habitantes del Caura.
3. Exigimos la derogatoria inmediata de la Resolución Nº 0010 del Ministerio de Minería Ecológica del 8 de abril de 2020 y del Decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
4. Reivindicamos que toda acción que se realice en la zona debe estar basada en procesos amplios de consulta previa, libre e informada y participación efectiva de todas las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes en la región. Estos procesos deben evitar profundizar las divisiones y desconfianzas generadas por las manipulaciones y distorsiones generadas por los intereses mineros.
5. Exhortamos al Estado venezolano a que en el menor tiempo posible se reanuden las acciones para el reconocimiento y demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caura, tomando en cuenta las diversas situaciones y comunidades existentes en la región.
6. Exigimos al Estado venezolano a desalojar de toda la cuenca y en particular en el territorio demarcado como Parque Nacional Caura de todos los mineros ilegales existentes, incluyendo los grupos guerrilleros, así como garantizar la eliminación permanente de esa forma de explotación minera en la zona.
7. Exhortamos a desarrollar un Plan de Ordenamiento del Parque Nacional Caura que compatibilice de manera consensuada los objetivos de conservación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas, tal como se ha venido realizando en otras partes del mundo.
8. Exigimos al Estado venezolano el desarrollo de políticas públicas y programas económicos basados en la diversidad cultural del Caura, en el conocimiento y prácticas propias de sus habitantes y en el potencial que ofrece la cuenca para el desarrollo sostenible, con participación directa de sus pobladores. Asimismo, exhortamos al Estado venezolano y a organizaciones internacionales a dar apoyo para la continuación de los programas dirigidos a establecer actividades que permitan desarrollar una economía sustentable, justa y equitativa que beneficie a todos los pobladores de la región.

9. Exigimos que se establezcan planes de salud que den respuestas a los problemas derivados de la contaminación por mercurio y la malaria, así como otras enfermedades existentes en la región. Ellos deben incluir programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y apoyo a las personas afectadas.
10. Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil, universidades, academias y medios de comunicación a dar el apoyo a las comunidades del Caura y hacerle seguimiento permanente a esta situación.
11. Pedimos a las organizaciones internacionales ambientales y organismos de derechos humanos a hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y criollas de la Amazonía venezolanas amenazadas por la minería ilegal, el abandono y la exclusión.


Caracas, 28 de agosto de 2020

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