Luz Neira Parra, magíster en desarrollo social, asegura que en muchas zonas mineras del país existe una ausencia real del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Por otro lado, Osnel Gómez, politólogo indica que una eventual apertura del sector podría venir acompañada de mecanismos de cooperación internacional. Estos mecanismos estarían orientados a mejorar los sistemas de seguimiento de mercancías y seguridad logística. Por su parte, el economista Manuel Sutherland cuestiona la idea de que la explotación intensiva de minerales sea la vía para reactivar la economía venezolana.
La posible instrumentación de una reforma a la Ley de Minas pone al país como uno de los destinos principales para recibir inversión extranjera a través de la explotación de recursos como oro, hierro, bauxita y otros minerales. El proyecto, impulsado por la Asamblea Nacional podría ayudar a atraer el capital necesario para la estabilidad económica que el gobierno estadounidense planteó en su plan de tres fases para Venezuela.
Sin embargo, existen dudas importantes sobre cómo el Ejecutivo, liderado por Delcy Rodríguez, podría garantizar la seguridad y el control en zonas clave como el Arco Minero del Orinoco, una vasta región minera rica en minerales estratégicos que actualmente enfrenta problemas de presencia de grupos irregulares y actividades ilegales.
En el informe titulado Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción, Transparencia Venezuela presentó una actualización de cómo en esta actividad económica se profundizan y perfeccionan los mecanismos corruptos, dejando casi de lado el contrabando con pistas clandestinas y otras estrategias, para utilizar desde 2020 las llamadas “alianzas estratégicas”
La ONG identificó en el negocio del oro, hasta el cierre de 2024, al menos 72 empresas que forman parte de esas “alianzas estratégicas”, cuyos dueños son militares y personas cercanas a las élites del poder, algunas de ellas investigadas por corrupción en otros países. Además, se advirtió que no tienen experiencia en la explotación, producción y comercialización de oro.
No se conocen los criterios ni los procedimientos de los entes públicos para seleccionar a los socios en las alianzas estratégicas, el alcance de sus obligaciones, la duración de los acuerdos, el nivel de producción, la cantidad de contratos que se han suscrito hasta la fecha, así como las cifras de mineral exportado o entregado a la República por medio del BCV. Tampoco hay información sobre los beneficiarios finales de estos acuerdos”, señala el reporte.
Control territorial
Luz Neira Parra, magíster en desarrollo social asegura que en muchas zonas mineras del país existe una ausencia real del monopolio de la fuerza por parte del Estado, lo que significa que ni la Fuerza Armada ni los cuerpos policiales ejercen un control efectivo del territorio.
La catedrática universitaria agrega que en ese vacio institucional, grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han logrado expandirse y consolidarse. Según explica, esta situación no solo permite el crecimiento de estas organizaciones, sino que también genera dinámicas de extorsión, reclutamiento forzado y violencia selectiva, especialmente contra comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de las zonas mineras.
Mientras no se impulsen reformas estructurales que incluyan mayor seguridad, judicialización efectiva, presencia institucional sostenida y alternativas económicas legales para las comunidades, estos grupos no serán erradicados y continuarán fortaleciendo su control territorial, apoyados en la minería ilegal como principal fuente de financiamiento», menciona.
Parra señala que en algunos casos existe tolerancia o complicidad de autoridades locales, lo que facilita que estas estructuras armadas mantengan y expandan su poder en la región. Asimismo, menciona que hace falta implementar medidas más eficaces para poner fin a este tipo de irregularidades.
El problema no se resolverá únicamente con operativos militares, sino con una estrategia integral del Estado que recupere el control institucional y ofrezca opciones económicas formales a la población», detalla.
Al ser consultada sobre la posible instalación de una base militar de EE. UU, en Guárico, la especialista menciona que este tipo de presencia, en un análisis crítico, podría obedecer a varias motivaciones simultáneas. Sin embargo, asegura que la idea de una base norteamericana en Venezuela sigue siendo altamente controvertida y no está formalizada en acuerdos públicos que se conozcan .
Mucho dependerá de negociaciones diplomáticas y del desarrollo del escenario político interno venezolano debido a todas estos escenarios es altamente prioritario establecer un cronograma para la restitución de un marco legal institucional que posibilite en un lapso perentorio las elecciones donde se elija libremente y legitime autoridades con todo el peso de la ley», agrega.
Cooperación internacional
Por su parte, el politólogo Osnel Gómez asegura que un componente clave para frenar las actividades irregulares en el Arco Minero pasa por el fortalecimiento de las capacidades organizativas del Estado para ejercer control sobre toda la cadena de suministro minera. El consultor político destaca que esto implicaría no solo regular la extracción, sino también supervisar el transporte, el procesamiento, la comercialización y la exportación.
Gómez señala que en este escenario, una eventual apertura del sector podría venir acompañada de mecanismos de cooperación internacional orientados a mejorar los sistemas de seguimiento de mercancías y seguridad logística.
La consolidación de un sistema institucional capaz de monitorear cada una de estas etapas permitiría limitar el margen de acción de los actores irregulares presentes en la región», indica.
El especialista en análisis y contenido digital advierte que la presencia del ELN y de otras estructuras paramilitares introduce un factor de seguridad que cualquier reorganización del sector deberá considerar. A su juicio, estos grupos irregulares han desarrollado redes de control territorial en zonas fronterizas y rurales, lo que les permite influir en las dinámicas económicas locales y en el funcionamiento de las minas.
El politólogo resalta que si el Estado venezolano busca abrir el sector a una mayor participación internacional, la gestión de estos actores se convertiría en un eje central de la política de seguridad regional y asegura que un referente posible es la cooperación histórica entre Colombia y Estados Unidos.
Durante décadas, ambos países han desarrollado mecanismos de colaboración en inteligencia, entrenamiento militar y financiamiento de operaciones contra organizaciones irregulares, como ocurrió con los programas derivados del Plan Colombia», señala.
Voluntad para imponer reglas claras
El economista Aldo Contreras sostiene que la clave para atraer inversiones al sector minero venezolano no depende únicamente de una reforma legal, sino del orden económico y la transparencia dentro del Arco Minero del Orinoco.
El especialista detalla que un punto central es que el Estado logre ejercer un control efectivo sobre los grupos económicos que actualmente operan en la zona y garantice condiciones de legalidad, lo que, a su juicio, implica establecer mecanismos claros para conocer con precisión los niveles reales de producción, la productividad, así como los impuestos y regalías que se generan y pagan en ese territorio.
El Estado tiene la capacidad institucional y la fuerza para ordenar y organizar la actividad minera, pero lo que realmente se necesita es voluntad política para imponer reglas claras, asegurar transparencia financiera y formalizar la economía minera», detalla.
Desastre humanitario y caos social.
Manuel Sutherland, doctor en Economía y Desarrollo sostiene que, más que reformar la Ley de Minas, el país debería cerrar temporalmente el Arco Minero del Orinoco y retomar el control efectivo del territorio.
Aunque reconoce que una nueva ley podría ser positiva si establece controles reales, regulación ambiental estricta y respeto a las normas tributarias y laborales, considera que la situación actual del Arco Minero del Orinoco es «insostenible».
A su juicio, la zona ha tenido un desarrollo “lumpenizado”, marcado por la salida de grandes empresas formales y la permanencia de grupos militares, policiales e irregulares armados que operan en un entorno de violencia, amenazas y ausencia de institucionalidad, situación que, asegura, ha convertido el área en un desastre humanitario y un caos social.
La actividad minera en la región es altamente contaminante, el uso de mercurio y otros químicos como el arsénico, la destrucción del hábitat, la contaminación de ríos y la erosión masiva de tierras no solo afecta a las comunidades locales, sino que también genera impactos transfronterizos que alcanzan a países vecinos», advierte.
El economista cuestiona la idea de que la explotación intensiva de minerales sea la vía para reactivar la economía venezolana. Aunque reconoce que algunos voceros internacionales ven en los metales preciosos y las tierras raras una oportunidad para dinamizar la producción, considera que esa visión responde a un modelo primario y extractivista, que no resuelve los problemas estructurales del país.
A su juicio, Venezuela ha sufrido un colapso profundo de su aparato industrial, agrícola y agroindustrial, y limitarse a extraer recursos del subsuelo para exportarlos con escaso valor agregado representa una estrategia incompleta y poco sostenible.
Sutherland plantea que el país debería apostar por alternativas de desarrollo más diversificadas y sostenibles, como la recuperación de la industria nacional, el fortalecimiento del agro, la promoción de la biomedicina y el impulso de un turismo ecológico responsable.
Los trabajadores mineros puedan ser incorporados a proyectos de infraestructura y reconstrucción nacional, con empleos formales, salarios dignos y garantías laborales», sentencia.
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