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ALERTA Iniciativa republicana en Congreso de la Florida plantea existencia de una “policía del periodismo”

Florida debate nueva ley: ¿mordaza o redención a difamados? 

Eliminaría el privilegio a los periodistas de apelar a la Primera Enmienda cuando usen una fuente anónima y allana el camino a demandas por difamación contra la prensa

MIAMI.- Con el escenario de la batalla cultural de fondo, el Congreso de Florida, de mayoría republicana, debate una propuesta legislativa que eliminaría privilegios a los periodistas y facilitaría las demandas contra los medios de comunicación, interpretado por muchos como una amenaza a la libertad de prensa, garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución.

Uno de los primeros en encender las alarmas fue el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, quien en una carta dirigida al representante republicano Robert Alexander Andrade -autor de la iniciativa- sostuvo que de aprobarse el proyecto de ley HB991 representaría un retroceso para la libertad de prensa.

Facilitar las demandas

La nueva propuesta redibuja los agravios por difamación o privacidad, calumnia o luz falsa, y define que se considerará difamación cualquier publicación en los medios que atribuya algo falso o induzca a un espectador razonable a creer algo falso sobre una persona. Hace hincapié en que la difamación daña la reputación de un tercero y lo expone al odio, al ridículo o al desprecio.

Una parte de la iniciativa HB.991 es que reconoce la difamación implícita. Es decir que aun cuando todos los datos de una publicación puedan ser técnicamente verdaderos, pero su contexto o la omisión de ciertos hechos puedan crear el daño a la imagen de la persona, el funcionario público. Al tener en cuenta esta serie de supuestos claramente le otorga una ventaja al demandante.

El propio gobernador Ron DeSantis afirmó en una mesa redonda en febrero que quiere facilitar la demanda a los medios de comunicación, según él “son los principales proveedores de desinformación en la nación”.

“Debe existir la posibilidad para que las personas se defiendan, no a través de la regulación o restricción del gobierno, sino a través de la posibilidad del derecho a la acción privada”, sostuvo DeSantis en el panel de discusión sobre difamación.

Los detractores de la propuesta consideran que de aprobarse el proyecto contra la difamación podría también revertir los beneficios de la ley anti SLAPP de Florida, adoptada en el año 2000, para prohibir las demandas presentadas contra personas o la prensa por ejercer su derecho a la libertad de expresión en relación con un asunto público. La ley anti SLAPP permite a los jueces desestimar demandas costosas y sin fundamentos, cuya única intención es intimidar y silenciar a los medios y personas críticas.

Primera enmienda en juego

Por lo general los tribunales reconocen que las garantías que establece la Primera Enmienda de la Constitución no son absolutas. Es decir, los tribunales deben equilibrar el derecho de publicar una información y la libertad de expresión, mientras que protegen el derecho a la privacidad y la reputación.

Según la ley vigente, cuando una persona se siente difamada y demanda a alguien, para prevalecer, debe probar la malicia real del acusado.

Fuentes anónimas

Otro aspecto importante y controversial de la propuesta es cómo son tratadas las fuentes anónimas. Actualmente existe un privilegio legal para los miembros de la prensa que les permite mantener oculta la identidad de una fuente. El objetivo de este privilegio no es otro que fomentar el flujo de información debido a su valor público. No es un privilegio absoluto y tiene excepciones, sobre todo cuando la fuente del periodista es la única forma de demostrar, por ejemplo, un asesinato o un delito grave.

Por ello un periodista puede ser llamado a testificar ante un gran jurado en un proceso relacionado con una actividad delictiva que haya presenciado durante el cumplimiento de su trabajo.

Dicho esto, y de regreso al tema de la difamación, la nueva propuesta establece que “una declaración que haya utilizado una fuente anónima es presumiblemente falsa”. En el caso de que el periodista o el medio de prensa acusado de difamación se niegue a identificar la fuente que originó dicha presunta difamación, esta será declarada difamación per se, por sí misma.

Una posición que choca con la ley vigente en Florida que protege al periodista con un privilegio legal para impedir que sea obligado a testificar o proporcionar información obtenida al recopilar noticias, incluida la identidad de la fuente. Salvo las excepciones que señaladas por la ley, como el caso de ser testigo de delitos.

Los detractores de la iniciativa republicana argumentan que esta anularía la doctrina de la malicia real que ha protegido al periodismo desde la decisión de la Corte Suprema conocida como Times vs. Sullivan en 1964. En la que el periódico neoyorquino fue exonerado en una demanda cuando el funcionario Sullivan se querelló contra el medio no pudo demostrar el Times actuó con malicia, ni que la publicación tenía un propósito malicioso.

Según esa decisión histórica de la Corte Suprema de EEUU, las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda limitan la capacidad de los funcionarios públicos para demandar por difamación. Además, el máximo tribunal colocó la carga de la prueba sobre el funcionario público demándate, afirmando que el demandante debe demostrar la malicia real con “la claridad convincente que exige el estándar constitucional”.

Sin embargo, la propuesta impulsada por Andrade y apoyada por DeSantis parece establecer que el demandante por difamación no tendrá que probar malicia real para sostener el reclamo. Y va más allá al decir que se debe inferir la existencia de malicia con fines de difamar cuando la acusación es inventada, fabricada o basada en un informe anónimo, no verificado en su totalidad, es inverosímil o si la persona acusada deliberadamente no validó o corroboró el hecho. Lo que muchos interpretan como una forma de facilitar que los funcionarios públicos se puedan querellar constantemente contra los medios hostiles. Algo que contradice el espíritu de la libertad de prensa.

Del lado conservador, “desean que la prensa rinda cuenta por sus publicaciones”, como expresó Libby Locke presente en el panel sobre la difamación, dueña de la firma legal Clare Locke LLP, especializada en proteger la reputación de las personas, para que puedan defenderse de la difamación de los medios.

Locke criticó el uso de las fuentes anónimas y dijo que no permiten saber quién está detrás de la alegación. “Todos los días vemos que los medios no hacen el trabajo que esperamos. No le dan a la persona que ha sido objeto en una publicación la oportunidad de expresarse y decir lo que considera bien o mal, …además utilizan las fuentes anónimas, lo que impide saber cómo responder y alguien desconocido es quien hace las alegaciones”.

“Cuando el abogado de un medio comunicación dice en un tribunal Primera Enmienda todos los jueces se ponen muy nerviosos en cómo aplicar la ley y el resultado es que se están arruinado la reputación de las personas”, argumentó Locke.

Trinchera de la batalla cultural

En el ámbito de la difamación y en lo concerniente a la guerra cultural que se está librando en Florida, el proyecto de ley se convierte en una nueva trinchera al considerar que es difamación per se, cuando alguien alega que ha sido discriminado por sexo, raza, orientación sexual o identidad de género y no puede presentar pruebas.

Los detractores de la propuesta consideran que esta postura puede tener un efecto intimidatorio entre las víctimas de algún acto de discriminación que pretendan hacer público el daño sufrido.

La discriminación es un hecho, muchas veces sutil y difícil de demostrar y quien se queje en público, tras sentirse discriminado por un funcionario o una institución, se arriesga a ser demandado por difamación. La parte peor es que si prevalece la demanda, el demandante tiene derecho a ser resarcido por daños estatutarios, como mínimo con 35.000 dólares. Una compensación que recibiría, aunque el demandante no haya sufrido ningún daño real.

Constitución de Florida

El experimentado comunicador Ricardo Brown, quien conduce el programa Panorama Nacional en la emisora Actualidad 1040 y se define como un “casi absolutista de la libertad de expresión”, al valorar la nueva propuesta dijo: “No soy un experto, pero considero que parte del éxito de EEUU como sociedad, democracia, Estado de derecho y como economía viable se debe a la confrontación de ideas”.

“Para sustentar mi parecer me gustaría leer lo que dice” el artículo 1, sección 4, de la Constitución de Florida sobre la libertad de expresión y prensa: “Toda persona puede hablar, escribir y publicar sentimientos sobre todos los temas, pero se hará responsable por el abuso de ese derecho. No se aprobará ninguna ley que restrinja o coarte la libertad de expresión o de prensa”.

Según el veterano comunicador, “el periodismo serio tiene que ser ético y no jugar con el concepto de fuentes anónimas. A pesar de esto, reconoció que en un estado de derecho “no puede existir una policía del periodismo”.

Y añadió: “Tiene que haber leyes que castiguen la difamación, pero, me preocupa que sea una ley del gobierno la que decida qué cosa es una fuente anónima”.

Brown se mostró optimista y vaticinó que en caso de aprobarse el proyecto y “tras leer lo que dice la Constitución de Florida, creo que la ley moriría en las cortes. Inevitablemente, alguien presentará una demanda y moriría en los tribunales de Florida”, insistió.

Fuente: cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce

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