La decisión la aprobaron los jueces Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera. Desde esa sala aseveran que en la nación sudamericana existen períodos de ausencia en materia de investigaciones, sin motivo aparente. No descartan la posibilidad de apoyarse con el Gobierno de Venezuela para realizar las averiguaciones respectivas.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes a la Fiscalía de dicha institución reanudar su investigación sobre Venezuela, acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Muy grave, en el escrito justifican la decisión, basados en este análisis:
Considerando lo anterior, de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto, la Sala concluye que Venezuela no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos a que se refiere el artículo 5 del Estatuto que reflejen suficientemente el alcance de la intención de la Fiscalía. investigación. A la luz de lo anterior, no hay necesidad de considerar si Venezuela no está dispuesta o no puede llevar a cabo genuinamente dicha investigación o enjuiciamiento.
Esta decisión fue aprobada por los jueces Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, quienes forman parte de la Sala de Cuestiones Preliminares y que examinaron las solicitudes realizadas anteriormente por la Fiscalía de la CPI.
La Sala concluyó que, si bien Venezuela está tomando algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. La Sala llegó a esta conclusión a partir de las observaciones y el material que tenía ante sí”, precisó un comunicado difundido en la página web de la corte.
Como parte de las objeciones que interpuso esta sala para reanudar las investigaciones en Venezuela, se encuentra con suficiencia el contexto del por qué ocurren los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país; subrayó que la atención suele estar enfocada en los perpetradores directos o de menor nivel.
También explicó que en la nación sudamericana existen períodos de ausencia en materia de investigaciones, sin motivo aparente. Añadió que existe insuficiente seguimiento a los supuestos delitos de persecución y los que se refieren a materia sexual.
La Sala de Cuestiones Preliminares no descartó la posibilidad de apoyarse con el Gobierno de Venezuela para realizar las pertinentes investigaciones respecto a estos casos. Indicó que “la evaluación del estado de los procedimientos internos es un proceso continuo y requiere un diálogo permanente entre el Estado y la Corte”.
El periodista Luis Carlos Díaz, residenciado en Caracas, explicó que esta orden significa que en el país hay pruebas sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad. “Pero además, que no hay disposición dentro de Venezuela para investigar y juzgar esos hechos. Por lo tanto la CPI activa su complementariedad para hacerlo en La Haya”, detalló.
El Estado venezolano puede apelar la decisión (de hecho su estrategia se ha basado en retrasar todo lo posible), pero esa acción en esta parte del proceso no va a detener la investigación en la Corte Penal Internacional. A lo sumo irán en paralelo. Esto ya no frena”, precisó el periodista.
El pasado 8 de junio, el fiscal general de la CPI, Karim Khan, se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; al día siguiente anunció la apertura de una oficina de la corte dentro del país.
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