El 29 de septiembre los estados demandantes del parole y el gobierno de Biden se vuelven a encontrar. El 27 de octubre es la última fecha para los alegatos
MIAMI.– El juez federal Drew B. Tipton dictaminó que las partes en litigio sobre la permanencia o no del parole de Joe Biden tendrán hasta el viernes 27 de octubre como fecha límite para contrarrestar los argumentos finales, los cuales, de un lado y de otro, parecen ser lo suficientemente sólidos para que este juicio sea calificado como una “guerra de titanes” como lo publicó recientemente el DIARIO LAS AMERICAS.
La orden señala que el 29 de septiembre de 2023, las partes presentarán propuestas de Hecho y Conclusiones de Derecho con citas al expediente del juicio.
También incorporarán los memorandos que aborden las cuestiones sobre las cuales la Corte ha solicitado información adicional o cualquier otro asunto que las partes consideren fundamental en sus planteamientos. Pero la historia no termina allí y habrá otro día para completar el expediente.
El Juez Drew B Tipton agregó una novedad en esta etapa final del juicio en respuesta a una demanda de 20 estados sobre el anuncio del parole humanitario del pasado mes de enero que permite a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela entrar a EEUU con el respaldo de un patrocinante.
Luego de esa fecha de finales de septiembre, el juez ordenó que a más tardar el 27 de octubre de 2023, las partes podrán presentar otras respuestas o alegatos que aborden cualquier cuestión que consideren importante agregar en las conclusiones de los hechos lo que se sumará a los memorandos de derecho posterior al juicio.
Eso significa que la permanencia o no del programa humanitario para los ciudadanos de estos países, se sabrá con posterioridad al 27 de octubre, una decisión que debe tomar el juez y que puede prolongarse hasta finales de año.
Como se ha venido señalando, en caso de que el juez fallara en contra del programa se inician las apelaciones y las personas en tránsito o ya aprobadas no pueden ser perjudicadas por una acción legal de este tipo.
Sin embargo, El juez ha mostrado sus reservas a la hora de suspender temporalmente el programa como lo han solicitado los estados republicanos demandantes.
Argumentos de unos y otros en el juicio
El gobierno de Joe Biden debe ir ante el juez con una posición más clara en cuanto a la efectividad del parole y demostrar que el mismo responde a un criterio humanitario y no a un programa de visas como han alegado los demandantes, quienes han cuestionado que estas personas han entrado al país por el solo hecho de ser ciudadanos de los países favorecidos siendo prácticamente el único requisito tener un sponsor.
Al agregarse una casilla en las peticiones sobre las causas humanitarias que el patrocinante debe explicar, el gobierno de Biden puede mostrar que efectivamente son causas humanitarias. Asimismo, los defensores del gobierno han alegado que se han cumplido “todos los tópicos de seguridad”.
Del lado de los 20 estados demandantes, estos tienen que mostrar con cifras el costo que significa para el país esa iniciativa migratoria y la pesada carga pública.
Paralelamente los estados han criticado que pese a este plan, la inmigración ilegal sigue creciendo y está fuera de control, mientras que el gobierno ha dicho todo lo contrario, aunque la patrulla fronteriza muestra otra realidad.
Hay una pregunta fundamental que hizo el Juez y sobre lo cual el gobierno de Biden debe basar su defensa ¿El hecho de que alguien viva en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente? “Creo que no,” fue la respuesta de Elissa Fudim, una abogada del Departamento de Justicia que defiende al gobierno.
Los demandantes son los estados de Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
El parole sigue su curso
Mientras tanto el parole sigue funcionando y hasta julio según datos de la agencia de seguridad estadounidense más 181.000 viajeros llegaron legalmente a EEUU según anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)
Más de 41.000 personas de Cuba, 72.000 de Haití, 34.000 de Nicaragua y 63.000 de Venezuela han sido examinados y autorizados para viajar a EEUU, donde reciben autorización final para quedarse por dos años en el país bajo ese programa.
A este número de suman unos 39.000 cubanos, más de 60.000 haitianos, 27.000 nicaragüenses y más de 55.000 venezolanos que ya entraron al país, indicaron las autoridades.
Fuente Diario Las Américas
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