¿Paradoja política? Negociar con quienes primero te convirtieron en ausencia.
Mientras degustábamos una tostada caroreña en la Capital Musical de Venezuela y luego de conversar sobre los objetivos planteados en la Mesa de Negociación entre el Gobierno interino y la Asamblea Nacional del 2015, Macario González, ex Alcalde de Barquisimeto, me refirió un hecho muy interesante: que hoy, 12 de septiembre, se cumpliría un año de su secuestro.
Lo dijo con una serenidad difícil de explicar. Un año desde que salió de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, y funcionarios del SEBIN se lo llevaron. Un año desde que el Estado decidió convertir a Macario González en una persona sin paradero, sin expediente visible y, durante semanas, sin derecho siquiera a ser reconocido como detenido.
La tostada seguía sobre la mesa. La conversación, en cambio, ya estaba en otro lugar: en esos 68 días y 68 noches en los que Macario González permaneció incomunicado, sin audiencia de presentación, sin imputación conocida y sin una explicación pública convincente. En Venezuela, como se sabe, hay silencios que duran más que los procesos judiciales. Algunos incluso terminan cuando la víctima reaparece, pero no cuando el Estado responde.
Conviene llamar las cosas por su nombre. Macario González no fue objeto de una detención ordinaria ni de una actuación policial ejecutada con torpeza. Estamos ante una privación ilegítima de libertad acompañada por ocultamiento. Dicho sin maquillaje: un vulgar secuestro.
La palabra puede incomodar, pero más debería incomodar el hecho. La puerta que se abrió después de 68 días no transforma el cautiverio anterior en procedimiento judicial. Tampoco sustituye la orden que nunca se mostró, la audiencia que nunca ocurrió ni la explicación que la familia nunca recibió.
El asunto es todavía más grave porque los captores, según la denuncia, no eran particulares ni una banda clandestina. Eran funcionarios del SEBIN. Es decir, agentes de un organismo estatal. Allí aparece el contrasentido constitucional: el mismo Estado que debe proteger la libertad personal termina actuando como su principal depredador. El custodio se transforma en captor; la autoridad, en amenaza; el expediente, en un agujero negro.
El problema no terminó con la excarcelación. Macario González fue liberado, pero todavía quedan preguntas elementales. ¿Quién ordenó su detención? ¿Dónde estuvo exactamente? ¿Por qué no fue llevado ante un tribunal? ¿Qué autoridad registró su ingreso? ¿Quién informó a la familia? ¿Qué ocurrió con sus medicamentos y su estado de salud? ¿Por qué la denuncia tuvo que esperar a que cambiara el contexto político para ser formalmente presentada?
Una liberación sin investigación no es justicia. Es apenas la interrupción del cautiverio.
Ahora bien, el dato políticamente más incómodo es otro. Macario González, un año después de haber sido secuestrado por funcionarios del SEBIN, forma parte de la Comisión de Apoyo de la Mesa de Negociación. Allí participa precisamente en un proceso destinado a construir acuerdos, reducir tensiones y materializar objetivos políticos.
La escena parece escrita por alguien con un humor bastante oscuro. El hombre que fue desaparecido por el aparato estatal ahora se sienta a negociar con quienes representan a ese aparato. No para reclamar una indemnización, no para recibir una explicación previa, sino para trabajar en una mesa donde se discute el futuro del país.
Así las cosas, la situación de Macario González tiene una particularidad adicional. No solo participa en la negociación: contribuye a llevar adelante los objetivos de la Mesa. Es decir, el antiguo secuestrado no aparece como una figura decorativa, incorporada para ofrecer pluralidad o para suavizar una imagen pública. Está allí para trabajar, discutir y ayudar a construir acuerdos con representantes de quienes, directa o indirectamente, integran la estructura política bajo cuyo poder ocurrió su secuestro.
La paradoja es brutal. El sistema que no le reconoció derechos durante 68 días ahora necesita reconocerle legitimidad como interlocutor. El hombre que no merecía, para ese sistema, una explicación sobre su paradero, sí merece sentarse a decidir sobre la convivencia nacional. En otras palabras: para ser detenido no necesitaba pruebas; para negociar, de pronto, sí necesita ser considerado un ciudadano respetable.
El aniversario de este 12 de septiembre antecede el inicio de la segunda ronda de conversaciones, prevista para el martes 15 de septiembre de 2026. La cercanía de ambas fechas impone una pregunta que no debería ser incómoda, aunque probablemente lo será: ¿qué garantías pueden discutirse en una mesa si uno de sus participantes fue secuestrado por agentes estatales y todavía no existe una explicación pública suficiente sobre lo ocurrido?
La participación de Macario debería obligar a la mesa a mirar su propia sombra. Cada vez que intervenga, estará allí también el recuerdo de la universidad, la camioneta, la incomunicación, la familia buscando respuestas y los 68 días de silencio. No como una carga personal, sino como una advertencia institucional: ningún acuerdo será confiable si puede ser suspendido por una desaparición.
La tostada caroreña se acabó aquella tarde. La conversación no. Mientras Macario González hablaba, pensé que Venezuela ha llegado a un punto extraño: un ciudadano debe negociar con quienes representan al poder que lo hizo desaparecer y, además, demostrar madurez por aceptar la conversación. La justicia, mientras tanto, sigue esperando su turno.
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