Un sondeo de agosto de Meganálisis revela que a la pregunta cerrada sobre ¿cuál debe ser el castigo para los corruptos?, 60,7% de las 1129 personas entrevistadas contestó que la condena en prisión de por vida, 18,1 % contestó que más de 30 años de prisión más inhabilitación política y 8,8% más de 15 años sin oportunidad de retorno a la vida pública. “La impunidad y debilidad histórica, con la que la corrupción ha sido tratada en Venezuela, son inaceptables para una sociedad mayoritariamente honesta, más aún cuando la corrupción ha sido el origen de una importante cantidad de problemas que hoy sufren los venezolanos”, se lee en el estudio.
Las penas de prisión prolongadas concentran las preferencias de los venezolanos consultados por Meganálisis sobre el castigo que debería imponerse a los responsables de corrupción.
El 60,7 % respaldó la cadena perpetua, de acuerdo con los resultados de una encuesta publicada en agosto.
La segunda opción con mayor respaldo fue la cadena perpetua, acompañada de inhabilitación política de por vida, con 18,1 % de las respuestas. De esta manera, las dos alternativas más severas reunieron el 78,8 % de las preferencias registradas en el sondeo.
En tercer lugar se ubicó la propuesta de imponer 15 años de cárcel más inhabilitación política, que obtuvo el 8,8 % de respaldo. Por su parte, el 3,9 % de los participantes consideró que una condena de cinco años de prisión, acompañada de la misma sanción política, sería suficiente para castigar estos delitos.
El estudio se realizó entre el 24 y el 31 de agosto de 2026, con una muestra de 1.129 personas y una población de referencia estimada en 21.485.000 habitantes. Según los resultados, si se suma el respaldo a la cadena perpetua, casi ocho de cada diez participantes se inclinan por alguna de estas dos sanciones.
Los resultados permiten identificar una preferencia por castigos severos entre las personas consultadas, aunque no determinan por sí mismos las causas de esa postura ni permiten establecer si la corrupción figura entre las principales preocupaciones de todos los venezolanos.
La encuesta plantea un el debate sobre la responsabilidad penal de quienes incurren en actos de corrupción, la severidad de las sanciones y la necesidad de que las investigaciones y los procesos judiciales permitan establecer responsabilidades.
Las cifras corresponden a las preferencias expresadas por los encuestados ante las opciones planteadas. Sin embargo, no significa que esas penas estén vigentes ni que puedan aplicarse automáticamente a cualquier caso de corrupción.
El sondeo ofrece una aproximación a la opinión de los participantes sobre cómo debería castigarse la corrupción en Venezuela, con un respaldo predominante a las condenas prolongadas de prisión y a la inhabilitación política de quienes sean declarados responsables.
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