Hay momentos en la historia de un país en los que las preguntas importan tanto como las respuestas. Venezuela parece haber llegado nuevamente a uno de ellos.
La discusión ya no debería limitarse a determinar si Nicolás Maduro salió del poder, si Delcy Rodríguez representa una ruptura o una continuidad, o si Donald Trump tiene un plan para Venezuela. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿estamos avanzando hacia una transición democrática o hacia una transición administrada en función de intereses estratégicos que podrían terminar postergando, una vez más, la decisión de los venezolanos?
Los acontecimientos de esta semana obligan a formularla.
Mientras Washington y Caracas avanzan en acuerdos destinados a recuperar la industria petrolera venezolana y atraer inversiones internacionales, Donald Trump ha sostenido que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones. Delcy Rodríguez, por su parte, ha repetido que los comicios llegarán “cuando el país esté preparado”.
La frase debería generar preocupación en cualquier demócrata, independientemente de su posición política.
Porque inmediatamente surge una pregunta elemental: ¿quién decide cuándo Venezuela está preparada para votar?
¿Washington?
¿El Gobierno Interino?
¿La oposición?
¿El Consejo Nacional Electoral?
¿Una mesa de diálogo?
¿O los propios venezolanos?
No es una pregunta menor.
Durante años, el chavismo justificó la postergación de soluciones políticas apelando a supuestas condiciones que nunca terminaban de cumplirse. Ahora sería un grave error permitir que la palabra “transición” se convierta en una nueva sala de espera.
El petróleo corre; la democracia espera
La contradicción es difícil de ignorar.
Washington está promoviendo una enorme operación para recuperar la producción petrolera venezolana. El acuerdo anunciado contempla 17 campos petroleros y proyectos de inversión de dimensiones extraordinarias, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez se presenta como el interlocutor político para llevar adelante esta nueva etapa.
Nadie puede negar que Venezuela necesita recuperar su industria petrolera.
Tampoco sería sensato sostener que la inversión extranjera es incompatible con una transición democrática. Al contrario: reconstruir la economía venezolana requerirá capital, tecnología, conocimiento y empresas internacionales dispuestas a asumir riesgos.
El problema está en otro lugar.
Una cosa es reconstruir la industria petrolera y otra muy distinta utilizar la reconstrucción económica como sustituto de la reconstrucción institucional.
María Corina Machado ha señalado precisamente esa preocupación. Aunque reconoce la necesidad de inversión y de una relación estratégica con Estados Unidos, ha cuestionado que acuerdos de esta magnitud sean negociados bajo un gobierno cuya legitimidad democrática no proviene del voto popular. Ha insistido, además, en la necesidad de transparencia, seguridad jurídica e instituciones legítimas.
Y aquí conviene detenerse.
Porque el debate no debería ser Machado contra Delcy, ni Trump contra Machado.
El verdadero debate es mucho más profundo:
¿Puede construirse una democracia sostenible mientras las decisiones fundamentales sobre el futuro económico y político de Venezuela se toman sin que los venezolanos hayan recuperado plenamente su capacidad de elegir?
La transición no puede tener fecha indefinida
Una transición política puede requerir tiempo. Puede necesitar acuerdos, reformas institucionales, garantías, liberación de presos políticos, reorganización del sistema electoral, recuperación del Estado de Derecho y construcción de consensos.
Todo eso es razonable.
Lo que no puede ser razonable es que la transición se convierta en una categoría política permanente.
Porque entonces deja de ser transición.
Se convierte en gobierno.
Y ese es precisamente el riesgo que Venezuela debe evitar.
Si el argumento es que primero hay que reconstruir la economía para después celebrar elecciones, debemos recordar que Venezuela lleva décadas demostrando que puede reconstruir estructuras de poder mientras posterga la reconstrucción de las instituciones.
La democracia no puede quedar subordinada a la producción de barriles.
El petróleo puede financiar la reconstrucción de Venezuela, pero no puede decidir quién tiene derecho a gobernarla.
Washington tiene intereses legítimos, pero Venezuela también tiene derechos
Sería ingenuo pensar que Estados Unidos no tiene intereses estratégicos en Venezuela.
Los tiene.
El petróleo venezolano, la seguridad energética, la estabilidad regional, la migración, la influencia de China, Rusia e Irán y la posición geopolítica del país forman parte de cualquier cálculo de Washington.
Eso no convierte automáticamente a Estados Unidos en enemigo de la democracia venezolana.
Pero tampoco convierte automáticamente sus intereses estratégicos en intereses venezolanos.
Ahí está la diferencia que debemos preservar.
Una Venezuela democrática puede ser un socio estratégico de Estados Unidos. Puede recibir inversión estadounidense. Puede convertirse nuevamente en un actor energético relevante. Puede reconstruir su industria petrolera y establecer relaciones comerciales con Washington.
Pero la relación debe producirse entre gobiernos legítimos, bajo instituciones legítimas y con reglas transparentes.
De lo contrario, existe el riesgo de que la reconstrucción económica termine adelantándose tanto a la reconstrucción institucional que, cuando llegue el momento de hablar de democracia, buena parte de las decisiones fundamentales ya estén tomadas.
Y entonces la pregunta volverá a ser: ¿para qué votar si otros ya decidieron?
El verdadero peligro de una transición administrada
Venezuela no necesita sustituir una tutela por otra.
No necesita pasar de una estructura política cerrada a una democracia diseñada desde afuera.
Tampoco necesita que Washington elija entre figuras venezolanas cuál considera más conveniente para garantizar estabilidad.
Lo que Venezuela necesita es recuperar progresivamente su soberanía democrática.
Eso significa que los venezolanos deben volver a decidir quién gobierna, con elecciones libres, competitivas, transparentes y verificables.
Significa reconstruir el Consejo Nacional Electoral.
Significa recuperar la confianza en el Registro Electoral.
Significa garantizar la participación de los venezolanos dentro y fuera del país.
Significa permitir la reorganización de las organizaciones políticas.
Significa recuperar la independencia del Poder Judicial.
Significa garantizar derechos políticos.
Y significa, sobre todo, entender que una transición democrática no puede depender indefinidamente de que una potencia extranjera considere que llegó el momento adecuado para votar.
Estados Unidos puede ayudar.
Puede presionar.
Puede negociar.
Puede invertir.
Puede ofrecer garantías.
Pero no puede sustituir indefinidamente la voluntad popular venezolana.
¿Quién administra la transición?
Esta es probablemente la pregunta más importante de todas.
Porque si la transición venezolana tiene como objetivo final devolverle el poder a los ciudadanos, entonces cada decisión tomada durante el proceso debería acercarnos a ese objetivo.
La economía debe recuperarse.
La industria petrolera debe levantarse.
Los presos políticos deben ser liberados.
Las instituciones deben reconstruirse.
Los partidos deben reorganizarse.
La sociedad civil debe recuperar espacios.
Y finalmente los venezolanos deben votar.
Pero si ocurre lo contrario —si la economía se normaliza mientras las elecciones se postergan; si llegan las inversiones pero no las reformas institucionales; si se firman contratos de largo plazo pero no existe un cronograma electoral; si se consolida un nuevo equilibrio de poder mientras la ciudadanía continúa esperando— entonces tendremos que comenzar a preguntarnos si realmente estamos frente a una transición democrática.
O frente a una transición administrada.
Y esa diferencia puede definir el futuro de Venezuela durante décadas.
El petróleo puede esperar. La democracia, no.
Venezuela necesita petróleo.
Necesita inversión.
Necesita reconstruir su economía.
Necesita recuperar millones de empleos y detener la destrucción de su aparato productivo.
Pero necesita algo todavía más importante: recuperar la capacidad de decidir democráticamente su propio destino.
El petróleo puede convertirse en el motor de la reconstrucción venezolana.
Lo que no puede convertirse es en el motor de una nueva postergación política.
Porque después de tantos años de esperar una solución, los venezolanos no necesitan que les digan nuevamente que todavía no están preparados para decidir.
Necesitan saber quién decidió que no lo están, qué condiciones faltan, quién las va a cumplir y cuándo podrán volver a ejercer el derecho que ninguna transición debería administrar indefinidamente: elegir a sus gobernantes.
La transición venezolana no puede tener como destino simplemente un país económicamente más estable.
Debe tener como destino un país políticamente libre.
Y si la pregunta de hoy es quién está administrando la transición, la respuesta definitiva debería ser una sola:
la transición debe volver a estar en manos de los venezolanos.
Porque el petróleo puede esperar. La democracia venezolana lleva demasiado tiempo esperando.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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