A principios de marzo, mientras el presidente Trump celebraba el éxito de una intervención militar en Venezuela, se reunió con el secretario del Interior, Doug Burgum, en el Ala Oeste de la Casa Blanca para una celebración privada. También asistió un empresario, quien llevó consigo una cantidad de oro.
El presidente observó con aprobación 10 lingotes de oro venezolano colocados en la Sala Roosevelt, frente a la Oficina Oval. Funcionarios de la Casa Blanca recordaron que sus asistentes tomaron fotografías y bromearon sobre quedarse con el oro.
El propio Trump había incluido anteriormente al oro venezolano en una lista negra, al declarar que destruía el medioambiente, envenenaba a las personas y financiaba a bandas criminales y funcionarios militares corruptos. Pero después de que Trump derrocara al presidente venezolano Nicolás Maduro, su postura cambió.
El mismo día en que los lingotes llegaron a la Casa Blanca, la administración Trump emitió una nueva política que permitía a los comerciantes importar oro venezolano procedente de una de las regiones mineras más violentas y corruptas del mundo. Los primeros cargamentos provendrían de una empresa minera estatal que continuaba siendo considerada por Estados Unidos como una amenaza para la seguridad nacional.
«Por lo general, hay que estar en los Juegos Olímpicos para regresar a casa con el oro», dijo posteriormente Burgum durante una conferencia sobre energía, mientras relataba cómo había abierto el canal para la exportación de oro venezolano.
El acuerdo de comercialización del oro ejemplificó cómo Trump utilizó la captura de Maduro para obtener el control de los recursos de Venezuela. Primero asumió el control de las exportaciones petroleras venezolanas. Después, su administración puso la mirada en la riqueza mineral del país.
Eso incluía una de las mayores reservas de oro sin explotar del mundo, en un momento en que los precios se acercaban a niveles récord y los compradores tenían una fuerte demanda del metal.
La administración Trump y sus aliados empresariales afirmaron que las ventas de oro beneficiarían a la economía estadounidense, contribuirían al desarrollo de la región minera venezolana y privarían de ingresos a criminales y funcionarios corruptos.
Pero una investigación de The New York Times, realizada desde las minas del sur de Venezuela hasta la Casa Blanca y las casas comercializadoras de Europa, encontró que Trump había alineado a Estados Unidos con una industria que continúa afectada por la misma criminalidad que, según sus declaraciones, buscaba combatir mediante la captura de Maduro.
Aviones transportaron oro fuera de Venezuela antes incluso de que las empresas hubieran visitado las minas. Según la investigación, parte de ese oro está relacionado con mineros que pagan dinero a bandas criminales a cambio de protección. Esto permite que grupos delictivos se beneficien del acuerdo impulsado por la administración.
Además, financieros estadounidenses están invirtiendo en una mina vinculada con grupos criminales como parte de un acuerdo negociado por la administración Trump.
El oro venezolano anteriormente había beneficiado a adversarios de Estados Unidos, como Irán. Trump buscó redirigirlo hacia Estados Unidos para que fuera refinado.
Pero, en parte como consecuencia del apresurado enfoque de la administración, todo ese oro —por un valor de cientos de millones de dólares— permanece almacenado en depósitos sin ser procesado, según tres personas familiarizadas con los cargamentos.
Las refinerías tendrían que garantizar, de acuerdo con las normas internacionales, que el oro no haya financiado a bandas criminales, destruido el medioambiente ni estado relacionado con corrupción.
«¿Queremos ser la primera refinería que anuncie públicamente que estamos recibiendo oro venezolano?», se preguntó Simon Houghton-Dodd, de Asahi Refining, durante un reciente encuentro de la industria en Londres.
Este relato sobre la fiebre del oro de Trump se basa en entrevistas con mineros y refinadores en El Callao, el corazón de la minería venezolana, así como en entrevistas con funcionarios de la Casa Blanca y del Gobierno venezolano, líderes de la industria y corredores internacionales de materias primas.
Algunas de las personas entrevistadas hablaron bajo condición de anonimato, ya sea porque no estaban autorizadas a hablar públicamente o porque hacerlo pondría en riesgo sus medios de subsistencia o su seguridad.
El acuerdo sobre el oro representa una manifestación de las opiniones que Trump ha mantenido durante mucho tiempo sobre Venezuela, sus recursos naturales y el poder de Estados Unidos. Maduro era un dictador que dirigía un sistema corrupto y violento, pero Trump ha realizado repetidamente acuerdos con líderes de ese tipo.
Lo que distinguía a Maduro, además de su negativa a ceder ante la exigencia de Trump de abandonar el poder, era que controlaba una nación rica en recursos y los comercializaba con adversarios de Estados Unidos. Trump, particularmente durante su segundo mandato, ha declarado que Estados Unidos debe tener acceso a minerales estratégicos en todo el mundo y ampliar su influencia en el hemisferio occidental.
En enero, Trump envió comandos estadounidenses para sacar a Maduro del poder. Posteriormente, buscó poner las riquezas de Venezuela bajo control estadounidense. Fue una apuesta a que la inversión traería reformas, y no al contrario.
La Casa Blanca afirmó que los avances toman tiempo.
«Durante años, la industria minera y aurífera de Venezuela ha sido saqueada al pueblo venezolano y utilizada para sostener a peligrosas bandas criminales y apoyar a actores negativos en todo el mundo», escribió Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. «Estados Unidos está ayudando a resolver este problema de larga data. Estamos limpiando la industria minera venezolana. Las empresas occidentales están mejorándola y legitimándola».
Para llevar adelante esa visión, la administración Trump recurrió a empresarios interesados en beneficiarse de la visión mercantilista del presidente.
Entre ellos estaba Richard Holtum, director ejecutivo de Trafigura, una de las mayores casas comercializadoras del mundo. Holtum acompañó a Trump en la Casa Blanca para conmemorar el primer cargamento de oro venezolano.
Tenía buenas razones para celebrar.
Fue su empresa la que había convencido a la Casa Blanca de avanzar con el oro venezolano.
Un golpe de suerte con el oro
A los pocos días de la detención de Maduro, ejecutivos de Trafigura se pusieron en contacto con la Casa Blanca con una propuesta ambiciosa.
La administración Trump acababa de conceder a Trafigura el derecho a vender petróleo venezolano, otorgándole, según la compañía, un amplio permiso confidencial para eludir las sanciones. Pero, con los precios del oro disparándose, los ejecutivos tenían ambiciones que iban más allá del petróleo.
Los ejecutivos de Trafigura dijeron a la Casa Blanca que el oro venezolano constituía un asunto de seguridad nacional, según personas familiarizadas con la propuesta. Argumentaron que la Casa Blanca tenía la oportunidad de arrebatar el control de una industria sin ley y colocar los minerales venezolanos en manos del Gobierno estadounidense y sus socios, entre ellos Trafigura.
Al menos algunos empleados de Trafigura tenían dudas, según personas involucradas en las conversaciones de aquel momento. Venezuela tenía mucho oro, pero ¿cuánto podía ser rastreado y documentado conforme a los estándares de la industria? Involucrarse en un país donde el oro está asociado con abusos de derechos humanos, financiamiento del terrorismo y corrupción representaba un riesgo.
Los funcionarios de la Casa Blanca conocían esos riesgos y la dificultad de limpiar la industria. Pero dijeron que sentían presión de Trump para cerrar acuerdos y hacerlo rápidamente. Algunos consideraban que una inversión inmediata tenía más probabilidades de generar cambios que mantener el aislamiento.
Trump había estado interesado en el oro venezolano desde que regresó al poder en enero de 2025. Hizo del país una prioridad de política exterior y asignó a un enviado de confianza, Richard Grenell, para negociar el acceso de Estados Unidos a los recursos, incluido el oro. Grenell alcanzó un acuerdo preliminar, pero este se vino abajo debido a desacuerdos sobre la salida de Maduro del poder.
Trump optó por la vía militar.
En ese contexto, la propuesta de Trafigura era exactamente lo que la Casa Blanca quería escuchar, según funcionarios.
«Trafigura tenía un plan viable y rápido para comercializar legítimamente el oro después de años de prácticas corruptas en Venezuela», afirmó la Casa Blanca en otro comunicado.
El nuevo Gobierno venezolano estaba menos entusiasmado.
Preocupaciones en Venezuela
A principios de marzo, Burgum, el secretario del Interior, viajó a Caracas. Trump parecía eufórico por el éxito de su intervención y Burgum, quien supervisa la minería estadounidense, quería dejar su huella en el proyecto, según dos personas familiarizadas con las negociaciones.
Burgum dejó claro a los funcionarios venezolanos que quería negociar grandes acuerdos, dijeron las fuentes. La propuesta de Trafigura, que había quedado relegada ante los acuerdos petroleros, se convirtió entonces en una prioridad.
Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, se mostró escéptica, según personas cercanas a ella. Bajo la propuesta, los ingresos provenientes del oro venezolano serían depositados en una cuenta controlada por el Tesoro de Estados Unidos, que posteriormente distribuiría los fondos.
A pesar de su cargo, tenía solamente un control nominal sobre los generales militares que ejercían el control de la región minera. Si algo salía mal, Rodríguez no quería asumir la responsabilidad.
Pero no estaba en posición de negociar. Desde que Trump la instaló como reemplazo de Maduro, Rodríguez dependía de la buena voluntad de Washington para mantenerse en el cargo.
Días antes de la llegada de Burgum, aceptó que Trafigura se asociara con el productor estatal de oro de Venezuela, Minerven.
El acuerdo otorgó a Trafigura durante un año el derecho a comprar y exportar oro de un reducido número de minas industriales subterráneas en Venezuela.
El Ministerio de Minería de Venezuela, que firmó los acuerdos sobre el oro, y la oficina de prensa del Gobierno no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El 5 de marzo, Burgum ofició la firma del contrato. En cuestión de horas, Trafigura trasladó el primer cargamento de oro a Estados Unidos en un avión contratado.
«Al final de los dos días, pudimos traer a casa 100 millones de dólares en oro, físicamente, el oro», relató posteriormente Burgum ante inversionistas del sector energético.
Trafigura fue la primera empresa en entrar en el mercado, motivo de celebración en el Ala Oeste.
Sin embargo, la asociación de Trafigura con Minerven estaba lejos de ser sencilla. Las instalaciones de Minerven están rodeadas de territorios controlados por bandas criminales, donde trabajadores y proveedores pagan dinero por protección. Los vínculos criminales con la industria aurífera de la región están ampliamente documentados.
Funcionarios de la administración Trump dejaron claro que el presidente quería que las cosas avanzaran rápidamente.
«Lo que le gusta al presidente es la acción», dijo Jarrod Agen, principal asesor energético de la Casa Blanca, en Caracas en abril. «También le gustan los acuerdos y le gusta el progreso».
Trafigura y Minerven encontraron una solución que aparentemente aislaba sus operaciones de la criminalidad. Trafigura compraría oro únicamente de dos minas industriales cercadas y protegidas por militares. El oro sería extraído y procesado en el propio lugar, manteniendo alejados a los grupos criminales y a los funcionarios corruptos.
Después, Trafigura enviaría el oro semipurificado a Estados Unidos para que fuera refinado y vendido posteriormente.
Pero las cosas no han resultado tan sencillas.
Pagos de protección a las bandas criminales
El sistema de exportación comenzó a funcionar en cuestión de semanas. Desde entonces se ha convertido en un esquema de compras regulares que pueden alcanzar hasta 400 kilogramos mensuales —aproximadamente 880 libras, o cerca del peso de un piano de concierto de cola—, según un funcionario venezolano y otra persona familiarizada con el acuerdo.
La administración Trump dejó en manos de terceros la certificación de que el oro cumpliera con los estándares de la industria, que incluían que estuviera libre de actividades ilegales. Pero el oro comenzó a salir antes de que Trafigura o auditores independientes siquiera hubieran visitado las minas.
La empresa contrató a un auditor durante la primavera pasada y a un consultor de riesgos durante el verano, después de haber comprado ya millones de dólares en oro que no había sido certificado.
«La debida diligencia de nuestra cadena de suministro está en curso y continuamos implementando nuestro programa conjunto de abastecimiento responsable con Minerven», afirmó Trafigura.
Un reportero de The New York Times visitó este verano el principal centro de producción de oro de Venezuela, el pueblo de El Callao. Junto con las minas subterráneas de Minerven, allí existen cientos de operaciones mineras privadas y rudimentarias, incluidas cooperativas conocidas como brigadas.
Los operadores de esas minas extraen oro y entregan una parte a la banda Tren de Guayana como pago por protección, según entrevistas con aproximadamente una docena de propietarios de minas, líderes de brigadas y empleados de Minerven.
Algunas brigadas operan dentro de la cerca, en terrenos de Minerven. El líder de una de ellas dijo a The Times que cada mes 20 % del oro del equipo va a la banda, una práctica tan arraigada en la economía local que se conoce como «el sistema».
Otra parte de lo que recolectan, según el líder de la brigada, va a Minerven, que la funde junto con el oro que vende a Trafigura. Esta versión fue respaldada por entrevistas con otros miembros de brigadas de la zona y empleados de Minerven.
Eso significa que, en el principal proyecto aurífero venezolano de la administración Trump, Estados Unidos está importando lingotes que contienen al menos cierta cantidad de oro vinculado al Tren de Guayana.
David Soud, investigador especializado en rastrear oro ilícito, a quien Trafigura contrató como consultor este verano, reconoció que operar en Venezuela continúa siendo riesgoso.
«Lo que puedo decir es que la explotación está profundamente arraigada en el ecosistema aurífero venezolano», afirmó. «Y es extremadamente difícil trabajar para construir una cadena de suministro que esté libre de ella».
Decenas de oficiales militares venezolanos todavía ocupan cargos administrativos en Minerven, pese a las preocupaciones expresadas anteriormente por Trump sobre la supervisión de la corrupción relacionada con el oro por parte de las fuerzas armadas venezolanas.
Varios trabajadores de Minerven dijeron en entrevistas que han sido amenazados frecuentemente por militares y funcionarios de inteligencia que trabajan para la empresa con ser despedidos o enfrentar cargos relacionados con terrorismo por exigir los beneficios establecidos en sus contratos.
Las nóminas revisadas por The Times muestran que Minerven declara solamente una fracción del oro que vende a Trafigura. Los trabajadores afirman que la subdeclaración reduce sus salarios, que dependen principalmente de la producción.
Trafigura señaló la visita del auditor a las minas.
«Hasta la fecha, no se han identificado violaciones de derechos humanos, financiamiento de conflictos, tributación ilegal, extorsión ni participación de actores ilegales en los sitios», afirmó Trafigura.
Un territorio aún más riesgoso
Una vez que Trump abrió la puerta para Trafigura, otras empresas buscaron beneficiarse.
A finales de abril, la Casa Blanca organizó una delegación empresarial a Caracas, una de un número creciente de oportunidades para que ejecutivos estadounidenses negociaran acuerdos.
Uno de esos ejecutivos era Sean Pi, socio de un fondo de capital privado cuya empresa, Heeney Capital, invierte en minas. Había testificado ante el Congreso en apoyo de una legislación destinada a acelerar proyectos mineros en línea con los objetivos más amplios de Trump en materia de minerales.
Pi se reunió en Caracas con líderes empresariales y con Rodríguez. Poco después, concretó un acuerdo aurífero para su empresa.
Heeney Capital se asoció con Mercuria, rival de Trafigura, para producir y exportar oro venezolano. Ambas compañías estimaron que sus acuerdos podrían llegar a generar unos 2.200 millones de dólares anuales en exportaciones minerales.
Como Trafigura ya había asegurado el suministro de las minas subterráneas establecidas de Venezuela, Heeney tendría que recurrir a sitios más informales, que implican mayores riesgos de corrupción y daños ambientales.
Heeney puso la mira en El Chocó, una gran mina a cielo abierto administrada por el Estado venezolano.
Los contratistas de la mina, que proporcionan maquinaria, alimentación y otros servicios, pagaban dinero de protección al Tren de Guayana, según dos trabajadores empleados por los contratistas de la mina que hablaron en julio.
En algunos aspectos, sin embargo, El Chocó representa una victoria para la administración Trump. El Gobierno venezolano había estado trabajando con una empresa iraní, Espadana, para construir una planta de procesamiento en la mina.
Después de la caída de Maduro, Estados Unidos prohibió que Venezuela trabajara con Irán. La mayoría de los trabajadores de Espadana recogieron sus pertenencias y se marcharon.
Durante una visita reciente, la actividad minera en El Chocó continuaba, pero la construcción de la planta se había detenido. La maquinaria de la empresa iraní permanecía inactiva. Equipos de contrainteligencia militar y vehículos blindados protegían el perímetro.
A pesar de esos cambios, cualquiera que obtuviera oro de El Chocó correría el riesgo de comprar dentro de un sistema vinculado al crimen organizado.
«Alrededor del 90 % del oro producido en Venezuela tiene origen criminal», afirmó Julia Yansura, directora de programas de FACT Coalition, una organización anticorrupción con sede en Washington. «Si las empresas internacionales quieren entrar e intentar encontrar el 10 % que supuestamente está bien, es como buscar una aguja en un pajar».
Heeney y sus fundadores no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. Un portavoz de Mercuria declinó hacer comentarios.
Este mes, Heeney anunció que había firmado un acuerdo para asumir las operaciones mineras y los derechos de exportación de El Chocó. La empresa afirmó que modernizaría las operaciones para ajustarlas a los estándares internacionales.
No está claro qué medidas adoptaría Heeney para desvincular la mina del crimen organizado.
En la Casa Blanca, una confianza inquebrantable
Medio año después de que Trafigura comenzara a llevar oro venezolano a Estados Unidos, la empresa no ha podido revenderlo, según personas familiarizadas con el acuerdo.
Eso significa que el oro, que pretendía beneficiar a las empresas estadounidenses, permanece almacenado.
Quien lo compre y lo refine tendría que certificar que el oro no tiene vínculos con actividades criminales.
Una vez que las minas subterráneas de Minerven quedaron comprometidas, los empresarios interesados comenzaron a dirigirse hacia sitios más informales.
La administración Trump no se ha dejado disuadir. Ha continuado flexibilizando las sanciones económicas sobre la minería venezolana.
Sin embargo, legisladores demócratas han cuestionado la legalidad del acuerdo con Trafigura y han prometido una mayor supervisión si obtienen el control del Congreso en noviembre.
Algunos integrantes de la industria sostienen que los riesgos de trabajar con el oro venezolano no son motivo suficiente para abandonar el negocio.
«El objetivo es involucrarse e intentar encontrar una manera de crear una cadena de suministro con integridad», afirmó Soud, el consultor de Trafigura.
«El principal riesgo de involucrarse de cualquier manera con el oro venezolano es: ¿cómo demonios se evita que el oro que se está sacando de Venezuela quede contaminado?»
Alberto News
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