El 17 de enero de 1961, Patrice Lumumba, primer jefe de Gobierno del Congo independiente, fue ejecutado en Katanga junto con Maurice Mpolo y Joseph Okito. Habían transcurrido apenas unos meses desde la independencia de Bélgica. La crisis política, el golpe de Joseph-Désiré Mobutu, la detención y los maltratos habían convertido aquella promesa de soberanía en una tragedia.
En 2001, una investigación parlamentaria belga atribuyó responsabilidad moral a integrantes del Gobierno de Bélgica y otros actores belgas por las circunstancias que condujeron a su muerte. En 2002 llegaron las disculpas oficiales. Por su parte, el Comité Church del Senado estadounidense documentó planes de la CIA para asesinar a Lumumba. Ese hallazgo debe distinguirse de la ejecución en Katanga: el comité no estableció una conexión directa entre aquel complot y los hechos que finalmente causaron su muerte.
La brutalidad continuó después de los disparos: el cuerpo de Lumumba fue desmembrado y disuelto en ácido. En junio de 2022, Bélgica entregó a su familia un diente conservado durante décadas. Sesenta y un años para devolver un resto de quien había encarnado la esperanza de todo un pueblo.
La historia deja una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la soberanía de una nación estorba a quienes ya hicieron sus cálculos sobre sus riquezas?
María Corina Machado regresó a Venezuela el domingo 25 de octubre. Su reaparición en Santa Rosa, estado Lara, y el recibimiento de sus seguidores volvieron a ponerle rostro a una esperanza que muchos habían querido dar por agotada.
Para quienes han acompañado su lucha, ese regreso tiene un significado que desborda la fotografía del día. Allí están las madres que esperan volver a abrazar a sus hijos, los abuelos que conocen a sus nietos por una pantalla y los jóvenes que sueñan con construir una vida en el lugar donde nacieron.
La esperanza también tiene esas dimensiones: una silla ocupada nuevamente en la mesa familiar, una despedida que deja de ser definitiva, una maleta que por fin hace el viaje de regreso.
María Corina, vencedora de las primarias opositoras de 2023 y galardonada con el Nobel de la Paz de 2025, representa para muchos venezolanos la persistencia de esa aspiración. Y esa fuerza plantea una exigencia que ningún acuerdo comercial puede resolver por sí solo: que los ciudadanos recuperen la capacidad de decidir quién los gobierna.
Los venezolanos podemos ser cálidos, generosos y hospitalarios. Conviene que nadie interprete esas virtudes como una autorización para decidir por nosotros. La amabilidad también sabe exigir respeto. Y la esperanza tiene memoria.
Precisamente por eso, en medio del entusiasmo, corresponde mirar con atención qué se negocia, quién decide y qué lugar ocupa la libertad en el orden de las prioridades.
Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026, Delcy Rodríguez pasó a encabezar el Gobierno. El 1 de abril, Washington retiró su nombre de la lista de sancionados de la OFAC. En septiembre, la Casa Blanca presentó un acuerdo petrolero como «el mayor de la historia» y defendió una secuencia de estabilización, recuperación y transición democrática.
Para los contratos hay anuncios, protagonistas y celebraciones. Para las urnas, los venezolanos seguimos necesitando certezas.
¡Qué admirable puntualidad tiene la diplomacia cuando encuentra un yacimiento! Las inversiones consiguen agenda, los negocios encuentran interlocutores y los barriles merecen titulares. La libertad, mientras tanto, debe aprender a esperar su turno con una paciencia que jamás se les exige a las ganancias.
Conviene mirar a Kazajistán, el país al que muchos asocian con el personaje de Borat, aunque su historia merece una lectura bastante más seria que una comedia.
Tras la disolución de la Unión Soviética, quedó en su territorio un importante arsenal nuclear y adquirieron nueva relevancia sus enormes recursos energéticos. En 1993, Chevron y el Gobierno kazajo constituyeron Tengizchevroil, con una licencia de exploración y producción de hidrocarburos por cuarenta años.
En 1994, mediante el Proyecto Sapphire, Estados Unidos trasladó desde Kazajistán aproximadamente seiscientos kilogramos de uranio altamente enriquecido. Ese mismo año, Bill Clinton y Nursultán Nazarbáyev firmaron una Carta de Asociación Democrática que proclamaba compromisos con el Estado de derecho y los derechos individuales.
La cooperación nuclear tuvo resultados concretos. Los acuerdos petroleros adquirieron larga duración. Los compromisos democráticos no garantizaron una competencia política efectiva.
Décadas después, los acontecimientos de enero de 2022 dejaron, según cifras oficiales recogidas por la OSCE, 238 muertos, incluidos 19 miembros de las fuerzas de seguridad. Aquel mismo año, los observadores de la OSCE describieron la elección presidencial como un proceso desarrollado en un entorno político carente de competitividad.
En noviembre de 2025, durante la visita del presidente Kasim-Yomart Tokáyev a Estados Unidos, se anunciaron veintinueve acuerdos por un valor cercano a los 17.000 millones de dólares.
El contraste merece atención. Una relación económica puede crecer durante décadas mientras las garantías democráticas siguen siendo insuficientes. La inversión, por sí sola, carece de poderes milagrosos para convertir a un gobernante autoritario en un demócrata.
En 2020, Kazajistán incorporó el «very nice» de Borat a una campaña turística.
La frase resulta magnífica para un anuncio. Como criterio para evaluar una transición política, deja bastante que desear.
En Venezuela, «very nice» sería un eslogan comodísimo para quienes sueñan con maquillar la continuidad del poder: fotografías amables, vocabulario renovado y abundantes oportunidades comerciales. Una operación de relaciones públicas en la que la palabra «estabilidad» termine sirviendo de sombrilla para quienes deberían rendir cuentas.
¡Qué prodigio! El autoritarismo podría mejorar su reputación con la misma rapidez con que mejora su capacidad de ofrecer negocios. Bastaría con presentar a sus administradores bajo una iluminación más favorable y pedirle al país que aplauda la nueva decoración.
Pero el ciudadano que ha sufrido arbitrariedad necesita garantías. El exiliado necesita condiciones para regresar. La víctima necesita justicia. Y el elector necesita que su voto tenga consecuencias reales sobre el poder.
Hay novedades que deben reconocerse: Marco Rubio ha hablado de una reforma electoral orientada a posibles elecciones en 2027. Al 28 de octubre de 2026, sin embargo, todavía no hay una fecha electoral fijada. Ese horizonte deberá concretarse en reglas verificables, participación libre y compromisos que puedan exigirse.
La reconstrucción económica es urgente. También lo son los tribunales independientes, la libertad de expresión y unas instituciones electorales que ofrezcan confianza. Un país necesita avanzar en todas esas tareas, con responsabilidades claras y plazos que sus ciudadanos puedan conocer.
Venezuela posee su propia historia democrática, su sociedad civil y una movilización que ha sobrevivido a años de desaliento. Esas fuerzas pueden cambiar el desenlace. La comparación con Kazajistán sirve como advertencia sobre un riesgo: que una relación comercial exitosa termine haciendo tolerable, para sus beneficiarios, una libertad permanentemente aplazada.
El regreso de María Corina vuelve a colocar esa exigencia en el centro de la conversación. El entusiasmo de quienes la reciben expresa algo que ninguna mesa de negocios debería ignorar: millones de personas quieren recuperar su país, reunirse con los suyos y vivir sin miedo.
Lumumba nos recuerda hasta dónde puede llegar la tragedia de un pueblo cuya soberanía queda atrapada entre ambiciones internas e intereses externos. Kazajistán muestra cuánto pueden durar los negocios mientras persisten las carencias democráticas. Venezuela tiene ante sí la responsabilidad de convertir su esperanza en garantías concretas.
Que los acuerdos se sometan al escrutinio público. Que los compromisos tengan fecha. Que los ciudadanos puedan elegir y exigir cuentas.
Sesenta y un años tardaron en devolverle a la familia de Lumumba un diente. Los venezolanos merecemos conquistar hoy las garantías que mañana podrían intentar sustituir con una disculpa solemne.
«Very nice» podrá satisfacer a quienes celebren sus contratos.
Venezuela exige libertad.
Y a un pueblo que exige libertad, ningún barril le sirve de bozal.
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