Se derrumbó Francia. Por Juan Carlos Lozano

Limoges, en el corazón de Francia. Es la noche del sábado 17 de octubre de 2026. La manifestación terminó hace un rato. Un grupo se acerca al ayuntamiento, lo ataca y el fuego empieza a subir. El ayuntamiento, ese lugar donde la República casa a sus ciudadanos, registra a sus hijos y organiza sus elecciones, está ardiendo.

Esa misma jornada hubo ataques e intentos de irrupción en otras alcaldías, destrozos en Marsella y saqueos en París. La violencia se extendió por varias ciudades. Las imágenes de Limoges dejaron una herida que va mucho más allá de un edificio incendiado.

Ahora nos van a contar que todo esto es la rabia de los estudiantes, de los chalecos amarillos o una reivindicación social. Mentira. Quien incendia un ayuntamiento no está pidiendo más profesores. Quien saquea una tienda de lujo no está protestando por el precio de la gasolina. La reivindicación social termina convertida en excusa para quienes salen a destruir.

¿Que la gente está harta? Claro que sí. Harta de una clase política incapaz de resolver sus problemas, que cambia de primer ministro como quien cambia de camisa. Ese hartazgo es real y merece ser escuchado. Pero utilizarlo para justificar un incendio significa abandonar a quienes salieron a reclamar pacíficamente.

A mi juicio, lo ocurrido el 17 de octubre revela una fractura del contrato social. Cuando grupos violentos desconocen las instituciones y el Estado no consigue protegerlas, la convivencia entra en una zona peligrosa. La pregunta ya no es solamente cuántos contenedores ardieron, sino cuánta confianza se perdió esa noche.

Y aquí viene lo más grave. El mantenimiento del orden público corresponde principalmente a policías y gendarmes. Para esa jornada se anunció un despliegue de más de 10.000 agentes en todo el país. Aun así, no se pudo impedir que ardiera el ayuntamiento de Limoges ni que se multiplicaran los destrozos.

Eso obliga a hablar de un Estado desbordado. Un Estado puede disponer de recursos, uniformes y unidades especializadas y, sin embargo, fallar en lo esencial: garantizar que sus ciudadanos puedan manifestarse, trabajar o volver a casa sin quedar atrapados entre la violencia y el miedo.

La lectura sin anestesia es esta: Francia llega a la antesala de las presidenciales de 2027 con una tensión que no se resolverá por el simple hecho de abrir las urnas. Existe el riesgo de que el deterioro continúe si las respuestas siguen reducidas a comunicados, acusaciones cruzadas y promesas que la gente ya no cree.

Recuerden Santiago o Quito en octubre de 2019. En Latinoamérica conocemos escenas de malestar social, violencia y disputas por imponer una interpretación de lo ocurrido. Cada país tiene su historia, pero hay imágenes que resultan demasiado familiares.

Y estamos hablando de Francia: una de las mayores economías de la Unión Europea, una potencia nuclear y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Su crisis merece atención por sus propias consecuencias y por el peso que tiene fuera de sus fronteras.

Conviene empezar por una pregunta sencilla: ¿quién salió a marchar y quién salió a destruir? Confundirlos perjudica a los manifestantes pacíficos y facilita que los responsables de la violencia se escondan dentro de una multitud.

El Ministerio del Interior contabilizó aproximadamente 550.000 participantes en 110 marchas. Los organizadores elevaron la cifra a unas 800.000 personas. El primer balance recogido por Associated Press habló de alrededor de 400 detenidos.

Posteriormente, Le Monde informó de un balance de unas 1.200 detenciones. Las cifras fueron cambiando mientras se conocía la dimensión de la jornada. Por eso hay que distinguir los primeros balances de los datos comunicados después.

Más allá de esa actualización, la movilización superó ampliamente las previsiones iniciales. Un gobierno que calcula mal la magnitud del malestar tiene un problema que no se resuelve contando detenidos al terminar la noche. Necesita entender qué está pasando en su propio país.

¿Quién marchó? Estudiantes de secundaria, universitarios, sindicalistas, jubilados y personas que volvieron a vestir los chalecos amarillos. Ocho años después del nacimiento de aquel movimiento, el malestar por el costo de la vida sigue ocupando el centro de la discusión.

El motivo es fácil de comprender en Latinoamérica: salarios que no alcanzan, servicios públicos deteriorados y un presupuesto familiar que se estrecha con cada aumento. Para quien necesita el carro para trabajar, el precio del combustible afecta la vida cotidiana de una manera inmediata.

Esa es la protesta. Esa es la gente que merece ser escuchada. Quien pide mejores condiciones para estudiar o trabajar tiene derecho a hacerlo sin que otros conviertan su reclamo en la coartada de un saqueo.

Las redes sociales también obligan a una reflexión. Convocar a una manifestación supone una responsabilidad. Presentar la calle como un campo de batalla alimenta una lógica en la que importa más la confrontación que la demanda que dio origen a la movilización.

Los estudiantes pedían mejores condiciones educativas. Los trabajadores reclamaban poder vivir de su salario. Quemar un ayuntamiento no responde a ninguna de esas necesidades. Al contrario: añade daños, interrumpe servicios y deja a los vecinos pagando las consecuencias.

En París, los enfrentamientos con grupos encapuchados complicaron una jornada en la que también hubo una marcha pacífica. Las dos realidades existieron. Contarlas exige distinguirlas, sin borrar la violencia ni convertir a todos los manifestantes en sospechosos.

En Lyon ardió una oficina de turismo. Una oficina de turismo. ¿Qué reivindicación social se defiende destruyendo un servicio que utilizan vecinos, visitantes y trabajadores? En Marsella hubo daños en comercios y una irrupción en el ayuntamiento. La pregunta se repite: ¿a quién beneficia esa destrucción?

Hay otra víctima que suele perderse entre las imágenes: la persona que lleva años levantando un negocio y encuentra su local destrozado. También el trabajador que teme perder su empleo, el vecino que no puede hacer un trámite y el manifestante que ve desaparecer su reclamo detrás del humo.

Y cuando se intimida a un periodista, el daño alcanza al derecho de todos a saber qué está ocurriendo. Informar desde la calle no puede convertirse en una provocación para quienes solamente toleran las cámaras cuando les sirven.

Llamemos a las cosas por su nombre. La delincuencia que aprovecha una protesta sigue siendo delincuencia. Comprender las causas del malestar no obliga a justificar a quienes destruyen. Una democracia necesita hacer ambas cosas: atender las demandas y proteger a las personas.

La discusión política de esa noche mostró hasta qué punto Francia está atrapada en sus propias trincheras. Jean-Luc Mélenchon rechazó los saqueos y sostuvo que quienes comparten su lucha no debían participar en ellos. Al mismo tiempo, responsabilizó a la estrategia policial de agravar el desorden.

Sébastien Lecornu respondió que no se puede pedir el fin de la violencia y, a la vez, ofrecer excusas a quienes la cometen. Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de aprovechar las reivindicaciones sociales. Jordan Bardella habló de profesionales del caos.

Mi crítica a La Francia Insumisa está en esa ambigüedad. Denunciar un abuso policial es legítimo; presentar sistemáticamente a las instituciones como enemigas tiene consecuencias sobre el clima político. Las palabras de un dirigente pesan, especialmente cuando habla ante personas indignadas.

Eso no demuestra que un partido haya organizado un incendio. Las responsabilidades penales deben establecerse con pruebas. Pero la responsabilidad política también exige preguntarse qué se alienta con el discurso y qué se condena solamente cuando llegan las imágenes del desastre.

Mientras unos culpaban a la policía y otros a sus adversarios, la vida cara volvía a quedar detrás de la disputa. El combustible, los salarios y las condiciones de estudio pasaban a segundo plano. Cada dirigente encontraba un culpable; demasiados ciudadanos seguían sin encontrar una respuesta.

Y aparece una pregunta incómoda: ¿puede haber manos extranjeras interesadas en agravar esta crisis? Francia ya ha sido blanco de campañas de manipulación informativa. Los servicios franceses han documentado operaciones conocidas como Doppelgänger, Portal Kombat y Matriochka, relacionadas con la difusión y amplificación de narrativas prorrusas.

Esos antecedentes no prueban que una potencia extranjera organizara los sucesos del 17 de octubre. Afirmarlo requiere evidencias concretas. Conviene mantener esa diferencia, por mucha indignación que provoquen las imágenes.

El mecanismo de una operación de influencia consiste, a menudo, en aprovechar una fractura que ya existe: la religión, la inmigración, la pérdida de poder adquisitivo o la desconfianza hacia las instituciones. No siempre necesita inventar el malestar. Le basta con amplificarlo y hacer más difícil cualquier entendimiento.

Desde esa perspectiva, es razonable preguntarse qué actores obtendrían ventajas de una Francia debilitada. Pero identificar un posible beneficiario no equivale a identificar al autor de los hechos. Una sospecha no puede ocupar el lugar de una investigación.

La Asociación de Alcaldes de Francia describió los ataques del 17 de octubre como actos premeditados y organizados. También advirtió que la violencia había impedido escuchar a quienes ejercían pacíficamente su derecho a manifestarse. Esa distinción debería estar en el centro del debate.

Porque aquella jornada dejó dos realidades que no deben confundirse: una movilización masiva contra la vida cara y unos ataques que dañaron edificios públicos, comercios y la seguridad de las personas. No es justo atribuir a todos los que marcharon las intenciones de quienes incendiaron.

Para Latinoamérica, la lección merece atención. Cuando las instituciones dejan de escuchar, el descontento crece. Cuando los violentos ocupan el espacio de la protesta, las demandas se pierden. Y cuando toda la política se reduce a acusar al adversario, resolver los problemas parece cada vez más lejano.

No se trata de afirmar que Francia repetirá exactamente lo ocurrido en Chile, Ecuador o Colombia. Se trata de reconocer una dificultad compartida: cómo responder a necesidades reales sin permitir que la violencia determine quién puede hablar y quién debe callarse.

Una Francia sumida en una crisis prolongada podría dedicar menos atención a su política exterior y abrir nuevas incertidumbres para sus socios. Las consecuencias para Latinoamérica dependerían de la duración del conflicto, de las decisiones del próximo gobierno y de sus relaciones con la Unión Europea. Ese escenario merece análisis, no profecías.

Queda, además, la pregunta por el costo. Reconstruir un ayuntamiento, reparar comercios y restablecer servicios exige recursos. El Gobierno francés anunció apoyo a la reconstrucción de Limoges. Pero reparar un edificio será más sencillo que recuperar la confianza de quienes sienten que nadie los escucha ni los protege.

Por eso digo que se derrumbó Francia: porque aquella noche pareció ceder una parte de la confianza que sostiene a una sociedad. La imagen de un ayuntamiento ardiendo obliga a preguntarse cuánto tiempo puede resistir una comunidad cuando el reclamo, el miedo y el cálculo político ocupan el mismo espacio.

Francia necesita recuperar el orden y responder al malestar que llevó a tanta gente a marchar. Los ciudadanos tienen derecho a exigir ambas cosas. Si la discusión termina solamente en quién gana votos con el incendio, quienes trabajan, estudian y sostienen el país volverán a quedar esperando.

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