Venezuela parece estar entrando en una nueva etapa. Después de años caracterizados por la confrontación política, la persecución de la disidencia y el aislamiento internacional, comienzan a aparecer señales que pretenden proyectar una imagen diferente del país: reformas legales, apertura económica, negociaciones internacionales y un renovado interés por la industria petrolera.
Pero en medio de esta aparente transformación surge una pregunta que no puede ser ignorada: ¿estamos realmente ante un proceso de cambio o simplemente ante una operación de maquillaje político e institucional?
La interrogante cobra especial relevancia después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara a la Asamblea Nacional reformar la denominada Ley Constitucional contra el Odio, reconociendo que la norma fue objeto de una aplicación abusiva. La Asamblea Nacional respondió creando una comisión especial encargada de redactar la reforma.
Reconocer que una ley fue utilizada de manera abusiva constituye, sin duda, un hecho políticamente significativo. Pero también obliga a formular una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué reformarla y no derogarla?
La oposición mayoritaria ha exigido precisamente su derogación inmediata, argumentando que dicha legislación formó parte del marco utilizado para perseguir, criminalizar y encarcelar ciudadanos por razones políticas.
Y las cifras conocidas son difíciles de ignorar. Según los registros publicados recientemente por el Foro Penal, desde la entrada en vigencia de la Ley contra el Odio, 927 personas han sido imputadas por el delito de instigación al odio; seis permanecen privadas de libertad y 638 continúan sometidas a medidas cautelares.
Por eso, una reforma legislativa no puede evaluarse solamente por las palabras que desaparezcan o permanezcan en un nuevo texto. Debe medirse por las garantías que produzca en la vida real.
Porque cambiar una ley no significa necesariamente cambiar la lógica del poder.
Una verdadera apertura democrática tendría que traducirse en libertad efectiva de expresión, garantías para la participación política, independencia judicial y eliminación de los mecanismos utilizados para criminalizar la disidencia. Si eso no ocurre, la reforma corre el riesgo de convertirse en una operación cosmética: modificar el instrumento sin desmontar la estructura que permitió utilizarlo contra los ciudadanos.
El petróleo y la otra cara de la apertura
Mientras se habla de reformas políticas, Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda energética internacional.
El petróleo aparece nuevamente como la gran carta de presentación de Venezuela ante el mundo. El Gobierno de Estados Unidos ha presentado el acuerdo petrolero con Venezuela como una operación de enorme dimensión estratégica y económica, mientras Caracas busca atraer inversiones y recuperar una industria severamente deteriorada.
La recuperación de la industria petrolera es necesaria. Venezuela necesita inversión, tecnología, infraestructura, producción y acceso a los mercados internacionales. Nadie puede seriamente oponerse a que el país vuelva a producir riqueza.
El problema no es el petróleo.
El problema es la opacidad.
Cuando se negocian los principales recursos naturales de una nación, los ciudadanos tienen derecho a conocer las condiciones fundamentales de esos acuerdos, los compromisos asumidos, los mecanismos de supervisión, el destino de los ingresos y las garantías existentes para impedir que la riqueza nacional vuelva a convertirse en patrimonio de unos pocos.
Y precisamente esa transparencia está siendo cuestionada.
Esta semana, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigieron información detallada sobre el acuerdo petrolero con Venezuela, incluyendo el texto del convenio, las concesiones realizadas por Estados Unidos y las garantías para que los ingresos provenientes de los recursos petroleros venezolanos beneficien al pueblo venezolano.
No deja de ser paradójico.
Mientras Venezuela intenta proyectar una imagen de apertura y reconstrucción institucional, desde Estados Unidos también surgen voces que reclaman conocer qué se está negociando con los recursos venezolanos.
La transparencia no puede ser una exigencia solamente para los gobiernos extranjeros. Debe ser, ante todo, una obligación frente a los venezolanos.
No puede haber recuperación económica sin rendición de cuentas
Durante décadas, el petróleo fue presentado como la gran solución a los problemas de Venezuela. Sin embargo, la historia demostró que disponer de enormes reservas no garantiza desarrollo, instituciones sólidas ni bienestar ciudadano.
El petróleo puede generar riqueza.
Pero solamente las instituciones pueden garantizar que esa riqueza sea utilizada en beneficio de la sociedad.
Por eso, cualquier proceso de recuperación económica debería estar acompañado de mecanismos rigurosos de transparencia, rendición de cuentas, auditoría y control ciudadano.
Venezuela no puede cometer nuevamente el error de confundir crecimiento de la producción con desarrollo nacional.
Tampoco puede pretender que la llegada de capital extranjero sustituya la necesidad de reconstruir el Estado de Derecho.
La inversión necesita seguridad jurídica. Los ciudadanos necesitan derechos. Y ambos necesitan instituciones confiables.
La verdadera prueba será la coherencia
Aquí es donde los dos acontecimientos de esta semana —la reforma de la Ley contra el Odio y el escrutinio sobre el acuerdo petrolero— terminan encontrándose.
Porque ambos plantean exactamente el mismo problema:
¿Qué tan real es la apertura si no existe transparencia?
Si se reforma una ley represiva, pero continúan las prácticas que criminalizan la disidencia, la reforma será insuficiente.
Si se firman grandes acuerdos petroleros, pero los ciudadanos desconocen sus condiciones esenciales, la recuperación económica estará construida sobre la opacidad.
Si se habla de reconciliación nacional, pero no existen garantías para quienes piensan diferente, la reconciliación será solamente un discurso.
Y si se anuncia una nueva etapa para Venezuela sin reconstruir la confianza en las instituciones, estaremos ante una transformación incompleta.
La confianza no se decreta.
Se construye con hechos.
Venezuela necesita algo más que una nueva narrativa
Es evidente que el país necesita cambiar. Necesita recuperar su economía, reconstruir su industria petrolera, atraer inversiones, recuperar servicios públicos y reintegrarse plenamente a la comunidad internacional.
Pero también necesita recuperar algo mucho más importante: la confianza de sus ciudadanos en las instituciones.
Y esa confianza no se recuperará únicamente mediante reformas legales, acuerdos petroleros o declaraciones políticas.
Se recuperará cuando un ciudadano pueda expresar libremente lo que piensa sin temor a ser perseguido.
Cuando una decisión pública pueda ser fiscalizada.
Cuando un contrato relacionado con los recursos naturales pueda ser conocido y examinado.
Cuando las instituciones respondan por sus actuaciones.
Cuando la justicia deje de ser percibida como un instrumento de persecución política.
Y cuando las reformas dejen de ser diseñadas exclusivamente desde el poder para comenzar a responder también a las demandas de una sociedad que durante años ha reclamado derechos y garantías.
Venezuela no necesita simplemente cambiar las leyes.
Necesita cambiar la relación entre el poder y los ciudadanos.
Reforma o maquillaje
La reforma de la Ley contra el Odio puede ser una oportunidad para comenzar a desmontar parte del andamiaje jurídico utilizado para restringir libertades. El petróleo puede ser una oportunidad extraordinaria para reconstruir la economía nacional.
Pero ninguna de las dos cosas será suficiente si no existe una voluntad real de avanzar hacia instituciones transparentes, responsables y sometidas al escrutinio ciudadano.
Por eso, la pregunta que hoy debería hacerse Venezuela no es solamente si habrá reformas.
La pregunta es qué tipo de reformas serán.
Si se trata de modificar leyes para mejorar la imagen del país ante la comunidad internacional, será maquillaje.
Si se trata de abrir realmente espacios para la libertad, la participación y el Estado de Derecho, estaremos ante una transformación.
Si el petróleo vuelve a producir riqueza sin transparencia, habremos aprendido muy poco de nuestra historia.
Pero si la riqueza petrolera se convierte en una herramienta para reconstruir instituciones, generar bienestar y fortalecer la rendición de cuentas, entonces Venezuela podría estar frente a una oportunidad histórica.
El país necesita petróleo, sí.
Necesita inversión, también.
Necesita reformas legales.
Pero, sobre todo, necesita instituciones que puedan ser vigiladas por ciudadanos libres.
Porque una verdadera transición no se mide por la cantidad de leyes que se reforman ni por los millones de dólares que llegan al país.
Se mide por la cantidad de derechos que recuperan los ciudadanos, por la transparencia con la que se administra la riqueza nacional y por la capacidad de las instituciones para rendir cuentas ante la sociedad.
De lo contrario, corremos el riesgo de cambiar el discurso sin cambiar la realidad.
Y Venezuela ya ha tenido demasiado maquillaje. Lo que necesita ahora es transformación.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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