La suma de voluntades no necesariamente se traduce en sufragios.
La política venezolana, especialmente por estos tiempos, ha mostrado una tendencia a fundar alianzas con entusiasmo y las deja en observación poco después.
Ahora hay dos que dicen mirar hacia el mismo horizonte: la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la recién creada Alianza por Venezuela (AVE). La pregunta no es cuántos partidos caben en cada coalición. Es cuántos electores pueden llevar a votar cuando llegue, por ejemplo, una presidencial.
Y aquí conviene separar la contabilidad de la propaganda. Una alianza puede tener ocho organizaciones, veinte voceros y un comunicado impecable. Si no puede movilizar gente, su caudal electoral es una presunción sin prueba. En política, como en juicio, no basta con alegar.
La PUD tiene algo que la AVE todavía no puede mostrar: experiencia en una elección presidencial y una estructura que, en 2024, sirvió para canalizar una votación opositora masiva. Edmundo González Urrutia fue el candidato; María Corina Machado, la principal fuerza de convocatoria.
Las actas difundidas por la oposición sostuvieron que González obtuvo una mayoría amplia. El boletín oficial, por su parte, atribuyó a Maduro 5.150.092 votos, equivalentes al 51,20 por ciento. La distancia entre esas versiones no es un pie de página. Es el centro del conflicto electoral.
De esa elección sí queda una conclusión política, aunque el país siga esperando una respuesta institucional convincente sobre el resultado: la PUD logró organizar una participación de gran escala. No se sigue, sin embargo, que cada partido de la coalición aportara por separado millones de votos.
Esa aritmética sería cómoda, pero no necesariamente cierta. El liderazgo de Machado y la candidatura de González fueron el imán; las organizaciones aportaron, en distintas medidas, estructura, testigos y presencia territorial.
La AVE nace con ocho organizaciones y una declaración que despeja cualquier duda sobre su propósito: no pretende competir con Machado, dice respaldarla. Es una definición honesta. También es una confesión involuntaria sobre su propio peso.
Si una alianza explica que no viene a disputarle espacio a una dirigente, sino a acompañarla, cuesta presentarla como un motor electoral independiente.
Puede aportar pluralidad, sumar sectores que no se sienten representados por la PUD y ayudar a ampliar una coalición. Todo eso importa. Pero no equivale a tener votos propios. En lenguaje de expediente: hay pretensión, falta probar el monto o caudal electoral.
La discusión tampoco se resuelve contando partidos dentro de la PUD. Convergencia y otras organizaciones pueden conservar valor histórico, político o local. Pero la etiqueta de partido nacional no es un certificado de movilización vigente.
En las regionales y legislativas de mayo de 2025, el Gran Polo Patriótico “obtuvo” 5.024.475 votos, mientras los bloques opositores mencionados quedaron muy por debajo.
Esos resultados no permiten asignar automáticamente una votación a cada organización ni medir lo que cada una aportaría en una presidencial. Sí aconsejan prudencia antes de confundir presencia en una alianza con músculo electoral.
Si Machado aspira a competir en una presidencial en julio de 2027, su principal activo parece ser su capacidad de convocatoria. La PUD puede ofrecerle una plataforma y una red política; la AVE, por ahora, un respaldo plural. El respaldo puede ser valioso, pero no se convierte en votos solo por anunciarse.
Por otra parte, el arrastre personal tampoco sustituye una organización capaz de defender cada voto, cubrir cada mesa y sostener la movilización cuando el entusiasmo tropieza con la realidad.
Ahí está el riesgo: que la unidad se vuelva una ceremonia de presentación de siglas. Una coalición puede servir para sumar; también puede volverse un fin en sí misma, una mesa larga donde todos tienen asiento y nadie sabe quién trae los electores.
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