Como muchos coterráneos tratamos de pasar las navidades lo mejor posible en compañía de los que más queremos. Sin embrago, como la mayoría de los venezolanos sentimos la ausencia de hijos, nietos, hermanos, familiares, compañeros y amigos. Tampoco podemos dejar de pensar en la patria herida en la que tantos sufren, en la Venezuela de los presos políticos, pero también en la de los que, arriesgándolo todo, luchan por la esperanza, por un futuro mejor.
Fin del gobierno interino
Mientras tanto, cuando nos acercamos al cuarto de siglo de régimen chavista la oposición democrática parece haber entrado en un sendero peligroso. Los parlamentarios opositores, electos hace más de seis años, parecen haber decidido poner fin al gobierno interino asumido, en cumplimiento de la Constitución, por Juan Guaidó. Parece que se le ha endosado la responsabilidad exclusiva del fracaso en la difícil tarea de ponerle fin al régimen oprobioso de más de dos décadas.
Responsables, que no culpables
Ciertamente, durante los últimos años, Guaidó ha tenido más responsabilidades que muchos de nosotros. Bastante más que la inmensa mayoría de los venezolanos para quienes sobrevivir cada día, en medio de una miseria espantosa, es esa la primera y casi exclusiva tarea de la que pueden ocuparse. Bastante menos que los líderes de estos largos años comenzando por los partidos políticos, organismos empresariales y sindicales, así como también por la dirigencia y representantes de los demás sectores del país.
Al fin de cuentas todos somos responsables, que no culpables, de lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto, lamentablemente entre nosotros, es lugar común negarse a asumir responsabilidad alguna con el destino del país particularmente entre quienes asumen fácilmente el perjuicioso discurso antipolítico que tantos males nos ha traído.
En 2019, un desconocido Juan Guaidó sucedió a los mucho más conocidos Henry Ramos Allup, Julio Borges y Omar Barboza, en la presidencia de la Asamblea Nacional. Seguidamente decidió, valientemente, sorprendiendo a muchos, asumir la presidencia interina ante el vacío de poder legítimo originado por el fin del mandato de Maduro (2013-2019) y la elección fraudulenta de 2018. Guaidó reconocido por las democracias del mundo alcanzó un inmenso apoyo internacional. Su popularidad llegó a niveles muy superiores a los que en su mejor momento alcanzaron los candidatos presidenciales de la oposición (Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Henrique Capriles) o de quienes ejercieron su liderazgo (Carmona Estanga, Carlos Ortega, Enrique Mendoza o Leopoldo López).
Lamentablemente, no se ha producido el necesario cambio político. El gobierno interino no ha logrado imponerse en un centímetro de territorio nacional. La Fuerza Armada Nacional prefirió continuar respaldando al régimen ilegítimo de Maduro, así como antes había dado la espalda a la voluntad popular representada en el parlamento electo en 2015.
Tampoco el apoyo externo avanzó lo suficiente como para terminar de transitar las vías que permite el derecho internacional para salir de regímenes oprobiosos como el nuestro. Lamentablemente, en la OEA no se alcanzó la mayoría calificadas necesaria para continuar en esa dirección como tampoco en las Naciones Unidas, habida cuenta del poder de veto de los aliados de Maduro en el Consejo de Seguridad. No obstante, las posibilidades existen y nuestro deber es reimpulsarlas.
La decisión de la Asamblea Nacional 2015
Hace unos días, en un escueto comunicado, la mayoría opositora en el parlamento legítimo intentaba explicar los propósitos de la decisión de terminar con el gobierno interino. Diría que se trataba de una absurda simplificación, típica de estos tiempos, seguramente “genial ocurrencia” de quienes pensando “que se las saben todas” ignoran la complejidad de la situación planteada. Razón tienen quienes nos invitan a no subestimar la estupidez humana.
La mayoría parlamentaria lo reducen todo a la necesidad inmediata de salir de Guaidó para emprender unos desconocidos nuevos caminos que supuestamente nos llevarán al fin del régimen. Ignoran que tampoco la Asamblea Nacional 2016-2021 de la cual forman parte, no obstante, las promesas de solución inmediata, pudo cumplir las funciones mínimas de un parlamento democrático. Olvidan que las leyes sancionadas, los acuerdos adoptados y todos sus actos fueron declarados absolutamente nulos, sin ninguna validez y eficacia jurídica. Sus funciones fueron asumidas por los ilegítimos poderes ejecutivos o judicial y más tarde, por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.
Conocida las intenciones de la mayoría parlamentaria, se produjo, en un país -me atrevo a decir- que tiene la Constitución más ineficaz de todo el planeta, una discusión sobre la constitucionalidad de la actuación del Asamblea Nacional 2015. Juristas venezolanos de gran prestigio calificaron de disparate la decisión y ciertamente lo es.
Lamentablemente, con todo respeto, considero que es una perspectiva más propia de la academia de un país que no existe, que a la postre se convertirá, desde el punto de vista político, en una bizantina discusión.
Estamos enfrentando un problema político difícil, en medio de una tragedia humanitaria donde la importancia de los aspectos constitucionales, económicos y sociales no puede desvirtuar la naturaleza esencialmente política del mismo. Por supuesto, como todo quehacer humano, el tratamiento de esta situación debía estar subordinando a la ética. A mi juicio, allí está la raíz del asunto.
Pensamos que el debate sobre el gobierno interino debió formar parte de una discusión mucho más amplia sobre el futuro del país que incluyera a toda la Venezuela democrática. Creo que en la propuesta no escuchada de Juan Pablo Guanipa y luego de Elsa Solorzano de diferir la sesión de la Asamblea Nacional de 2015 se emprendía esa correcta dirección
El problema fundamental
Considero que, el problema fundamental de nuestra tragedia es de evidente naturaleza política. Necesitamos salir de Maduro. Alcanzar dicho objetivo supone, en nuestra opinión, dos elementos que se interrelacionan: unidad democrática y apoyo internacional. La unidad democrática nos puede permitir construir un liderazgo sólido capaz de movilizar a los venezolanos dentro y fuera del país y alzar con fuerza nuestra voz en todos los ámbitos, incluyendo el castrense. Por supuesto, no podrá haber liderazgo fuerte sin la necesaria fuerza moral que lo avale.
De tal manera que, en nuestra manera de ver las cosas, al valorar la actuación política de nuestros dirigentes y específicamente de la conveniencia de salir de Guaidó, debemos preguntarnos si la decisión tomada favorece el cambio político, si ayuda a la unidad, si fortalece el apoyo internacional. Todas las respuestas son negativas. Por supuesto, antes deberíamos habernos interrogado sobre el estado de la unidad, del apoyo internacional y de la vigencia de los propósitos para salir de Maduro.
Una oposición dividida
Lamentablemente, no todos los que dicen oponerse al régimen están de acuerdo en la necesidad de salir de Maduro. Consideran que no es posible hacerlo en el corto ni en el mediano plazo. Por supuesto, difícil es distinguir entre quienes así piensan con la mejor de las intenciones y para quienes simplemente es su manera de colaborar con el régimen buscando su propio beneficio. Los oportunistas siempre han existido entre nosotros en alto porcentaje. A tiempo se anotan a ganador. Ya cambiarán de posición cuando crean que está cerca el fin de la dictadura.
Entre los que consideran fundamental objetivo el cambio político también hay diferencias importantes que resolver. Diferencias que a nuestro juicio pasan por establecer un deslinde claro con el régimen y una unidad mínima en la acción y programa que no existe y que debemos construir para irla ampliando progresivamente. También supone una dirección conjunta efectiva que la Venezuela democrática sienta como propia y alcance la mayor legitimidad democrática posible. Unas amplias elecciones primarias pudieran abonar este camino, pero no basta con ellas.
Como ya se dijo, la responsabilidad sobre el destino nacional es una responsabilidad de todos. No obstante, muchos sectores actúan cómo si no les correspondiera alguna, cómo si sus responsabilidades se limitaran a sus individuales beneficios económicos o a intereses muy parciales del bienestar nacional, cómo si lo político fuese responsabilidad exclusiva de quienes se dedican a esa tarea a tiempo completo.
Por supuesto en el ¿cómo salir de Maduro? También hay diferencias. En nuestra opinión la salida electoral debe tener prioridad, más no exclusividad, entre los diferentes caminos que legítimamente se pueden recorrer. Por supuesto, hablamos de elecciones libres o por lo menos, de comicios en condiciones tales que puedan permitir salir del dictador. Participar en elecciones fraudulentas para ratificar a Maduro son absolutamente inconveniente. Alcanzar adecuadas condiciones electorales es una necesidad impostergable en la cual el estancado diálogo de México adquiere importancia.
El apoyo internacional
En cuanto al apoyo internacional lamentablemente debemos reconocer la pérdida de la influencia e importancia de Venezuela en los escenarios mundiales, incluyendo el petrolero, así como en el ámbito iberoamericano y caribeño.
Por otra parte, habida cuenta de la actitud del estamento militar venezolano y la injerencia e influencia en nuestros asuntos de Cuba, Rusia, China e Irán, solo será posible el cambio político que supone salir de Maduro con el concurso de la comunidad internacional y particularmente de los Estados Unidos y las democracias europeas y latinoamericanas. De tal manera que necesariamente la estrategia opositora debe ser consensuada con nuestros aliados internacionales y por supuesto, decisiones como la de poner fin al gobierno interino. Difícil creer que la opinión de nuestros aliados fue tomada en cuenta para esta última decisión cuando ni siquiera hubo unidad de la oposición y beneplácito del país nacional.
También en el campo internacional hay importantes diferencias entre quienes aspiran una Venezuela democrática. Algunos sobredimensionan nuestra importancia mundial. Otros piensan que podemos salir del régimen sin el concurso de nuestros aliados internacionales. No faltan quienes ignoran cómo se están desarrollando los procesos políticos en un mundo globalizado.
Asimismo, debemos reconocer que el apoyo internacional al gobierno interino venía debilitándose. Podemos apreciarlo en las declaraciones, designaciones y reconocimientos de algunos estados al gobierno de Maduro y en la propia OEA dónde recientemente llegó a discutirse a quién correspondía la designación del representante venezolano. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada exigida para desconocer al actual embajador. Situación inversa a la ocurrida hace algunos años cuando el caso Venezuela se paralizó porque faltaron algunos votos para alcanzar la mayoría calificada requerida para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Haber contado con 20 de los 23 votos necesarios que representaban el 90% de los ciudadanos de las Américas no fue suficiente.
En cuanto al reconocimiento del gobierno interino la situación que se produce con Venezuela no es nueva en el derecho internacional. Estamos frente a un gobierno legítimo reconocido por la comunidad internacional que no ha logrado que sus decisiones sean efectivas dentro su territorio.
Es una situación complicada particularmente en la OEA, habida cuenta de la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, expresión de la evolución del derecho internacional y de la democratización del continente. No obstante, es evidente la involución de los últimos años con la irrupción de nuevas dictaduras y de nuevos autoritarismos.
Ahora bien, una de las notas características del derecho internacional es el particular funcionamiento del principio de efectividad. Era sumamente conveniente que el gobierno de Guaido estuviera en capacidad de hacer cumplir sus decisiones. Sabemos que no ocurrió, pero tampoco sus sucesores podrán hacerlo en las actuales circunstancias. Por otra parte, la comunidad internacional no puede capitular ante hechos ilícitamente consumados, mucho menos la representación parlamentaria nacional. Por supuesto, esta situación no podía prolongarse indefinidamente pues atentaría contra la seguridad jurídica internacional. Había que buscar fortalecer el gobierno interino, enderezar los entuertos, no acabar con él. Evidentemente, no se requiere mucha imaginación para terminar con una enfermedad matando al enfermo.
Podemos comparar la situación del gobierno interino con los gobiernos en el exilio en los años 30 y 40 del siglo XX durante la guerra civil española o durante la ocupación de Polonia. No obstante, también debemos considerar que la evolución del derecho internacional está orientado a alcanzar y mantener la libertad, a impedir la permanencia de gobiernos usurpadores violadores de los derechos fundamentales. La llamada soberanía ya no se admite para amparar a las dictaduras y regímenes despóticos que niegan los derechos fundamentales a los pueblos que someten. La comunidad internacional ya no es indiferente a lo que ocurre al interior de los estados. La democracia y su permanencia; los derechos humanos ya no son competencia exclusiva de los estados nacionales.
Hoy el mundo ha cambiado y sin desconocer las tendencias autoritarias y retrocesos en la democracia de estos días que esperamos sean transitorios. Latinoamérica y el mundo han evolucionado en términos positivos hacia la vigencia de los derechos humanos, del derecho de los pueblos a la democracia. Basta recordar como hace no muchísimo tiempo predominaban en la OEA los gobiernos militares.
Para nosotros, sin duda alguna, dar por terminado el gobierno de Guaidó, aunque no signifique automáticamente el reconocimiento de Maduro, facilitará el camino de los gobiernos que quieren hacerlo; perderíamos un útil instrumento para nuestra actuación internacional, debilitaría la voz de la Venezuela y aumentaría la desconfianza en nuestros representantes.
Para poder tener una voz más fuerte en el escenario internacional, el camino a seguir pasa por entendernos entre nosotros mismos, entre quienes decimos ser demócratas y aspiramos el cambio político. Implica alcanzar una unidad mínima orgánica y programática. Supone denunciar constantemente las tropelías de Maduro y la violación sistemática de los derechos humanos y continuar recorriendo el camino que luce estancado de la protección y defensa de los derechos de las personas y la democracia. Por supuesto, es indispensable un deslinde claro con el régimen opresor que conlleve a recuperar la sensibilidad de la opinión pública global a nuestro favor, particularmente en los países donde ésta se puede expresar libremente, para que sus gobiernos se sientan obligados a apoyar la recuperación democrática de la patria. Reuniéndose innecesariamente con el dictador, quitándole obstáculos del camino, felicitándolo continuamente por sus supuestas “buenas obras”, intentando proyectar una inexistente normalidad, desvirtúa la lucha contra la sistemática violación de derechos humanos, ignora la pérdida de la libertad y el sufrimiento de muchos. Por supuesto, desmejora la imagen internacional de quienes nos oponemos al régimen y complica la comprensión de los pueblos del mundo sobre el problema Venezuela.
Debemos volver a la senda que marca el desarrollo del derecho internacional humanitario. Reanudar el camino que nos conduce a evitar que la tragedia venezolana continue, que la violación sistemática de los derechos humanos y los crímenes cometidos cesen y sus responsables sean sancionados de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Roma. Dar termino al gobierno interino nos aleja de estas vías.
Estoy seguro que si la Venezuela democrática se unifica, se deslinda claramente del régimen, es constante y coherente, recupera la confianza popular, moviliza a los venezolanos, por supuesto subordinando permanentemente su actuación a la ética, más temprano que tarde, la comunidad internacional arbitrará fórmulas que permitan la recuperación del Estado constitucional democrático en Venezuela lo cual servirán también para hacer irreversibles los procesos democráticos alcanzados por otros pueblos y fortalecer las organizaciones internacionales y las efectivas garantías de protección de los derechos humanos. En definitiva, para concretar el derecho de los pueblos a la democracia, para privilegiar los derechos de la persona humana sobre la egoísta razón de Estado.
rdb/Valencia 31/12/2022
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