Muchos analistas políticos han expresado que el actual gobierno que tiene Venezuela, es ilegal e ilegitimo. Analicemos, aunque sea en forma breve estos conceptos.
Se trata de un cuestionamiento profundo tanto en el plano formal de las leyes como en el plano social del ejercicio del poder. Aunque a menudo se usan como sinónimos, la doctrina jurídica y la ciencia política distinguen claramente ambos conceptos. La ilegalidad se refiere al incumplimiento de la Constitución, las leyes o las normas electorales vigentes.
Se enfoca en el cómo se accedió al poder o cómo se vulnera el marco normativo. En lo que respecta a la Ilegitimidad esta se refiere a la falta de aceptación moral, social o democrática por parte de la ciudadanía y la comunidad internacional.
Se enfoca en la autoridad moral y el respaldo popular para gobernar. Desde la perspectiva del derecho constitucional e internacional, la concurrencia de ilegalidad e ilegitimidad genera graves consecuencias institucionales, que son:
1)Provoca una ruptura del Orden Constitucional, que ocurre cuando un régimen altera el sistema de frenos y contrapesos, anula la separación de poderes o desconoce mandatos constitucionales (por ejemplo, mediante fraude electoral, extensión indebida de mandatos o golpes de Estado).
2)Genera el llamado derecho a la desobediencia civil en razón que diversas doctrinas constitucionales y tratados internacionales reconocen este derecho de la ciudadanía a la desobediencia civil o a la resistencia frente a gobiernos de facto o usurpadores que violan los derechos humanos fundamentales.
3). Otro aspecto, es el aislamiento y sanciones Internacionales: En el derecho internacional, un régimen ilegítimo suele enfrentar el desconocimiento de sus representantes diplomáticos, suspensión en organismos internacionales y la aplicación de sanciones económicas.
En teoría jurídica, los actos, decretos y contratos suscritos por autoridades usurpadoras pueden ser considerados nulos de pleno derecho lo que genera incertidumbre sobre la validez de compromisos financieros o comerciales.
Desde la ciencia política y la sociología del poder, un gobierno sin legitimidad ni legalidad entra en un estado de vulnerabilidad estructural, y al carecer del consentimiento voluntario de la mayoría, el régimen no puede apoyarse en la cooperación ciudadana; lo que trae como consecuencia, que la gestión pública se vuelva ineficiente y la resolución de los problemas económicos y sociales se paralicen.
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