Los venezolanos día a día consideran un problema tramitar sus papeles migratorios En la Plataforma de Desarrollo Social del Quitumbe, donde funcionan algunas oficinas adscritas a la Cancillería, debido a la insuficiencia de la planificación y gestión del estado ecuatoriano en proporcionar recursos humanos que brinden agilización en los tramites más recurridos, y la reducción de la burocracia que entorpece y aumenta la insatisfacción del ciudadano a la hora de regular su estado migratorio.
En los últimos años al Ecuador ingresaron poco más de 400 mil ciudadanos Venezolanos con distintas calidad de residencia, lo que demuestra que el país no se encontraba preparado para afrontar una gran demanda de ciudadano extranjeros en resolver sus problemas migratorios puesto que todavía permanece en carencia de recursos humanos, todavía existe mucha burocracia, altos costo de los tramites y demora en los plazos de atención.
Ante tantas problemáticas que surgen día a día una buena parte de los ciudadanos Venezolanos desconocen de la
ley migratoria ecuatoriana aceptando pagar a los tramitadores ilegales que no tienen la suficiente experiencia y no te asegura resolver de manera legal y efectiva el estatus migratorio, siendo en algunos caso engañados y estafados contantemente porque hoy día en Ecuador no existe un regulador en migraciones que se abastezca en dar asesoría
personalizada y un servicio más óptimo que siempre espera un ciudadano en condiciones de vulnerabilidad.
“El dinero va cayendo de persona en persona: contacto, enlace, el que lo registra, el que lo imprime, y así va…” Hay quienes para agilizar los trámites recurren a una tercera persona: el gestor, quien puede llegar a cobrar desde 20 hasta 350 dólares, dependiendo del número de documentos a tramitar. Hay quienes cobran hasta 180 dólares por la carga de cada documento, la recuperación de claves y usuarios, por dar algunos ejemplos.
De acuerdo a la dificultad o ausencia de documentos de identidad, los precios que ofrecen los gestores no solo son exorbitantes, sino que también son ilegales porque la mayoría de los trámites (excepto el pasaporte) son gratuitos por vía oficial.
Es precisamente por la tardanza en cada proceso que la figura del gestor tomó tanto protagonismo. Actualmente, estas personas ofrecen la agilización de cualquier trámite, lo anuncian a través de redes sociales o por mensajerías instantáneas, todo ante la mirada ciega del Estado, que poco ha hecho para poner un alto a la situación.
Ciertos mecanismos discriminatorios y desiguales, en su diseño o implementación, pueden empujar a la irregularidad a
quienes tienen menos recursos materiales y menos habilidades o conocimientos para transitar ámbitos burocráticos y procedimientos administrativos.
“Un estatus migratorio regular es aún una condición para el ejercicio de ciertos derechos, especialmente los
económicos, sociales y culturales…”
Los elevados costos de las tasas para tramitar permisos de ingreso o residencias y de las multas que deben abonar quienes están en situación irregular son un obstáculo, sobre todo para quienes trabajan de manera informal o discontinua.
Ciertamente en todos los países regularizarse implica un gasto considerable para el presupuesto familiar y siempre son montos superiores a los que abonan los nacionales para obtener sus documentos de identidad. Al mismo tiempo, en varios países existen montos diferenciales para ciertos casos o formas de atenuar el costo.
Existe un proceso de toma de decisiones y formulación de políticas públicas que condicionan quién está presente “legalmente” en un país de destino y, por tanto, quién tiene la posibilidad de participar formalmente en la sociedad.
Obtener un visado regulatorio, a menudo significa levantarse a las 4 de la mañana, para ponerse en la cola con cientos de personas más, con la esperanza de que los documentos adjuntados sean suficientes para aplicar positivamente al trámite, y de que la persona a cargo de tu solicitud tenga un buen día
.
En ese devenir diario y ante nuevos mecanismos de control, la corrupción va de casos aislados que involucran a un solo funcionario hasta la corrupción general.
“La corrupción burocrática ocurre cuando los funcionarios reciben sobornos a cambio de trámites o servicios o cuando reciben pagos para modificar sus decisiones, violando las leyes…” “El enriquecimiento es la principal motivación para que un funcionario haga transacciones corruptas…”
Es innegable desconocer que los flujos intensos de migración pueden implicar riesgos para la seguridad nacional. Pero ese desafío debe comprometer a mejorar las políticas internas y de control migratorio, lo que no significa de manera alguna desconocer o restringir derechos, tendencia que se ha ido revertiendo en la región.
La búsqueda de políticas que atiendan el tema migratorio de manera integral, multidisciplinaria y desde todos sus ángulos se ha convertido en una deuda para con los derechos humanos, en tal sentido, el ingreso clandestino al país no debería equiparse con la misma sanción para quien lo hizo de manera premeditada y con la finalidad de burlar la justicia por sus antecedentes penales y judiciales; de aquella otra que –por desidia, negligencia institucional, desconocimiento o por encontrarse en un contexto de vulnerabilidad…
Los Estados deben realizar acciones que permitan a las personas migrantes regularizar su situación migratoria antes de adoptar medidas sancionatorias, siempre que no se trate de hechos que involucren la comisión de ilícitos penales. Es necesario recordar que toda acción que se adopte contra una persona migrante en cualquier país, puede repercutir negativamente en el trato que se le brinde a sus connacionales en el exterior, en atención al principio de reciprocidad en materia migratoria. Los procesos de regularización para ser exitosos deben tener presente los siguientes aspectos:
a. Plazos amplios: Deberán ser realistas y basarse en el número estimado de personas que se acogerán a la regularización, y los recursos disponibles para la atención de las mismas.
b. Correcta difusión e información: La difusión deberá ser amplia y clara de forma que la persona extranjera tenga certeza acerca de la documentación que se le exigirá y el plazo con el que cuenta para presentarla.
c. Costos accesibles: Si bien no puede ser gratuita en todos los casos, debe tenerse presente que una tasa muy elevada desalentará a la persona migrante y, por ende, el fin último de la regularización perseguido por el estado receptor.
A estas alturas, todos saben que restablecer la confianza en las instituciones está en el centro de la agenda política de los gobiernos de América Latina. Si bien los denominados “grandes escándalos de corrupción” ocupan la mayoría de los titulares, la burocracia en el sector público es un problema silencioso pero de grandes implicaciones. Los procedimientos engorrosos crean un espacio discrecional para que algunos funcionarios públicos sin escrúpulos acepten sobornos a cambio de acelerar procesos administrativos rutinarios. Los costos de la burocracia son particularmente gravosos en una región que ha sido testigo de una desaceleración económica y actualmente se encuentra sometida a la crisis sanitaria generada por la Pandemia del Covid.
La burocracia dificulta los trámites, Los sobornos administrativos para acelerar los procedimientos constituyen un impuesto oculto especialmente dañino para los pobres, los vulnerables, los que no tienen identidad, y sobreviven del mercado de trabajo informal. Para este grueso grupo de ciudadanos, los procedimientos burocráticos son demasiado complejos. La mayoría de los procedimientos requiere más de una interacción con el organismo, un puñado de procedimientos a los que solo se puede tener acceso y realizar en línea, un factor limitante y que da puerta abierta a los asesores y gestores, en dichos procedimientos administrativos, un ciudadano común puede gastar un promedio de impredecible en $ por trámite, lo que al final equivale a un total aproximado de $3600…Con cifras que hablan tan elocuentemente de la relación entre burocracia y corrupción, no es de extrañar que sea la causa principal de la desregulación de buena parte de la comunidad venezolana.
Los sobornos administrativos pueden ser una forma silenciosa de corrupción, pero paradójicamente es de lo que habla todo el mundo.
Los ciudadanos comunes deben pagar sobornos a fin de realizar hasta los mas sencillos trámites burocráticos y experimentan una creciente desatención en la provisión de servicios gubernamentales básicos. Esto es el resultado de un ambiente general de impunidad: algunos funcionarios implicados en graves escándalos de corrupción han sido separados de sus cargos, pero no obligados a rendir cuentas ante la justicia. La corrupción tiene lugar cuando existen un motivo, una oportunidad e impunidad de acción. La oportunidad de ejercer la corrupción surge cuando no existen controles administrativos ni procedimientos, cuando hay pocos mecanismos de control y equilibrio.
La legalización se transforma en un muro invisible que se otorga solo a algunas personas que están en la capacidad económica de obtenerla.
También la migración controlada, sirve para negar la entrada de otros individuos, entonces está utilizada como una herramienta política de exclusión legitimada por el propio Estado.
A estas alturas, todos saben que restablecer la confianza en las instituciones está en el centro de la agenda política de los gobiernos de América Latina….
Enrique López Alfonzo
Periodista Venezolano Independiente
+584245428120
elopez0333@gmail.com
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