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Sangre negra en el Coquivacoa: la desidia institucional que condena al Lago de Maracaibo​Por: Lcdo. Dave Roberth Cepeda Lozano

​A las cuatro de la madrugada, cuando el viento del sur apenas empieza a mover las aguas, el pescador ribereño no necesita encender la linterna para saber cómo viene el día: basta con respirar. El olor no es a salitre ni a marea viva; es una bofetada densa de azufre, gas y queroseno que impregna la ropa, se mete en los bronquios y arde en los ojos. Al levantar el chinchorro o el tren de pesca, no hay curvina, ni lisa, ni camarón. Lo que cuelga de los hilos de nylon es una masa viscosa, negra y pegajosa que inutiliza faenas enteras y quiebra de un solo golpe la economía de una familia.

En los pueblos de agua del Zulia, desde Santa Rita hasta Bachaquero, pasando por Cabimas, San Francisco y las barriadas lacustres de Maracaibo, la escena se repite sin tregua: lanchas varadas porque el crudo tranca las propelas de los motores fuera de borda, niños con erupciones en la piel tras bañarse en orillas cubiertas de asfalto líquido, y una hilera de manglares marchitos, con sus raíces aéreas ahogadas en petróleo seco.
​Aquí no cabe el eufemismo. Como dice el viejo refrán: «No se puede tapar el sol con un dedo».

Lo que ocurre en el Lago de Maracaibo no es un accidente fortuito ni un fenómeno natural adverso; es un ecocidio continuado, facilitado por la indolencia, la incompetencia técnica y un pacto tácito de silencio entre quienes tienen la obligación legal y moral de actuar.

El fondo del lecho: miles de kilómetros de chatarra activa
​Para entender la magnitud del desastre hay que mirar hacia abajo, donde no llegan las cámaras de televisión. El lecho del lago es un laberinto submarino de más de 40.000 kilómetros de tuberías, oleoductos y líneas de flujo, muchas de ellas instaladas hace más de cincuenta años.

La causa raíz de las manchas negras que flotan a diario no es ningún misterio de laboratorio:
​Falta absoluta de mantenimiento preventivo: Se eliminaron los sistemas de protección catódica (esenciales para evitar la corrosión salina del metal).

Colapso de estaciones de flujo y múltiples: Tuberías carcomidas por el óxido que ceden bajo la presión, liberando borbotones de hidrocarburo directo a la columna de agua.
​Jornadas cosméticas como respuesta: La política ambiental se ha reducido a enviar brigadas con palas y rastrillos a recoger la nata superficial en dos o tres playas visibles para la foto oficial, mientras en el fondo las válvulas rotas continúan sangrando crudo las veinticuatro horas del día.

​A este cuadro dantesco se suma la alfombra verde de cianobacterias (Microcystis). La combinación de petróleo con los millones de litros de aguas servidas sin tratar que vierten los municipios y los nitrógenos de la cuenca ganadera genera una trampa mortal: una película anóxica que impide la fotosíntesis, asfixia las especies estuarinas y aniquila la biodiversidad del reservorio de agua dulce más importante de Sudamérica.
​La anatomía del silencio: los responsables frente al espejo
​Frente a esta tragedia humanitaria y ecológica, llama la atención la coreografía del disimulo institucional. Quienes deberían liderar la defensa de la cuenca se han convertido en espectadores mudos o en relacionistas públicos de la inacción.

1. La industria petrolera (PDVSA y MinPetróleo)

Ostenta la responsabilidad operacional directa. No puede ampararse en discursos de contingencia cuando los derrames son el estado natural de sus operaciones lacustres. Durante más de un siglo se extrajeron miles de millones de barriles que enriquecieron arcas públicas y cuentas foráneas, pero al territorio que parió esa riqueza le dejaron el pasivo ambiental más costoso del continente. Los planes de sustitución de tuberías de acero por polietileno de alta densidad avanzan a paso de morrocoy, mientras el presupuesto real de saneamiento sigue en una nebulosa de opacidad.

2. El árbitro que no pita (Minec e ICLAM)

El Ministerio de Ecosocialismo y el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) deberían actuar como fiscales severos de la salud lacustre. En su lugar, han quedado reducidos a entes burocráticos que emiten boletines técnicos descafeinados. No hay sanciones contundentes, no se ejecutan las medidas cautelares que contempla la Ley Penal del Ambiente y sus voceros eluden cuantificar los barriles derramados por día. Se limitan a mirar los toros desde la barrera.

3. Los parlamentos: ceguera selectiva y pura cotorra

El silencio de los cuerpos legislativos —tanto en el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) como en las comisiones de ambiente de la Asamblea Nacional— raya en la negligencia inexcusable. ¿Dónde están las interpelaciones formales a las gerencias de producción de occidente? ¿Dónde están los juicios políticos, las inspecciones sorpresa en las áreas operacionales y la exigencia presupuestaria enérgica? Unos no tocan el tema para no incomodar al poder central, y otros prefieren el cálculo electoral tibio antes que asumir una causa incómoda. Como sentencia la sabiduría popular: «Tanto peca el que mata la vaca como el que le sostiene la pata».

4. La Fiscalía y los tribunales ambientales

La justicia ambiental en el Zulia es letra muerta. No se conocen medidas precautelatorias reales ni procesos penales contra los funcionarios u operadores responsables de negligencia manifiesta en la custodia de las instalaciones industriales.

Usufructuar la renta, sepultar el futuro
​Resulta indignante la contradicción histórica: el Zulia puso el petróleo para modernizar al país, pavimentar autopistas y levantar rascacielos a cientos de kilómetros de aquí, pero cuando el lago reclama justicia, lo que recibe es indiferencia.

A la molleja de cinismo! Se organizan cumbres, se anuncian comisiones presidenciales con nombres rimbombantes y se firman decretos que terminan guardados en gavetas ministeriales, mientras en las orillas de los pueblos costeros el pescador artesanal tiene que remendar redes que ya no sirven para nada, arruinado y con las manos curtidas de brea.

El Lago de Maracaibo no aguanta más diagnósticos de escritorio ni discursos para salir del paso. Exigir la paralización inmediata de las fugas activas, una auditoría técnica internacional e independiente de las líneas sublacustres y la indemnización directa a las comunidades pesqueras no es una postura política: es un asunto de supervivencia biológica y dignidad elemental.

Si las instituciones encargadas de velar por este patrimonio siguen haciéndose los musiús y jugando al olvido, la historia no los registrará como observadores neutrales, sino como cómplices directos de la muerte del Coquivacoa.

El tiempo de las excusas caducó; o se asume la reparación integral del lago caiga quien caiga, o seremos la generación que presenció, cruzada de brazos, cómo el petróleo terminó por ahogar la cuna de nuestra identidad.

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