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Advirtió que la detención de personas por motivos políticos no puede considerarse un asunto interno, sino una preocupación regional en materia de derechos humanos. En ese sentido, subrayó que encarcelar a ciudadanos por sus opiniones constituye un obstáculo para la estabilidad democrática
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, reiteró este miércoles su presión sobre las autoridades venezolanas al exigir la liberación acelerada y sin condiciones de todos los presos políticos, durante una sesión del Consejo Permanente del organismo.
En su intervención, respaldó el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que su monitoreo “ha sido y sigue siendo indispensable”, y destacó que eventuales visitas en el terreno aportarían “transparencia y rendición de cuentas”, en línea con lo que —afirmó— merece el pueblo venezolano, reseña La Patilla.
Ramdin advirtió que la detención de personas por motivos políticos no puede considerarse un asunto interno, sino una preocupación regional en materia de derechos humanos. En ese sentido, subrayó que encarcelar a ciudadanos por sus opiniones constituye un obstáculo para la estabilidad democrática. “Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática”, afirmó.
El funcionario insistió en que, aunque se han registrado algunas excarcelaciones, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. De hecho, ya había calificado la liberación total como un “imperativo humanitario” y un paso necesario para avanzar hacia la democracia.
Además, reiteró su llamado a que las autoridades venezolanas aceleren la liberación “sin ningún tipo de condiciones” y avancen hacia un proceso de transición duradera, que permita garantizar la estabilidad institucional tanto en el país como en la región.
Según datos citados en la misma sesión, organizaciones como Foro Penal contabilizan cientos de personas aún detenidas por razones políticas, lo que mantiene la preocupación de la comunidad internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
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