A la periodista, Ana Belén Tovar la mantienen detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por una acusación penal que viola el debido proceso, la libertad de expresión y los estándares mínimos de derecho.
La Gerente de operaciones de Venmedios cumple la pena del banquillo mientras la Fiscalía no establece relación entre las acusaciones y la responsabilidad de Ana Belén, se omiten estándares de derecho internacional que establecen que la republicación de información no es delito.
El 4 de febrero, difirieron por primera vez la audiencia preliminar, la secretaria del Tribunal afirmó que el ministro del Poder Popular para la Defensa, General Vladimir Padrino López, no había sido notificado de la celebración del acto.
Como contraparte en el proceso legal, la audiencia no puede celebrarse sin esa notificación.
Ana Belén sigue detenida, la audiencia fue pospuesta para el 7 de abril: dos meses más pagando las fallas y retrasos del sistema de Justicia.
La acusación por revelación indebida de data, obstrucción a la administración de justicia, y asociación para delinquir, está llena de irregularidades: surge a partir de un allanamiento ilegal, no presenta el contenido de las noticias en que fundamentan el supuesto delito, no establece relación ni responsabilidad de Ana Belén, ignora el derecho a la libertad de expresión, y toma en cuenta conversaciones privadas que fungen como pruebas a pesar de haber sido obtenidas de manera ilegal.
Aunque las dos empresas están relacionadas, Venmedios no es Entorno Inteligente, este último es un portal que se dedica a replicar noticias nacionales o internacionales de medios de comunicación, no tiene una redacción que escriba noticias propias sino que un sistema automatizado, un robot, busca y publica las noticias de otros medios o portales a partir de un algoritmo y palabras claves.
Por otro lado, Venmedios se dedica “al seguimiento, captura, medición, organización y análisis de información”, asesorando a sus clientes y ofreciendo el servicio de envío diario de noticias relacionadas con los temas que le solicita cada empresa (press clipping).
Ambas empresas funcionan en las mismas oficinas, bajo la misma dirección, y al momento del allanamiento a la sede de Venmedios, funcionarios del DGCIM captaron de forma ilegal conversaciones privadas de Ana Belén, que como Gerente de Operaciones cumple diversas funciones: asistir y reportar a la Gerencia General sobre el impacto de las operaciones, implementar correctivos internos, resolver conflictos de personal, y atender a los clientes, entre otras.
Junto a otros empleados, Ana Belén supervisa el servicio de síntesis de noticias, para enviar a diario un resumen informativo a sus clientes según los intereses y palabras claves determinadas por cada uno.
Ana Belén Tovar, dentro de su cargo, nunca tuvo la obligación de crear o generar contenido para Entorno Inteligente; tampoco tiene las capacidades técnicas ni la función de programación del robot que replica las noticias en el portal web del medio.
Sus responsabilidades como Gerente de Operaciones se alejan de las que la Fiscalía pretende atribuirle: eliminar unas supuestas publicaciones realizadas a través del portal Web Entorno Inteligente.
En toda la acusación de la Fiscalía no existe una sola prueba que vincule a Ana Belén Tovar con la publicación o eliminación de información.
En el expediente del caso hacen referencia a publicaciones relacionadas con el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, “y su entorno familiar, en razón de su cargo, difaman, ofende y desarrollan una matriz de opinión falsa, entre sus objetivos se encuentra, ir generando contenidos en detrimento de a la FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (FANB), asimismo, desprestigiar a todos quienes integran dicha institución castrense”.
En ningún apartado de la acusación la Fiscalía argumenta cómo estas publicaciones incitaban al odio, eran discriminatorios contra altos funcionarios o su entorno familiar; inclusive no se hace mención clara, precisa y circunstanciada de las publicaciones que fueron divulgadas por estos portales.
Aún la defensa de Ana Belén desconoce el contenido e información de la información en cuestión, lo que limita el derecho a la debida defensa que garantiza la Constitución Nacional.
Además, es importante resaltar que el ejercicio de la libertad de expresión garantiza no solo aquellos discursos, expresiones o informaciones que son inocentes o aceptados por un sector de la sociedad o del Estado.
El derecho también protege aquellos discursos que son ofensivos, o inquietan a algún sector de la sociedad o el Estado.
En cualquier sistema democrático debe existir una amplia tolerancia y respeto a la circulación de información, ideas y expresiones que pueden contar o no con el beneplácito personal de quienes representan la autoridad estatal.
En este sentido, las informaciones sobre funcionarios públicos como el Ministro Padrino López, están especialmente protegidas en razón de su importancia en un sistema democrático.
En cuanto al delito de asociación para delinquir, tampoco hay pruebas legítimas ni explicación alguna que ponga en evidencia que Ana Belén, en efecto, planificó y se agrupó con otras personas para publicar noticias con intención de hacer daño; inclusive esta función escapa de su quehacer diario y no está incluida en las obligaciones de su cargo.
Por otra parte, Ana Belén Tovar no es responsable de tomar la decisión de eliminar información del portal Entorno Inteligente, ni cuenta con las capacidades técnicas para ejecutar estas decisiones.
Resaltamos que el hecho de pertenecer a un portal de noticias que se dedica a replicar información de otros portales o una empresa de información no constituye en delito.
En específico, ser directora, propietario, responsable de la publicación de noticias o trabajador dependiente de Venmedios, como en el caso de Ana Belén, no es un delito.
Para que la Fiscalía pueda determinar, que existe un delito, debe plantear elementos claros, precisos, y explicar cómo la empresa y los sujetos mencionados en la acusación, actuaron en contra de la ley.
La persecución a Venmedios, a Entornointeligente, y a sus empleados, es una violación al ejercicio de la libertad de expresión que constituye una forma de criminalizar a los medios de comunicación.
La Fiscalía contraviene el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
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