Aun tras el indulto de Biden al testaferro de Maduro, la fiscalía sigue con varias causas por lavado de dinero
El fisco de EE.UU. contempla la incautación a un reo de un edificio en la zona de plaza de España
Por David Alandete Corresponsal en Washington
27/05/2024
En un reciente acuerdo de culpabilidad alcanzado por Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor Antonio Ledezma, con la fiscalía del Distrito Sur de Florida y la división de fraude penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se contempla la entrega al fisco estadounidense de un bloque de edificios cerca de la Plaza de España en Madrid, como parte de una lista de propiedades alternas susceptibles de ser requisadas como penalización adicional a una restitución estimada en cuatro millones de dólares en líquido.
En esta y otras causas recientes, que afectan a diversos empresarios venezolanos vinculados a empresas públicas controladas por el régimen, la fiscalía estadounidense afirma que desde Venezuela, pasando por bancos de EE.UU., se lava dinero a través de empresas y propiedades en Madrid, y que España jugó un papel significativo en esas tramas al ser un centro de operaciones crucial para la distribución y ocultación de fondos considerados ilícitos.
Este acuerdo judicial reciente, que también implica a los hijastros del dictador Nicolás Maduro, culmina un destacado caso de persecución por parte de EE.UU. de la corrupción venezolana y su raigambre en España.
En la administración anterior, de Donald Trump, la diplomacia estadounidense denunció abierta y repetidamente la aparente libertad con que el dinero sustraído ilícitamente de Venezuela se convierte en inversiones inmobiliarias en España, facilitando la salida de esos fondos. Como muchos de estos fondos pasan por los bancos de Miami, la fiscalía estadounidense puede abrir sus propias investigaciones y presentar cargos.
Con Joe Biden, la Casa Blanca ha hecho importantes concesiones al régimen chavista. En especial, excarceló en diciembre a quien la propia fiscalía norteamericana creía testaferro del dictador Maduro, Alex Saab, permitiendo que no culminara su juicio en Florida. Esto no ha impedido que la fiscalía avance otros casos contra jerarcas y empresarios venezolanos, muchos de ellos o bien detenidos o bien en busca y captura.
Vuteff, de 52 años, fue extraditado desde Suiza a EE.UU. en 2022 y acordó este mes colaborar con las autoridades estadounidenses tras admitir su participación en un entramado de corrupción de 1.200 millones dólares.
Espera comparecer ante el juez para recibir sentencia definitiva el 1 de agosto. Aun con su acuerdo de colaboración, se enfrenta a una posible condena de 20 años.
El acuerdo en sí está firmado el 14 de mayo de 2024, y en él se concluye que “el acusado sabía que estaba participando en una conspiración ilegal de soborno y lavado de dinero, y que los fondos con los que transaccionaba, o buscaba transaccionar, eran producto de actividades delictivas”.
Propiedades inmobiliarias
Este caso se enmarca en la llamada trama Eaton-Rantor, una compleja operación de lavado de dinero que incluye contratos de préstamos fraudulentos con la empresa estatal Pdvsa por medio de la empresa pantalla de Hong Kong Eaton Global Services Limited y la venezolana Rantor Capital C.A.
Los implicados se aprovechaban de que Venezuela tenía un tipo de cambio fijo que sobrevaloraban el bolívar en comparación con el mercado abierto. Al obtener los derechos de repago en euros, la empresa Eaton explotó la diferencia entre el tipo de cambio fijo y el del mercado abierto, logrando una ganancia estratosférica.
La fiscalía norteamericana ha alegado en años recientes que existe una serie de entramados utilizados por un pequeño grupo de empresarios venezolanos para extraer cientos de millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa.
Siempre según las pesquisas de EE.UU., entre las personas que se beneficiaron de ese esquema están empresarios como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, al igual que los tres hijastros del dictador venezolano Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, apodados “los chamos”.
En el acuerdo de culpabilidad se menciona que Vuteff, que es de nacionalidad argentina, y otros socios suyos, incluyendo a un tal Hugo Gois, se reunieron con implicados de nombre Carmelo Urdaneta y Álvaro Ledo en Madrid en diversas ocasiones entre 2016 y 2017.
En esos encuentros se coordinó la apertura de una cuenta en una institución financiera europea para Ledo. Usando una empresa inmobiliaria comercial conjunta en España, se facilitó la recepción de fondos de la trama para Urdaneta.
Este esquema involucraba la transferencia de los fondos ilícitos de Venezuela a través de varias transacciones, utilizando propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias en España y otros puntos de Europa.
Las actividades realizadas en Madrid, específicamente, muestran cómo se utilizó la infraestructura financiera y de bienes inmobiliarios española para ocultar y manejar las ganancias delictivas.
En la lista de propiedades susceptibles de ser entregadas al fisco norteamericano por el fraude admitido figura el edificio completo de la madrileña calle de la Ilustración, que comprende los números 3, 5, 7 y 9, combinados los cuatro en una propiedad grande y reformada.
En el auto de culpabilidad, el acusado admite haber utilizado una empresa inmobiliaria en España para recibir fondos de la trama de préstamos Eaton-Rantor en nombre de Carmelo Urdaneta. Entre 2016 y marzo de 2024, el acusado recibió un salario mensual de entre 3.000 y 7.000 euros por su papel en esta empresa, acumulando un total de aproximadamente 370.000 euros.
Esta trama ilustra para la fiscalía cómo se utilizaron complejas estructuras financieras y corporativas para lavar dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos, beneficiando personalmente a los implicados.
Otros investigados
Policía española
Las autoridades de EE.UU. han colaborado recientemente con los cuerpos policiales españoles en la persecución de venezolanos que están lavando cantidades millonarias en España.
En abril, la Policía Nacional detuvo al empresario José Roberto Rincón Bravo en una operación en la que se dieron cuatro registros en zonas de alta renta de Madrid.
Está relacionado por la policía en un informe sobre corrupción relacionada con Pdvsa, que se desprende de un posible desfalco de 80 millones de dólares. El informe policial apunta a cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Tras la liberación de Saab, queda pendiente en EE.UU. el juicio a un extraditado por España, el que fue general chavista Hugo Carvajal, alias El Pollo, por cargos de corrupción y narcotráfico.
El general Clíver Alcalá, que se declaró culpable en la misma causa, fue sentenciado en abril a unos 20 años de prisión.
Maduro junto con otros jerarcas del régimen están imputados por integrar una organización delictiva de tráfico de drogas conocida como Cártel de los Soles.
Fuente: ABC de España
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