Venezuela parece estar entrando en una nueva etapa. Hay diálogo político, acuerdos internacionales, recuperación de la industria petrolera, acercamientos diplomáticos y promesas de reconstrucción institucional. Sobre el papel, todo debería conducir hacia una transición democrática.
Pero hay una pregunta que comienza a resultar inevitable: ¿cómo puede existir institucionalidad suficiente para comprometer el petróleo venezolano, pero no para garantizar elecciones libres?
La contradicción no es menor.
Donald Trump ha dicho públicamente que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones. Sin embargo, su administración ha avanzado en un acuerdo petrolero de enormes dimensiones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, mientras Washington profundiza su relación con las autoridades que hoy controlan las instituciones venezolanas.
El acuerdo petrolero puede ser positivo para Venezuela si permite recuperar una industria devastada, atraer inversiones, generar empleo y producir recursos para la reconstrucción nacional. Nadie puede negar que la recuperación económica es indispensable.
Pero una cosa es reconocer la necesidad de reconstruir la industria petrolera y otra muy distinta aceptar que una negociación de semejante magnitud pueda desarrollarse sin que los venezolanos conozcan con suficiente claridad sus términos, condiciones, compromisos, mecanismos de control y beneficios para el país.
La recuperación económica no puede convertirse en una zona de opacidad.
Y aquí aparece la primera gran contradicción: si las instituciones venezolanas todavía no ofrecen las condiciones necesarias para garantizar una elección democrática, ¿por qué esas mismas instituciones sí resultan suficientemente confiables para negociar y comprometer los recursos petroleros de Venezuela?
Para unas cosas sí hay institucionalidad. Para otras, aparentemente todavía no.
El petróleo avanza; la democracia espera
La administración Trump ha presentado el acuerdo petrolero como parte de una estrategia de recuperación económica y modernización de la industria venezolana. El propio Trump ha destacado públicamente la magnitud del acuerdo y las enormes reservas petroleras involucradas.
Pero mientras el petróleo avanza, la democracia parece tener que esperar.
Esta semana se reanudó en Caracas el segundo ciclo del diálogo entre representantes del gobierno interino y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera. Las conversaciones incluyen asuntos tan importantes como la reforma judicial, los derechos políticos, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Es positivo que exista diálogo. Venezuela necesita diálogo.
Pero también necesita resultados verificables.
Porque Venezuela conoce demasiado bien los diálogos que producen fotografías, declaraciones y acuerdos, pero que terminan sin resolver el problema fundamental: cómo devolverle al ciudadano la capacidad real de decidir sobre su propio destino.
No basta con hablar de transición. Hay que construirla.
No basta con hablar de instituciones. Hay que recuperar su independencia.
No basta con hablar de elecciones. Hay que garantizar las condiciones para que el voto sea libre, competitivo y respetado.
Y no basta con hablar de transparencia. Hay que permitir que los venezolanos conozcan lo que se está negociando en su nombre.
La paradoja de Washington
Aquí aparece una segunda contradicción.
Durante años, Washington sostuvo que la solución venezolana pasaba por recuperar la democracia. Hoy, sin embargo, la prioridad parece estar adquiriendo una dimensión diferente: estabilizar el país, recuperar la producción petrolera, garantizar inversiones y convertir a Venezuela nuevamente en un actor energético relevante.
Nada de eso es necesariamente incompatible con la democracia.
El problema aparece cuando la recuperación económica avanza a una velocidad considerablemente mayor que la recuperación institucional.
Trump ha dicho que Venezuela todavía no está preparada para elecciones. Pero su gobierno sí considera posible avanzar con acuerdos petroleros de una magnitud histórica.
La pregunta entonces es inevitable:
¿Está Washington ayudando a Venezuela a recuperar la democracia para después recuperar su petróleo, o está recuperando primero el petróleo mientras deja la democracia para después?
La diferencia entre ambas estrategias no es semántica. Es política.
Porque una verdadera transición democrática debería colocar al ciudadano en el centro del proceso, no convertirlo en espectador de acuerdos negociados entre gobiernos, empresas y actores internacionales.
Delcy Rodríguez, la nueva interlocutora de Washington
La reunión que Donald Trump sostendrá con Delcy Rodríguez en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas agrega otra pieza al rompecabezas.
Será el primer encuentro presencial entre ambos desde la operación estadounidense que terminó con Nicolás Maduro fuera del poder y llevó a Rodríguez a encabezar el gobierno interino venezolano.
El encuentro tiene una enorme carga política.
No porque una reunión diplomática implique automáticamente un reconocimiento político absoluto, sino porque confirma que Rodríguez se ha convertido en una interlocutora indispensable para la estrategia estadounidense en Venezuela.
Y aquí conviene hacerse otra pregunta:
Si Delcy Rodríguez es una interlocutora válida para negociar petróleo, economía y estabilidad, ¿por qué no debería ser también una interlocutora obligada para acordar las condiciones concretas de una transición democrática?
La respuesta no puede ser que las instituciones venezolanas no están preparadas para unas elecciones mientras, simultáneamente, esas mismas estructuras sí están preparadas para comprometer recursos estratégicos del país.
La institucionalidad no puede funcionar por conveniencia.
O existe para todos los asuntos de Estado, o simplemente estamos hablando de una institucionalidad selectiva. Así como se hacen adaptaciones, nombramientos y hasta reformas de leyes de manera exprés, también pueden hacerse nombramientos del TSJ y CNE de forma exprés acordados con todos los sectores del país para así comenzar a dar pasos firmes hacia el rescate de la democracia.
Transparencia: el punto que no puede quedar fuera
Hay otro aspecto que no debería perderse de vista.
Venezuela no puede reconstruirse a espaldas de los venezolanos.
Después de décadas de opacidad, corrupción y ausencia de controles efectivos, cualquier acuerdo relacionado con el principal recurso económico del país debería estar sometido a los máximos estándares de transparencia y rendición de cuentas.
¿Cuánto vale el acuerdo?
¿Qué compromisos adquiere Venezuela?
¿Qué obtiene el Estado venezolano?
¿Qué obtiene Estados Unidos?
¿Qué empresas participarán?
¿Cuáles serán los mecanismos de supervisión?
¿Quién auditará los recursos?
¿Qué porcentaje quedará en Venezuela?
¿Cómo se utilizarán esos ingresos?
¿Quién garantizará que los recursos petroleros no vuelvan a convertirse en patrimonio de una élite política?
Estas no son preguntas contra el acuerdo.
Son preguntas a favor de Venezuela.
Porque una nueva industria petrolera sin transparencia podría reconstruir la producción, pero no necesariamente reconstruiría la República.
Y mientras tanto, Estados Unidos entra en campaña
La paradoja venezolana también tiene una dimensión electoral dentro de Estados Unidos.
Las elecciones de medio término del 3 de noviembre se acercan y el panorama político comienza a complicarse para los republicanos. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada esta semana mostró a los demócratas con una ventaja de siete puntos sobre los republicanos en la pregunta genérica para el Congreso, 44 % frente a 37 %. Otros análisis también muestran un escenario competitivo para el control de ambas cámaras, aunque todavía faltan semanas y el resultado no está decidido.
Venezuela podía haber sido una bandera política particularmente poderosa para los republicanos, especialmente en Florida y entre sectores del electorado venezolano y latino que respaldaron a Trump en 2024.
Sin embargo, la estrategia actual contiene una paradoja difícil de explicar.
El discurso de confrontación con el chavismo fue reemplazado por una relación de cooperación con el gobierno encabezado por quien fuera una de las principales figuras del chavismo.
Y mientras Trump negocia petróleo con Delcy Rodríguez y se prepara para reunirse con ella, algunos sectores de la comunidad venezolana en Estados Unidos cuestionan el acercamiento de Washington al nuevo gobierno venezolano. Axios ha señalado, además, que el tema Venezuela no aparece actualmente entre las principales preocupaciones electorales de los republicanos en Florida, por detrás de asuntos como la economía, los precios de la gasolina y la inmigración.
Esto debería preocupar políticamente al Partido Republicano.
No necesariamente porque Venezuela vaya a determinar por sí sola el resultado de las elecciones de noviembre. No existe evidencia para afirmar eso.
Pero sí porque una bandera que pudo haber sido utilizada para explicar una política coherente de transición democrática corre el riesgo de convertirse en una política difícil de explicar ante sus propios aliados electorales.
La pregunta para muchos votantes venezolanos en Estados Unidos puede terminar siendo muy sencilla:
¿Qué ocurrió con la promesa de recuperar la democracia venezolana?
Venezuela no necesita escoger entre petróleo y democracia
Sería un error plantear el debate como si Venezuela tuviera que escoger entre recuperar su industria petrolera y recuperar la democracia.
Necesita las dos.
Necesita petróleo para reconstruir su economía.
Necesita inversión para recuperar su infraestructura.
Necesita empresas internacionales para reactivar su capacidad productiva.
Pero necesita, al mismo tiempo, instituciones independientes, justicia, transparencia, derechos políticos, libertad de expresión y elecciones libres.
Una cosa no debería sustituir a la otra.
La reconstrucción económica debe financiar la reconstrucción institucional, no reemplazarla.
Y precisamente por eso el acuerdo petrolero debería ser transparente.
Porque Venezuela no puede salir de una etapa de opacidad entrando en otra.
El verdadero desafío del diálogo
El diálogo que acaba de comenzar su segundo ciclo tiene ahora una responsabilidad enorme.
No puede limitarse a producir acuerdos administrativos.
Tiene que responder las preguntas fundamentales de la transición.
¿Cuándo habrá elecciones?
¿Quién las organizará?
¿Con qué Consejo Nacional Electoral?
¿Qué ocurrirá con los derechos políticos?
¿Qué pasará con los inhabilitados?
¿Cómo se garantizará la libertad de expresión?
¿Qué ocurrirá con los presos políticos?
¿Cómo se garantizará la independencia del Tribunal Supremo de Justicia?
¿Cómo se recuperará la confianza del ciudadano?
Y, sobre todo:
¿Quién decide el futuro de Venezuela: los venezolanos o quienes hoy negocian en su nombre?
La transición no puede ser simplemente un acuerdo entre élites políticas y gobiernos extranjeros.
Debe tener al ciudadano como protagonista.
Porque si el petróleo puede negociarse hoy, la democracia también debería poder construirse hoy.
Si existen instituciones para firmar contratos, deben existir instituciones para garantizar derechos.
Si existe legitimidad suficiente para comprometer los recursos de la nación, debe existir legitimidad suficiente para devolverle al ciudadano su derecho a elegir.
Y si Washington considera que Venezuela todavía no está preparada para votar, entonces debería explicar con la misma claridad por qué considera que Venezuela sí está preparada para comprometer su principal fuente de riqueza.
Para el petróleo sí hay institucionalidad; para las elecciones todavía no.
Esa contradicción no puede convertirse en la nueva normalidad venezolana.
Porque Venezuela no necesita simplemente cambiar quién administra el petróleo.
Necesita recuperar una República donde el poder, las instituciones y los recursos públicos estén nuevamente al servicio de los ciudadanos.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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