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2019: año del apagón digital e informativo y violación de la libertad de expresión en Venezuela

Durante los últimos años los niveles de tensión política y social en Venezuela revelan un incremento sostenido, lo cual se refleja en el número de violaciones a la libertad de expresión. En el periodo comprendido entre el mes de enero y diciembre de 2019, se registraron 468 casos, lo cual significa un incremento del 21% con respecto al número total de casos documentados durante el 2018.

En 18 años de registro (desde 2002), el número de casos documentados en el 2019 sólo es superado por el año 2017, jornada que estuvo caracterizada por altos niveles de conflictividad social y una fuerte represión ejercida desde distintos organismos de seguridad del Estado.

El mayor volumen de casos se acumuló durante los primeros meses del año, indicador que coincide con los niveles de cobertura informativa que demandó la movilización opositora del 23 de enero, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como el ingreso de la ayuda internacional con fines humanitarios a territorio venezolano en el mes de febrero
y el colapso del sistema eléctrico nacional, durante el mes de marzo.

Durante el 2019, del total de casos documentados se derivaron 1049 denuncias de violaciones al derecho, lo cual indica un incremento del 73% con respecto al número de violaciones registradas para el año 2018. A pesar de que el 2019 se sitúa en segundo lugar con respecto al total de casos, ocupa el primer lugar en número de violaciones.

Violaciones a la libertad de expresión por tipo de violación
Privaciones ilegítimas de libertad
114 personas fueron detenidas o retenidas por cuerpos de seguridad del Estado a raíz de la difusión de denuncias u opiniones a través de redes sociales y medios de comunicación. De esta cifra, el 64% son trabajadores de la prensa, y en su mayoría, fueron excarcelados luego de permanecer retenidos durante algunas horas por los distintos cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, lo cual revela la arbitrariedad de los procedimientos. Algunos de los casos se reseñan a continuación:

El 30 de abril, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a José Mercedes Muñoz, locutor y director de la emisora Oestereo 99.7 FM, en el estado Monagas, mientras transmitía su programa en vivo. Desde la cuenta en Twitter de la Alcaldía del municipio Ezequiel Zamora anunciaron el «acompañamiento a la ocupación de la emisora» ubicada en Punta de Mata. «Esta emisora está inmersa en la desestabilización y el golpe de Estado de la derecha que reiteradamente ha llamado a la violencia, al terrorismo y al desconocimiento de la Constitución. La paz en Venezuela y en Zamora vencerá» se lee en un tweet realizado por la cuenta oficial de la Alcaldía del municipio. Posteriormente, Muñoz fue excarcelado bajo medidas cautelares, motivo por el cual tiene régimen de presentación cada 8 días, prohibición de salida del estado Monagas y prohibición de participar en actividades públicas.

El 12 de marzo, el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de su salida de la sede de Unión Radio, en Caracas. Naky Soto, esposa de Luis Carlos, denunció a través de Twitter la desaparición, detallando que la llamaron de la emisora para informar que el periodista no había llegado al operativo especial que realizaría para informar sobre la situación relacionada con la crisis de energía eléctrica venezolana9. Más tarde, 16 funcionarios del Sebin se presentaron armados en su residencia, para hacer un allanamiento, en el que se llevaron diferentes bienes y objetos personales. Soto informó que los efectivos llevaron esposado a Díaz para que estuviera presente durante el procedimiento y que estos mismos le informaron que sería trasladado a la sede del Sebin en El Helicoide. Posteriormente, Díaz fue excarcelado a las 11:00 de la noche del mismo día. Se le acusó de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Le impusieron prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación.

Karen Palacios, clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela denunció a través de su cuenta en Twitter que fue expulsada de la organización por haber firmado a favor del referendo presidencial que impulsó la oposición venezolana en el año 2017. Luego de realizar la denuncia a través de la red social, la joven de 25 años de edad fue detenida el 1 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por “instigar al odio en redes sociales”. Palacios fue excarcelada el 16 de julio, luego de que el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, aseguró que sería “puesta en libertad”.

El 11 de julio, el periodista Wilmer Quintana fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de que este denunciara a través de su cuenta en Facebook al gobernador del estado Guárico, José Manuel Vásquez, por irregularidades en la distribución de alimentos a cargo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el servicio de gas doméstico. El 6 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que Quintana sufrió un infarto en la sede del CICPC de San Juan, donde permanece recluido. Posteriormente, el 20 de agosto, le fue otorgada casa por cárcel por motivos de salud.

El 19 de noviembre funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a Ana Belén Tovar, luego de que realizaran un allanamiento a la sede de la agencia Venmedios, en donde funciona el medio de comunicación digital Entorno Inteligente. Transcurrida una semana desde el momento de la detención trascendió que ya había sido presentada ante un tribunal y que le fue asignada una defensa pública, aun cuando sus abogados privados asistieron de manera regular a la sede del DGCIM, en donde permanece recluida. Tovar es acusada por revelación indebida de data, obstrucción a la administración de justicia, y asociación para delinquir y atraviesa un proceso plagado de vicios e irregularidades
.
Víctor Ugas, periodista y asistente del diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, fue detenido el 20 de diciembre junto al parlamentario mientras cenaba en un local de la urbanización El Paraíso, en Caracas. Se pudo conocer que en el procedimiento participaron más de 200 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Familiares de Ugas denunciaron a través de las redes sociales desconocer el paradero del periodista, así como su estado de salud. Luego de permanecer casi un mes desaparecido, Ugas fue trasladado a su residencia por funcionarios de las FAES durante la madrugada del 17 de enero del 2020.

Las detenciones arbitrarias constituyen un mecanismo común dentro de las modalidades implementadas por los cuerpos de seguridad del Estado para silenciar o minimizar opiniones incómodas al poder. En algunos casos, tras poner fin a la detención no se concluye con el proceso judicial en contra de las víctimas.

Tal fue el caso de Pedro Jaimes Criollo, preso por tuitear la ruta del avión presidencial, quien fue excarcelado el 17 de octubre de 2019, luego de permanecer detenido más de un año y cinco meses, tiempo en que fue víctima de tratos crueles. A su salida de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, no le fue otorgada su respectiva boleta de excarcelación y se le impuso régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.

El 4 de octubre del 2018 Jaimes Criollo recibió una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y casi un año después, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo pública una resolución donde asegura que la detención del tuitero es arbitraria y solicita al gobierno de Nicolás Maduro otorgarle la libertad inmediata, así como garantizar su derecho a la reparación.

A pesar de estas decisiones, las autoridades venezolanas sometieron abiertamente a Pedro Jaimes a un proceso viciado e injusto, que atenta contra la libertad de opinión y expresión como condición imprescindible para el desarrollo humano y criminaliza la difusión de información pública a través de internet.

Impedimento de cobertura y de difusión
El 66% de los casos de intimidación estuvo relacionado al impedimento de las coberturas a periodistas durante el desarrollo de protestas ciudadanas por derechos políticos y sociales. De igual forma, la labor de periodistas y reporteros se vio afectada por la prohibición de acceso a instituciones públicas, como la Asamblea Nacional.

Los casos de censura no solo estuvieron asociados a las restricciones aplicadas directamente a medios de comunicación, sino también a la prohibición de difusión de contenido audiovisual:

Flavio Pedota, cineasta venezolano, denunció a través de las redes sociales que el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), impidió la proyección de la película «Infección» en las salas de cine del país, luego de establecer trabas burocráticas a los creadores del largometraje para acceder a los permisos necesarios. En el comunicado, publicado el 8 de octubre, a través de la cuenta Instagram del filme, Pedota señala “Escribo esta carta luego de casi 9 meses de lucha contra la institución gubernamental de Maduro que funciona como filtro de censura para las películas venezolanas, el CNAC”.

El 8 de octubre, el tribunal trigésimo sexto de primera instancia estadal de Caracas, emitió una orden en contra de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar que exigió la paralización de la difusión y promoción del cine foro sobre el documental «El Chavismo la peste del siglo XXI». El 27 de noviembre el Ministerio Público emitió otra orden para prohibir la difusión a través de un cine foro en la Universidad Central de Venezuela.

Adicionalmente, como parte de las restricciones registradas, fueron cerradas 27 emisoras de radio en distintos estados del territorio nacional; en la mayoría de los casos los procedimientos se realizaron de forma irregular, sin previo aviso y sin órdenes judiciales o explicaciones por parte de los funcionarios gubernamentales. Destaca el caso de Radio Caracas Radio, emisora más antigua del país, la cual se vio obligada a cesar operaciones el 30 de abril, por orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo que acumula el 18% de las restricciones administrativas del 2019.

Bloqueos en línea y apagones
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) es la responsable del 25% de las restricciones administrativas registradas, lo cual la convierte, en este caso, en el principal victimario. En al menos 93 oportunidades la empresa estatal implementó bloqueos de distintos tipos para evitar el ingreso de usuarios a determinados sitios y redes sociales como Youtube, SoundCluod, Twitter e Instagram. En su mayoría, dichas medidas coincidieron con el desarrollo de movilizaciones opositoras o alocuciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Internet se vio afectado por las fallas del sistema eléctrico nacional, situación que se registra cada vez con más frecuencia y que durante el 2019 perjudicó notablemente las comunicaciones, de manera simultánea, en gran parte del país.

En cinco oportunidades se registraron apagones masivos; el primero de ellos el 7 de marzo, cuando al menos 22 estados quedaron sin energía eléctrica, en promedio por varios días. Situación que se repitió en 16 estados el 25 de marzo, lo que incomunicó a los ciudadanos por aproximadamente 24 horas continuas. Tan solo días después, el 29 de marzo, una tercera falla del sistema eléctrico interrumpió nuevamente los servicios de telefonía móvil e internet, esta vez en 21 estados del territorio nacional. El 9 de abril el servicio se vio afectado en 17 estados del país, condición que se revirtió paulatinamente en horas posteriores. El quinto y último apagón masivo registrado durante el 2019 se desarrolló el 22 de julio, dejando sin luz a 22 estados durante varias horas.

A propósito de las fluctuaciones del sistema eléctrico, medios de comunicación regionales, medios digitales y emisoras de radio vieron afectada su labor, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos a informarse oportunamente se vio limitado o restringido por completo. Tras la extensión de las fallas eléctricas, emisoras con planta de gasoil tuvieron que cesar transmisiones una vez terminadas las reservas del combustible, en unos pocos días. La telefonía fija fue afectada parcialmente el 7 de marzo, lo que permitió en algunos casos mantener conectados a algunos sectores de la población, sin embargo, en los apagones sucesivos los daños al servicio telefónico se incrementaron, lo que derivó en limitaciones prolongadas del servicio, incluso tras la restitución de la energía eléctrica. Daños similares se registraron con los servicios de internet, que quedaron inoperativos en algunos casos, luego del retorno de la electricidad.

Víctimas y victimarios

El 67% (296) de las víctimas son hombres, mientras que el 33% (143) son mujeres. Los principales afectados fueron periodistas y reporteros, quienes integran cerca del 48% de las víctimas. En la mayoría de los casos a través de prácticas intimidatorias, agresiones y hostigamiento verbal, lo cual impide el libre ejercicio de sus labores.

El 13 de enero las periodistas Beatríz Adrián de Noticias Caracol y Osmary Hernández21, de CNN en Español, fueron detenidas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuando se encontraban en las afueras de la sede del organismo de inteligencia, buscando obtener información sobre la aprehensión del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien había sido detenido minutos antes por funcionarios del mismo cuerpo.
Durante la cobertura de los hechos ocurridos en Cotiza en la madrugada y mañana del lunes 21 de enero, el periodista Luis Carlos Parada22 fue herido de perdigón en una pierna por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraban presentes en el lugar.

El 30 de abril, Andreína Ramos, corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV), fue abordada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Espaciales (FAES) quienes intentaron despojarle su celular cuando ella hacía la cobertura de las manifestaciones convocadas por Guaidó en la avenida Lara de Barquisimeto. Más tarde, en el sector Cardenalito, del estado Lara, cuando Ramos cubría la represión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue agredida con una bomba lacrimógena.

El periodista estadounidense, Cody Weddle fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) después de hacer un allanamiento en su residencia la mañana del 6 de marzo. Weddle fue liberado, después de pasar 12 horas detenido, posteriormente fue deportado a los Estados Unidos.

El 7 de octubre el gobierno de Venezuela impidió el ingreso del periodista británico John Carlin al país, cuando este se disponía a hacerlo por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Carlin visitaría el país para participar en una conferencia sobre Nelson Mandela. Tras lo sucedido, el comité organizador de la visita, calificó de “inexplicable” la decisión del gobierno al impedir la visita del británico, pues aseguran que el invitado contaría historias de otros países que estuvieron en contextos similares al de Venezuela, a fin de ofrecer insumos para construir soluciones a la crisis actual.

El 24 de octubre la reportera Rosmina Suárez, de la emisora Radio Fe y Alegría 88.1 FM de Maracaibo, se encontraba en el parque Rafael Urdaneta para cubrir una convocatoria de protesta de la oposición; en el sitio fue rodeada por un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de la Milicia, quienes intentaron quitarle su teléfono. La actuación de algunos civiles presentes evitó que el intento de robo se ejecutara.

El periodista Luis Hugas, quien trabaja para medios de comunicación del Estado, agredió a Fernando Tineo, reportero del portal digital Venepress, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rendía declaraciones en las instalaciones del Parlamento el 3 de diciembre. El hecho quedó registrado en vídeo y fue ampliamente difundido en las redes sociales.

Asimismo, distintos medios de comunicación vieron limitado su rol informativo debido, no solo a los cierres de medios y bloqueos en línea, sino también al hurto de equipos técnicos en los estados Trujillo, Zulia, Mérida, Lara y Anzoátegui. Situación que en el contexto actual acentúa las dificultades que tienen las personas para acceder a información oportuna y plural en las distintas regiones del país.

Un total de 46 trabajadores públicos fueron víctimas de acoso, amenazas o persecución por participar en manifestaciones públicas, denunciar casos de corrupción en instituciones del Estado o por negarse a suscribir documentos favorables al partido de gobierno. Uno de ellos fue el caso de Geovany Zambrano Rodríguez, trabajador de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien fue detenido el 12 de marzo por funcionarios del Sebin en San Félix, en el estado Bolívar, quienes se lo llevaron sin orden judicial. Tras este hecho, los familiares reportaron al trabajador como desaparecido al desconocer su paradero. Dos días después, el 14 de marzo, Zambrano apareció detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Al trabajador le fue notificada una jubilación adelantada tras haber acompañado unas declaraciones de varios/as compañeros/as sobre las causas de la crisis eléctrica nacional.

Apenas el 11 de marzo, el trabajador público fue detenido por efectivos del Sebin en horas de la noche y liberado nueve horas más tarde luego de ser interrogado sobre las declaraciones públicas que ofreció con sus colegas respecto a la situación eléctrica en el país.

Entre los principales victimarios se encuentran los cuerpos de seguridad, quienes han sido los responsables de 159 oportunidades. En tal sentido, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acumulan la mayor cantidad de violaciones. La actuación de los cuerpos de seguridad del Estado se caracterizó principalmente por impedir la cobertura de periodistas en manifestaciones públicas, a través de la intimidación y el hostigamiento, así como por su participación en procesos como allanamientos o inspecciones a medios de comunicación.

Casi en la misma proporción de los cuerpos de seguridad, figuran las Instituciones del Estado con 147 registros. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ocupan los primeros lugares en la lista de instituciones del Estado que vulneran el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En consonancia con el discurso oficial, ambas instituciones estatales se caracterizaron por bloquear contenidos en línea o aplicar medidas restrictivas en medios de comunicación tradicionales, como radio y televisión.

Lugares de ocurrencia
Distrito Capital se sitúa como la región geográfica con mayor número de situaciones registradas, dado que esta es la sede de los poderes públicos, se desarrollan gran cantidad de manifestaciones masivas, así como hechos que demandan cobertura por parte de periodistas y medios de comunicación.

Complementan la lista de los cinco estados con más casos Lara, Táchira, Zulia y Bolívar. En el estado Táchira, la intensa actividad política que se registró durante los primeros meses del año, vinculada al ingreso de la ayuda humanitaria a territorio venezolano, generó un alza en las violaciones a la libertad de expresión. En los estados Lara y Zulia se evidenció un alto nivel de incidencias, generadas principalmente por el impedimento de la labor periodística durante manifestaciones públicas. Mientras que en el estado Bolívar gran parte de las denuncias registradas estuvieron asociadas a restricciones impuestas a líderes sindicales así como al impedimento en la cobertura de protestas y hechos noticiosos desarrollados en torno a las Empresas Básicas y otras empresas estatales como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con fuerte presencia en la región.

Exigencias y recomendaciones
El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, a través de su promoción y garantía, para ello es necesario eliminar las barreras que puedan impedir de forma ilegítima su realización. El debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades para la participación a las comunidades, a fin de superar la crisis nacional y recuperar la institucionalidad del país.

Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, sostienen un contexto polarizado y hostil para el ejercicio de la comunicación, la búsqueda y difusión de información que afecta al universo de la población que reside en Venezuela.

Las recomendaciones y exigencias insisten en la necesidad del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el compromiso por parte del Estado, en garantizar las condiciones que permitan la participación plena y crítica de la ciudadanía.

Garantizar independencia por parte de Conatel y otros entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para prensa, con el objeto de que puedan existir medios de comunicación plurales en los que todas las ideas puedan ser expresadas.
Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, mediante la debida investigación y sanción de cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.

Que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en los que se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen y debe permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados. Un marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permitiría fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con los mismos recursos del medio o periodista.

Suprimir las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato del Código Penal. Las faltas al honor o reputación deben ser resarcidas a través del derecho a réplica.
Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública e incentivar otras formas de participación distinta al voto, como la contraloría social, que requiere de una libertad de expresión plena de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria para la construcción del pensamiento crítico.
Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio acceso a la información pública lo que demanda la aprobación de leyes nacionales, estatales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para favorecer la publicación pro-activa de información; y el diseño de sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. La política pública debe permitir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.

Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y televisión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta necesidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a las garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la independencia de los órganos y la estricta precisión de las normas que deben respetar el contenido del derecho según los estándares internacionales.

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

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