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En una victoria legal para el empresario Raúl Gorrín —aliado cercano del gobernante venezolano Nicolás Maduro—, un juez del Distrito Sur de Florida dictaminó que dos propiedades de lujo que tiene en Miami no pueden ser confiscadas como compensación por la familia de una víctima de secuestro de la guerrilla colombiana.
El fallo emitido el lunes por el juez federal de distrito Kevin Michael Moore protege una mansión de Fisher Island valorada en $34 millones y otra propiedad de lujo en la avenida Collins de $14.3 millones.
Estas propiedades eran reclamadas por Antonio Caballero quien había recibido un fallo de una corte a su favor para cobrar $140 millones, más intereses, por la muerte de su padre hace dos décadas a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Caballero argumenta ante las cortes estadounidenses que Gorrín y su cuñado y socio comercial, Gustavo Perdomo, habían estado lavando dinero de las FARC.
Gorrín pertenece a un pequeño número de empresarios venezolanos en la mira de la justicia estadounidense bajo sospecha de que ganaron miles de millones de dólares a través de sus estrechos vínculos con Maduro y otros altos dignatarios del régimen socialista de Caracas.
Sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Gorrín enfrenta cargos ante la corte federal del Sur de Florida por su presunto papel en un esquema de corrupción y lavado de dinero que acarreó pérdidas al estado venezolano por más de mil millones de dólares.
El también dueño de la cadena de noticias Globovisión es considerado como un fugitivo por las autoridades estadounidenses.
Si bien Caballero alegó que Gorrín brindó asistencia a las FARC, el juez Moore dijo en su fallo que el demandante no presentó pruebas contundentes que respalden esa afirmación. El juez determinó que “no había hechos” que sugieren que Gorrín y Perdomo lavaron dinero para Maduro o en beneficio de las FARC, dijeron los abogados de Gorrín.
“La Corte rechazó la teoría de los seis grados de separación de Caballero que amenazaba con etiquetar como agente terrorista a cualquiera que alguna vez hiciera negocios con Venezuela”, dijeron los abogados Lisandra Guerrero y Howard Srebnick en el comunicado de prensa.
Según el fallo, Caballero no ofreció pruebas sobre el monto de apoyo financiero que las FARC supuestamente recibieron —directa o indirectamente— de Gorrín y Perdomo y tampoco demostró cómo los empresarios ayudaron a las FARC.
“En lugar de reforzar sus declaraciones con apoyo de los hechos, el demandante simplemente cita numerosas páginas de informes periciales. Sin embargo, los informes periciales también están llenos de declaraciones concluyentes con poca o ninguna base fáctica”, dice el fallo.
Caballero, que vive en Estados Unidos, ha estado luchando para cobrar el acuerdo que se le otorgó en 2014 por la muerte de su padre en 1999 después de que fuera secuestrado por las FARC y había conseguido una orden judicial preliminar que le daba acceso a las propiedades de Gorrín y Perdomo en Estados Unidos al declarar que los empresarios venezolanos eran “agentes e instrumentalidades” de las FARC.
Gracias a esa declaración de la corte Caballero logró obtener el título de la propiedad en Fisher Island y Avenida Collins de los empresarios, pero los abogados de Gorrín lograron revertir el esfuerzo.
“Cuando el equipo de la defensa entró en el caso, el demandante ya había confiscado las propiedades, pero demostramos con los hechos (…) que el caso (de Caballero) era un castillo de naipes. Nuestros clientes no tienen nada que ver con las FARC y la orden de la corte lo demuestra”, dijo Robert Dunlap, quien también forma parte del equipo de defensa.
Gorrín es uno de varios empresarios venezolanos investigados por las autoridades estadounidenses por supuestamente pagar millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno de la petrolera estatal venezolana PDVSA y al tesoro nacional a cambio de acceso a contratos energéticos y cambios de divisas que produjo enormes ganancias.
Según documentos de la corte, el dueño de Globovisión desempeñó un papel central en una trama de corrupción de 1,200 millones de dólares que involucraba préstamos en bolívares adquiridos por PDVSA a empresas supuestamente controladas por el empresario venezolano Francisco Convit y que fueron reembolsados casi de inmediato por la petrolera utilizando el tipo de cambio oficial altamente favorable y exclusivo, que otorgaba enormes ganancias.
Pero el caso principal contra Gorrín involucra acusaciones de que supuestamente participó en un fraude masivo de lavado de dinero para drenar más de mil millones de dólares del gobierno de Venezuela y lavar el dinero ilícito a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias de lujo en Nueva York y el sur de Florida, también aseguran documentos de la corte.
Fuente El Nuevo Herald
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