“La verdadera prueba de nuestra devoción por la libertad apenas comienza.”
Nelson Mandela
Hay preguntas que pertenecen a una época. Hace algunos años escribí sobre una pregunta que parecía necesaria para comprender la Venezuela que estábamos viviendo: ¿es Venezuela un narcoestado? Aquella pregunta describía una realidad en la que el poder político, las instituciones, la economía, la justicia y las estructuras criminales parecieron mezclarse hasta hacer difícil distinguir dónde terminaba el Estado y dónde comenzaba el crimen organizado.
Pero hoy la pregunta es mucho más profunda. Una nación no se reconstruye simplemente cambiando a quien ocupa el Palacio de Miraflores; se reconstruye cuando consigue desmontar las estructuras que permitieron a una élite apoderarse de las instituciones para convertirlas en instrumentos de control. En este período en el que Venezuela intenta salir definitivamente de esta larga noche, tendremos que responder una interrogante mucho más compleja: ¿qué hacemos después de la tiranía? Y, sobre todo, ¿pueden antiguos colaboradores del régimen ser parte de la solución?
Salir de una tiranía puede ocurrir en un día; reconstruir una República toma años. El autoritarismo no vive únicamente en el despacho del gobernante: vive en los tribunales coaccionados, en los cuerpos de seguridad sometidos al poder político antes que a la Constitución, en las instituciones vaciadas de contenido, en los medios perseguidos o clausurados, en las empresas expropiadas y en los millones de venezolanos que debieron migrar. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado durante años patrones de graves violaciones de derechos humanos, registrando en su informe de 2024 la dura represión posterior al 28 de julio.
Ante semejante devastación, la pregunta surge inevitable: ¿pueden antiguos colaboradores de la tiranía ser parte de la solución? La respuesta exige un pragmatismo frío pero delimitado por principios infranqueables. En la mecánica de una transición, existe un abismo entre el funcionario técnico o burocrático que operó dentro del sistema para sobrevivir y aquellos actores que diseñaron o ejecutaron el engranaje de la represión y el secuestro institucional. Ningún país se reconstruye desde la purga absoluta, pero ninguna República sobrevive si confía su refundación a los mismos arquitectos de su ruina. Los colaboradores solo pueden ser parte de la solución si su incorporación responde a un proceso de quiebre real, cooperación efectiva con la justicia y sometimiento estricto al nuevo marco legal, jamás a la preservación de cuotas de impunidad.
Por ello, el verdadero desafío será desmantelar la arquitectura de control. ¿Puede desmontarse una tiranía cambiando al capo, pero manteniendo intacta la red de funcionarios que lo sostuvo?
La respuesta no puede ser una cacería ciega, pero tampoco una amnesia colectiva que condene a la nación a repetir su tragedia y a convivir con los esbirros.
Venezuela requerirá una transición política, institucional, jurídica, económica y moral. Habrá que recuperar la separación de poderes, la independencia judicial, la autonomía regional, la libertad de prensa y la confianza pública. Reconciliación no significa olvido, ni la transición puede transformarse en un cheque en blanco para la impunidad.
Nombres clave en el engranaje del régimen no pueden quedar al margen de la responsabilidad histórica ni legal. Quienes administraron, financiaron y ejecutaron el aparato de represión deben rendir cuentas ante un sistema de justicia independiente. La reconstrucción de la República no se puede erigir sobre la premisa de que nadie responde por el pasado.
Durante años se acumularon detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, expropiaciones y persecución sistemática a medios, empresarios y líderes políticos. Ante este panorama surge el dilema jurídico: ¿qué hacer con las decisiones de un sistema judicial que operó como brazo ejecutor del autoritarismo?
Dejar intactas esas sentencias invalidaría el Estado de derecho; anularlas en bloque sin método generaría un peligroso vacío legal. En casos críticos —como las condenas contra medios, empresarios y dirigentes—, la restitución de derechos no puede esperar por la burocracia procesal ordinaria. Requiere abordarse en la mesa de negociación mediante mecanismos extraordinarios: decretos de anulación y acuerdos políticos respaldados por la mediación internacional y la cooperación de países clave como Estados Unidos para destrabar litigios, devolver bienes y dar validez legal inmediata a las reparaciones.
Reconstruir a Venezuela implica asegurar la escena de un venezolano aterrizando en Maiquetía sin el temor de ser detenido por una causa política fabricada o una orden de captura arbitraria. Según ACNUR, casi 7,9 millones de venezolanos viven en el exterior. Recuperar este capital humano —médicos, ingenieros, empresarios, periodistas, técnicos y trabajadores— exige garantías de debido proceso y seguridad jurídica para que el retorno sea viable y atractivo.
Este será el eje de la transición. Durante décadas, la impunidad fue la regla; por ello, la respuesta del nuevo Estado de derecho no puede ser la debilidad ni el perdón automático, sino una justicia férrea. Frente a un historial de atropellos sistemáticos, la República debe actuar con la máxima severidad de la ley. Justicia férrea no es venganza política ni linchamiento: es la aplicación implacable, rigurosa e imparcial de la norma jurídica para investigar, procesar y sancionar a los responsables de crímenes y saqueo institucional. Mientras la venganza actúa al margen de la norma, la justicia férrea utiliza todo el peso del debido proceso y la firmeza de tribunales independientes para garantizar que no exista impunidad.
Desmontar la penetración del crimen organizado requerirá acciones que superen la política doméstica, en sintonía con los diagnósticos de organismos como la UNODC. Exigirá auditar redes financieras, recuperar activos, blindar fronteras y separar definitivamente la política de la delincuencia organizada. El antídoto definitivo contra la captura criminal del Estado no son los líderes mesiánicos, sino instituciones con el poder y la autonomía necesarios para aplicar la ley sin distingos.
La reconstrucción profunda trasciende la infraestructura; abarca la confianza, la propiedad, la libertad de expresión y la certeza de que el Estado existe para proteger al ciudadano y no para perseguirlo. El regreso y la integración de la diáspora serán indicadores reales de cambio cuando la seguridad jurídica esté plenamente restablecida.
La transición comenzará formalmente cuando el ciudadano deje de tener miedo y la arbitrariedad ceda su lugar al imperio de la ley.
Dayana Cristina Duzoglou para Caiga Quien Caiga
X: @dduzogloul
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