Mientras las protestas contra el gobierno conmocionaban Venezuela en 2017, un grupo de alcaldes locales opositores del gobierno autocrático del presidente Nicolás Maduro fueron condenados a 15 meses de prisión por no sofocar las manifestaciones.
Uno de ellos, Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, ciudad situada en los Andes en el oeste de Venezuela, huyó a Colombia y luego emigró con su familia a Estados Unidos, donde solicita asilo desde 2022.
Obligado a exiliarse, el expolítico reconstruyó su vida viajando con dificultad por calles cubiertas de nieve en los suburbios de Cincinnati para entregar paquetes de Amazon para mantener a su esposa y a sus dos hijos.
Pero el mes pasado, casi una década después de huir de Venezuela, la vida de García volvió a trastocarse. En una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, lo enviaron a una cárcel del condado y lo amenazaron con deportarlo.
“Cuando me llamó desde la cárcel me decía, ‘nunca imaginamos que íbamos a pasar por todo esto’, porque huimos de Venezuela para que no fuera detenido, buscando protección y lo detuvieron aquí en este país”, dijo su esposa, María Gabriela Duarte, de 38 años.
Su familia teme que García, de 42 años, sea encarcelado si el gobierno de Donald Trump lo deporta a Venezuela. Incluso después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno del país sigue encabezado por funcionarios con un historial de castigos a los opositores políticos.
Mientras sus abogados se mueven con rapidez para impedir su deportación, García ha surgido como un ejemplo notable del limbo al que se enfrentan miles de venezolanos. El presidente Trump ha intensificado las deportaciones de venezolanos —muchos de los cuales solicitan asilo y no tienen antecedentes penales— a un país ahora bajo supervisión estadounidense, pero que aún conserva el aparato de seguridad de Maduro.
En Estados Unidos, Trump ha revocado las protecciones de la era de Joe Biden, conocidas como Estatus de Protección Temporal, que protegían de la deportación a más de 600.000 venezolanos, y se ha apresurado a expulsarlos incluso mientras la revocación se litiga en los tribunales.
Y en Venezuela, el gobierno interino, presionado por Estados Unidos, ha empezado a tomar medidas para aliviar décadas de represión política. Las autoridades venezolanas han liberado a más de 400 presos políticos, han presentado una ley para concederles la amnistía y han anunciado el cierre de una tristemente célebre prisión donde, según grupos de derechos humanos, muchos fueron torturados.
Aunque acogen con satisfacción los primeros signos de cambio, muchos venezolanos desconfían del tiempo que este durará.
La rapidez con que ha cambiado el panorama ha hecho que muchos venezolanos que se enfrentan a la deportación se planteen una pregunta urgente: ¿a qué tipo de país los están obligando a regresar?
No está claro si el gobierno venezolano detendría a García en caso de expulsión. Los representantes del gobierno venezolano no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, dijo que García entró ilegalmente en el país en 2022 y fue “liberado” por el gobierno de Biden.
La agencia dijo que Trump había traído “estabilidad” a Venezuela tras la destitución de Maduro y que los venezolanos podían ahora “volver a casa, a un país que aman”.
Marc Prokosch, abogado de García, presentó una petición de urgencia ante el Tribunal Federal de Distrito de Ohio, y solicitó que se ordenara al ICE la liberación de García de la cárcel del condado de Butler, donde se encuentra recluido desde el 23 de enero.
La petición decía que García no tenía antecedentes penales en Estados Unidos, no suponía un peligro para la sociedad y “ha cumplido todos los requisitos legales para solicitar asilo en este país”.
Un joven alcalde de Mérida
García es oriundo de Mérida, una ciudad mediana del oeste de Venezuela situada en una meseta de 1500 metros de altitud.
La ciudad es conocida por su famosa universidad, la Universidad de los Andes, donde García conoció a su esposa, estudió Derecho y se involucró en el gobierno estudiantil.
En 2013, a la edad de 30 años, fue elegido alcalde de Mérida como miembro de uno de los principales partidos de oposición del país.
Su enfrentamiento con el régimen de Maduro llegó a un punto álgido en 2017, cuando cientos de miles de venezolanos llenaron las calles después de que el poder judicial disolviera la legislatura controlada por la oposición, lo que desencadenó una crisis constitucional.
Las protestas, que se extendieron a varias ciudades, incluida Mérida, estallaron en violencia. Al menos 124 manifestantes murieron y otros miles resultaron heridos, muchos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de grupos armados progubernamentales, según la ONU.
Mientras Maduro reprimía la violencia, el más alto tribunal de Venezuela ordenó la detención de García y de otros cuatro alcaldes opositores al presidente venezolano. Se les acusaba de no haber sofocado las protestas.
García y su esposa prepararon una pequeña maleta, unos amigos los recogieron en un todoterreno y se dirigieron a Colombia en la oscuridad de la noche, eludiendo los controles policiales.
“Lo que a mí me dolía era que huíamos como si fuéramos unos criminales, sin haber hecho nada”, dijo Duarte.
La familia pasó desapercibida en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Iniciaron un negocio de venta de casitas hinchables, aunque esperaban regresar a Venezuela si los disturbios civiles derrocaban al régimen de Maduro.
Pero el exilio de la pareja en Colombia, donde tuvieron dos hijos, Carlota y Carlitos, duró años.
En 2022, tras sentirse inseguros en Colombia, la familia se unió al creciente éxodo de venezolanos que viajaban hacia el norte, a la frontera entre México y Estados Unidos. Cruzaron de manera ilegal la frontera con Texas, presentaron una solicitud de asilo y obtuvieron el Estatus de Protección Temporal en 2024, lo que le permitió a García trabajar y vivir de forma legal en Estados Unidos.
“Fue un duelo muy difícil para Carlos”, dijo su hermana, Yohama García, quien se marchó a Estados Unidos en 2018. “Dejarlo todo atrás, todo por lo que habíamos trabajado durante tantos años”.
Exiliado en Ohio y detenido por el ICE
García y su familia se dirigieron a los suburbios de Cincinnati, donde un pequeño pero unido grupo de migrantes venezolanos empezó a echar raíces.
En julio de 2024, el día de las elecciones presidenciales en Venezuela que, según la opinión generalizada, Maduro perdió y robó, García organizó un centro de votación simbólico en un pequeño parque, que atrajo a cientos de migrantes venezolanos.
“Ellos, en un trozo de papel, marcaban su voto y lo introducían en una urna”, recordó Andrew Bove, un residente de Ohio del que García se hizo amigo.
Con todo, a diferencia de otros políticos venezolanos en el exilio, García mantuvo su activismo al mínimo. Principalmente, organizó campañas de donaciones, al recolectar medicinas y zapatos para enviarlos a Mérida.
García también documentó con orgullo su nueva vida en las redes sociales, y publicaba sus turnos matutinos de entrega de paquetes para Amazon y Walmart.
El exalcalde y su familia habían solicitado asilo y habían acudido con regularidad a las oficinas del ICE, sin problemas, mientras su caso se abría camino en los tribunales.
García mientras entregaba paquetes para Amazon.
Pero el 23 de enero, cuando la pareja se presentó para reportarse, María Duarte se alarmó al ver que detenían a dos migrantes. Pocos minutos después, los agentes del ICE metieron a García en una habitación, lo esposaron y se lo llevaron, dijo su esposa.
“No me dijeron nada, simplemente se lo llevaron”, dijo Duarte, quien salió corriendo del centro, conmocionada y confundida.
Su marido era uno de los miles de migrantes indocumentados, incluidos los que tienen solicitudes de asilo pendientes, que han sido detenidos por el ICE y sometidos a detención obligatoria, una nueva táctica que ha sido impugnada en tribunales de todo Estados Unidos.
Su detención y posible deportación ha suscitado denuncias de dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos María Corina Machado, líder del principal movimiento opositor que derrotó a Maduro el año pasado.
“Los perseguidos políticos por el régimen de Venezuela enfrentan riesgos muy graves dentro del territorio nacional”, dijo su oficina de prensa en un comunicado en el que no se mencionaba por su nombre al gobierno de Trump. “Exhortamos a los gobiernos del mundo a revisar cuidadosamente los riesgos que comporta una eventual deportación en estos casos de extrema vulnerabilidad”.
En Ohio, Duarte dijo que no se había atrevido a decirles a sus hijos que García estaba detenido.
En cambio, les dijo que García estaba en otro estado, intentando obtener un pasaporte.
“Lloro cuando estoy sola en el baño para que no les afecte todo esto”, dijo. “Pero en la noche, cuando nos vamos a la cama, lloran por su padre: ‘¿Cuándo va a venir papá?’”.
Alberto News
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