“La unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración.” Simón Bolívar
El miércoles 9 de septiembre estuve en la Caja de Ahorro del Sindicato de los Trabajadores de la UCLA. La convocatoria del Pacto Unitario Gremial y Sindical, junto con distintas expresiones de la sociedad civil, no parecía una reunión para cumplir con una fotografía ni una de esas actividades que terminan en aplausos y consignas. La gente llegó con papeles, preguntas, reclamos y propuestas. Llegó, sobre todo, con la necesidad de que alguien escuchara. Y eso, en la Venezuela de hoy, ya es bastante decir.
El encuentro fue con Macario González, integrante de la Comisión de Apoyo de la Mesa de Negociación. La invitación había puesto sobre la mesa asuntos que no son pequeños: un Tribunal Supremo de Justicia integrado por magistrados honorables, un Consejo Nacional Electoral con rectores independientes, la libertad de los presos políticos civiles y militares, la reinstitucionalización del país, la emergencia económica de trabajadores, jubilados y pensionados, la salud, los apagones y la corrupción. No eran temas puestos para adornar una agenda. Eran las razones concretas por las que la gente decidió salir de su casa y estar allí. La asistencia fue numerosa y también diversa. Hubo larenses, productores del estado Portuguesa y miembros de la sociedad civil del estado Sucre. Estuvieron representantes de presos y expresos políticos. Entre ellos, el abogado del yaracuyano Kamel Salame Ajami. Cada grupo llevó una preocupación distinta, pero todas tenían un punto común: la necesidad de que la política vuelva a mirar a la persona que queda atrapada entre una institución que no funciona y una autoridad que no responde.
González explicó que la comisión está recogiendo problemas, oficios y propuestas para llevarlos al seno de la mesa. Dijo que muchos están haciendo ese trabajo en distintos lugares, oyendo a la gente y tratando de que las angustias no se pierdan en el camino. La frase es importante porque una negociación no puede limitarse a conversar entre dirigentes. Si la gente no entra en ella, aunque sea por medio de sus planteamientos, se convierte en una conversación cerrada y distante.
El diputado también habló de una segunda ronda de conversaciones, prevista a partir del 15 de septiembre, y de la revisión de varias leyes. Mencionó la ley contra el odio, la normativa de control a las organizaciones no gubernamentales y la legislación contra el terrorismo. Según explicó, esas reglas deben examinarse a la luz de los derechos y de los tratados internacionales. Dijo, además, que la comisión ha avanzado en la primera ronda y que aspira a que en diciembre pueda anunciarse un nuevo Poder Judicial y un nuevo poder electoral. Pidió paciencia. En Lara, sin embargo, la discusión no se quedó en la paciencia. González sostuvo que la comisión debe servir de canal para que se conozcan los problemas más trascendentales y adelantó que ese ejercicio de escucha se repetirá en otros estados. Es una decisión acertada. Una mesa que pretende hablar de reinstitucionalización no puede conocer el país desde una oficina ni solo por informes de sus propios integrantes. Tiene que encontrarse con los gremios, con los productores, con los trabajadores, con las víctimas, con los familiares de presos y con las organizaciones de la sociedad civil. Eso fue, en mi opinión, lo más valioso de la actividad realizada en Barquisimeto.
También escuché a González referirse al camino escogido para comenzar la recomposición institucional: el Poder Judicial. Explicó que se habría acordado modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para reiniciar el nombramiento. Habló del Comité de Postulaciones, de la recepción de credenciales y de la necesidad de revisar la trayectoria de cada aspirante. Insistió en que no se trata de escoger a quien cambió de partido ayer para ocupar un cargo mañana, sino de buscar personas decentes, honorables, independientes y con una historia que pueda ser examinada públicamente. Si la selección vuelve a depender de lealtades políticas, la institución podrá ser nueva en su nómina y vieja en su lógica.
González mencionó, además, un grupo de ocho personas llamado a verificar los perfiles de quienes sean postulados. Una institución no se vuelve independiente solo porque un número de ciudadanos revise unos expedientes. Hace falta que el procedimiento completo pueda ser vigilado, que los conflictos de interés sean declarados, que las objeciones sean respondidas y que la decisión final pueda ser explicada. La independencia judicial no es una frase bonita: es la posibilidad real de que un juez decida sin miedo a quien gobierna, sin obedecer a un partido y sin esperar favores. O sea, un Poder Judicial confiable se mide, sobre todo, por lo que ocurre después de que el juez firma.
Ese punto apareció con fuerza cuando se planteó el caso de Kamel Salame Ajami, quien estuvo diez años preso sin juicio y, después de una sentencia absolutoria definitivamente firme, quedó sometido a una especie de “muerte civil”. Sus representantes denunciaron que la interdicción civil se ha mantenido por más de cinco años y que las autoridades respectivas no han acatado la absolución ni las órdenes de devolución de sus bienes. Una situación que la mesa debe recibir, revisar y canalizar con urgencia. Aquí la Mesa de Negociación puede hacer algo útil sin sustituir a los tribunales. Puede recibir el expediente, identificar las autoridades responsables, pedir información verificable, promover una reunión de trabajo y exigir que se defina la vía jurídica para restablecer los derechos. No le corresponde dictar una sentencia ni borrar una medida por decisión política. Sí puede evitar que un ciudadano absuelto siga pasando de una ventanilla a otra sin que nadie asuma la obligación de responder. La reinstitucionalización empieza también por estos casos, porque es allí donde el discurso general se prueba frente a una persona concreta.
En la reunión escuché una idea que comparto: Venezuela tiene una oportunidad y no debería desperdiciarla por fanatismo ni por la búsqueda de las cinco patas al gato. Pero apoyar una negociación no significa entregarle un cheque en blanco. Significa exigir que se cumpla lo anunciado, que los acuerdos tengan texto, que los nombres puedan ser examinados y que los ciudadanos conozcan los avances. La paciencia puede ser razonable cuando hay transparencia. Cuando solo se pide esperar, sin información y sin resultados, la paciencia se parece demasiado a la resignación.
Por eso importa que la comisión vaya a otros estados. Lo ocurrido en Lara mostró que el país no está compuesto únicamente por los actores que aparecen en Caracas. Los productores de Portuguesa, los ciudadanos de Sucre, los gremios larenses y los representantes de presos y expresos políticos tienen algo que decir. Sus propuestas no son un añadido folklórico a la negociación. Son parte de la materia que debe ser discutida si de verdad se busca reconstruir instituciones capaces de responder a la sociedad. Salí de la Caja de Ahorro con una impresión doble. Por un lado, hay un esfuerzo que merece ser acompañado: escuchar, recoger oficios y llevar problemas a una mesa que hasta ahora muchos sienten lejana. Por otro, existe una obligación mayor: demostrar que esa escucha cambia algo. El nuevo Tribunal Supremo debe ser más que una promesa de diciembre. Debe nacer de un procedimiento constitucional, público y controlable. Y la libertad civil y política de personas como Kamel Salame no puede quedar para una segunda ronda interminable.
La actividad de Lara tuvo valor porque permitió que la negociación bajara del lenguaje de los acuerdos y se encontrara con la vida real. Allí estaban el salario que no alcanza, la oscuridad de los apagones, el temor de los presos, el productor que reclama, el ciudadano que quiere elecciones confiables y el abogado que pide que una absolución sea respetada. Todo eso forma parte de la reinstitucionalización. Si la mesa logra escuchar esa pluralidad, responder con hechos y corregir lo que deba corregirse, habrá comenzado a recuperar algo que el país perdió hace tiempo: la confianza en que la política puede servir para resolver, y no solo para prometer.
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