Con cerca del 9% de la biodiversidad global, Venezuela alberga algunos de los ecosistemas más valiosos del planeta. Sin embargo, la expansión minera, la degradación ambiental y la debilidad institucional amenazan bosques, ríos, fauna y comunidades. Especialistas coinciden en que el futuro económico del país dependerá de una decisión fundamental: convertir su riqueza natural en la base de un desarrollo sostenible o continuar profundizando un modelo extractivo con consecuencias potencialmente irreversible

Un paraíso terrenal: así se ha descrito a Venezuela a lo largo de su historia y, tras 27 años de chavismo, todavía no ha dejado de serlo. Sin embargo, su biodiversidad —que la ubica entre los primeros países más megadiversos del mundo— se enfrenta a un proceso acelerado de degradación que la lleva a un punto de inflexión: o protege realmente su diversidad biológica y riqueza natural como un activo estratégico o continúa con la explotación indiscriminada que amenaza con dejar pérdidas irreversibles.

Con una superficie de 916.445 km², Venezuela fue privilegiada con recursos naturales excepcionales: tepuyes únicos, selvas amazónicas, arrecifes coralinos, llanos, manglares, desiertos y montañas andinas. Ese potencial ecológico, lejos de ser aprovechado como un impulso de turismo y desarrollo sostenible y sustentable, ha quedado atrapado durante décadas entre el extractivismo petrolero, la expansión minera, la fragilidad institucional y la falta de planificación ambiental.

«Las estadísticas varían, pero con toda seguridad estamos entre los 20 países más megadiversos del mundo. Tenemos muchísima variedad de plantas y de fauna, muchísima variedad de formas de vida y de ecosistemas», sostiene Joaquín Benítez, director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en conversación con El Nacional.

Venezuela alberga entre 117.000 y 140.000 especies de seres vivos, lo que representa aproximadamente el 9% de la biodiversidad global, de acuerdo con estimaciones de diversas organizaciones ambientalistas. Esta riqueza natural incluye a más de 25.000 especies de plantas, alrededor de 1.400 especies de aves, más de 350 especies de mamíferos y más de 2.000 especies de peces.

Estas cifras, que la sitúan entre las naciones con mayor concentración de especies biológicas en el mundo, responden a la diversidad de ecosistemas presentes en el territorio nacional, donde se han identificado más de 650 tipos de vegetación distribuidos en grandes regiones ecológicas. Entre ellas destacan las sabanas de los llanos, los bosques tropicales y selvas de la Amazonía y Guayana, los páramos andinos, los ecosistemas marinos y costeros y las zonas áridas y semiáridas del norte del país.

Esa biodiversidad no representa únicamente un valor ambiental, sino que constituye una ventaja económica. «Desde el punto de vista humano o de las necesidades de la sociedad, muchas plantas y animales son recursos; todos nuestros alimentos son biodiversidad», señala Benítez.

«Gran parte de los principios activos que se usan en la industria farmacéutica vienen o están inspirados en la naturaleza. Una parte importante de las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando tiene su génesis en el descubrimiento de cómo ocurren las cosas en la naturaleza», continúa. Agrega, además, un dato no menos importante: «La megabiodiversidad del país es uno de los atractivos turísticos que tenemos».

A su juicio, el desarrollo sostenible, más allá de percibirse como un motor de crecimiento económico, debe entenderse como una forma de concebir el crecimiento y organización del país: «El desarrollo sostenible es un paradigma, es una visión de cómo debe ser el crecimiento». A partir de esa visión —apunta— deben articularse políticas públicas, iniciativas económicas y formas de gestión territorial.

La realidad actual, no obstante, muestra un avance en sentido contrario. Aunque más de la mitad del territorio venezolano está legalmente protegido bajo distintas figuras ambientales —especialmente los parques nacionales, que salvaguardan casi a todos los ecosistemas del país—, el académico advierte que muchas de esas protecciones son hoy insuficientes en la práctica. «Es importante que estén protegidos, que existan normas y planes de manejo, pero en los últimos años hemos visto cómo muchas de estas cosas se han venido vulnerando», asegura.

«Son noticias cosas como la sobrecarga de visitantes en parques nacionales, lo que pasó en Morrocoy —estado Falcón— o en Mochima —estados Sucre y Anzoátegui—, lo que ha venido pasando al sur de Venezuela con la explotación ilegal de minerales en parques nacionales. Tenemos una gran superficie protegida, pero por otro lado hay una debilidad institucional que no logra hacer efectiva la protección establecida en las leyes», asevera.

Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, coincide en ese diagnóstico y apunta directamente al deterioro de organismos responsables de la protección ambiental. «El Parque Nacional Canaima, que además goza de la distinción de ser sitio de patrimonio mundial natural, sufre no solo una fuerte presión minera; de hecho, sufre de actividad minera dentro de sus límites, poniendo en tela de juicio la capacidad del país para proteger, como está obligado a hacerlo, estos espacios que constituyen en general los más preciados valores naturales», precisa.

Sobre el papel del Instituto Nacional de Parques (Inparques), es tajante: «Está claro que Inparques, otrora institución que marcaba pauta en Iberoamérica por su visión y capacidad, es hoy por hoy inexistente, desprofesionalizada y totalmente al margen de sus funciones reales; se muestra, por decir lo menos, incapaz de hacer cumplir el mandato que le impone su ley», vigente desde julio de 1978.

El sur, epicentro de la devastación ambiental

El diagnóstico es especialmente severo en el sur del país, que se ha convertido en el epicentro de la devastación ambiental. La directora de SOS Orinoco sostiene que los «grandes y graves impactos» que sufren los recursos naturales, en muchos casos, «ponen en peligro su permanencia directa y los enormes servicios que prestan a la población venezolana».

«Tanto dentro como fuera de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), la minería desordenada y caótica establecida como política clave del régimen para extraer, vender y obtener recursos rápidos que le ayuden a su supervivencia y a llenar sus bolsillos particulares, ha generado daños irreparables en una extensa superficie, afectando bosques, sabanas, humedales y cursos de agua en magnitudes inimaginables para el común de los venezolanos», advierte en entrevista concedida a El Nacional.

Desde la creación del Arco Minero en 2016 —una zona de explotación que abarca 111.843 km², equivalente al 12,2% del territorio nacional—, la presión sobre los recursos naturales se ha intensificado significativamente. Dentro y alrededor de esta región se perdieron aproximadamente 230.121 hectáreas de bosque entre 2015 y 2020, mientras que la pérdida acumulada alcanzó unas 520.900 hectáreas entre 2000 y 2020, una extensión cercana a siete veces el área de Caracas. Solo en el estado Bolívar se estima la desaparición de 173.000 hectáreas de cobertura vegetal en seis años, de acuerdo con análisis satelitales y estudios ambientales.

elnacional

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