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Análisis Crónica Uno: Votación en la Delegada de la AN 2016-2021 sobre Monómeros evidenció pérdida del piso político del gobierno encargado

Los seis diputados de PJ y cuatro de AD que integran la Comisión Delegada de la AN 2016-2021 vetaron un Decreto de Reestructuración de Monómeros presentado a cámara por Juan Guaidó y aprobaron el informe y acuerdo elaborado por la comisión especial nombrada en octubre para investigar a la empresa. El informe y el acuerdo condenan la politización de Monómeros pero dejan en manos del G4 la reestructuración de su directiva y reforma de sus estatutos. Jorge Millán señaló directamente a Leopoldo López de interferir en Monómeros. Se acordó iniciar el procedimiento para determinar la responsabilidad política de Carmen Elisa Hernández y Jorge Pacheco.

Caracas. La sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021 de este martes, donde se discutiría finalmente de manera pública y después de meses de denuncias la situación de la empresa Monómeros, terminó siendo una abierta exhibición de la fractura interna del G4 y que a estas alturas ya puede considerarse la pérdida definitiva del piso político del gobierno encargado que preside Juan Guaidó, faltando aún dos meses y tres días para el final de su mandato, conforme al Estatuto para la Transición.

En la sesión ordinaria estaba previsto el debate del informe de la Comisión Especial nombrada el 12 de octubre para investigar las denuncias sobre la situación de Monómeros. Pero de manera sorpresiva y previa a esa discusión, Guaidó intentó traer de nuevo a la cámara el Decreto Presidencial para la Reestructuración de Monómeros, cuyo debate había sido diferido días antes, el 5 de octubre, a petición de Primero Justica.

¿El resultado de la movida? La mayoría de los 18 integrantes de la Comisión Delegada votó en contra de la aprobación del Decreto de Guaidó, mientras esa misma mayoría votó a favor del informe de la Comisión Especial, integrada por un diputado de cada partido del G4 más uno de las minorías.

¿Cómo fue la votación? Por solicitud de Juan Pablo Guanipa de PJ, la votación del Decreto de Reestructuración se hizo nominal. De los 18 integrantes de la Comisión Delegada (15 presidentes de comisiones más 3 integrantes de la junta directiva), un total de 10 votaron en contra (6 de PJ y 4 de AD); 5 votaron a favor (3 de VP, uno de Proyecto Venezuela y Guaidó, que en teoría renunció a la militancia en VP desde 2020); un voto salvado (PJ) y dos abstenciones (UNT).

La votación para el informe y acuerdo parlamentario de la comisión especial también se hizo nominal pero a solicitud de Juan Guaidó. Esta vez el resultado fue: 10 votos a favor (6 de PJ y 4 de AD); cuatro votos salvados (3 de VP más el de Guaidó), un voto negativo (Proyecto Venezuela) y 3 abstenciones (2 de UNT y una de PJ).

En otras palabras, Primero Justicia y Acción Democrática quitaron su respaldo al gobierno encargado que preside Juan Guaidó en el caso de la gestión de Monómeros; Voluntad Popular y las minorías cerraron filas en su apoyo, mientras Un Nuevo Tiempo hizo como Poncio Pilatos y optó por lavarse las manos.

Aunque el debate de este martes fue específicamente sobre la gestión de la empresa Monómeros y el plan para recuperarla, en realidad la discusión y argumentos de los diputados en el debate, así como el contenido del informe y el acuerdo avalado por PJ y AD, lo que hicieron en realidad fue poner en números (10 a 5) la fractura a lo interno del denominado G4. Fractura que se originó hace varios años atrás, pero que desde 2019 se fue agravando sin retorno.

Decreto de Reestructuración vs Informe parlamentario

Veamos las principales diferencias entre los instrumentos llevados a debate. El Decreto se considera un acto competencia del Poder Ejecutivo (léase gobierno encargado/Juan Guaidó/Voluntad Popular) que ordenaba:

  • La reestructuración inmediata de la directiva y gerencia general de Monómeros;
  • La destitución del gerente general actual Guillermo Rodríguez Laprea y su sustitución por un gerente provisional nombrado por Pequiven ad hoc;
  • La conformación de una comisión de reestructuración encabezada por el Procurador Especial e integrada por cinco diputados;
  • Una auditoria inmediata y completa del funcionamiento de esa empresa;
  • La continuación de la investigación parlamentaria sobre el caso Monómeros;
  • Y la contratación inmediata de una firma de reclutamiento de personal de alto nivel para realizar un perfil y selección de una junta directiva y gerente general idóneos.

El informe de la comisión especial, así como un acuerdo parlamentario derivado de este –ambos aprobados por la mayoría de los integrantes de la Delegada- concluyen que:

  • Hubo una especie de complot por parte de gerentes y extrabajadores de Monómeros para llevar a la compañía a la quiebra, intervención y posterior liquidación;
  • Que se debe abrir un procedimiento para declarar responsabilidad política a los exdirectivos de Monómeros “vinculados con el partido Voluntad Popular Carmen Elisa Hernández y Jorge Pacheco” por su participación en ese esquema;
  • Que se constató la imposición de intereses políticos en la gerencia de Monómeros;
  • Que se deben reformar los estatutos de la empresa y definir una metodología de selección de personal libre de injerencia partidista;
  • Que deben aplicar las recomendaciones de Supersociedades Colombia;
  • Que la Comisión Especial continúe con la investigación para establecer responsabilidades;
  • Que se haga una auditoria desde 2019 y se informe debidamente de todos los hallazgos y medidas al sindicato de la empresa.

Partidización de Monómeros y el G4

gestión de la empresa Monómeros y el plan para recuperarla
Jorge Millán señaló a Leopoldo López de interferir en la toma de decisiones sobre Monómeros. Foto: Archivo

Una vez rechazado el Decreto de Reestructuración de Monómeros y debatidos los dos primeros puntos del orden del día (uno sobre la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional al país y el otro sobre la Cumbre sobre el Cambio Climático), inició la presentación y discusión del informe de la Comisión Especial sobre Monómeros, a cargo de la presidenta de esa instancia, Bibiana Lucas (PJ).

La parlamentaria inició su intervención afirmando que “el más grave problema de Monómeros ha sido su excesiva politización” y abogó por sacar la política de la gerencia implementando mecanismos de selección acordes a la envergadura de la actividad de la misma, además, presentó a consideración de la cámara el mencionado acuerdo parlamentario.

Su compañero de bancada Jorge Millán enfatizó en los efectos negativos de la injerencia partidista en la conducción de la empresa desde 2019 e incluso señaló que parte de esos errores eran que “una activista política es designada presidenta y miembro del directorio”, que “una fuerza política designara al gerente general”, y que a la comisión de Energía y Minas (a la cual correspondía el seguimiento a la actividad de la empresa) “se incorpora un dirigente político, Leopoldo López, al mecanismo de toma de decisión”.

La postura de PJ respaldada por AD y que estuvo recogida a lo largo del informe de más de 45 páginas, según la cual la injerencia de los partidos del G4 y en particular de Voluntad Popular afectó el desempeño de la empresa, contrasta frontalmente con los puntos 8 y 9 del acuerdo parlamentario aprobado en el mismo debate, que plantean “exigir al consejo político del gobierno encargado (instancia conformada por los jefes políticos de los partidos del G4) que presente en los próximos diez días continuos a la Asamblea Nacional un nuevo estatuto de la empresa Monómeros”.

Además, el acuerdo insta a ese mismo consejo político a “contactar y contratar una consultora, de renombre internacional que, siguiendo los manuales de selección históricamente usados por Monómeros, se encargue del proceso de evaluación, recomendación, postulación y de todas las posiciones de primer orden de la empresa”. Una vez con el informe de la consultora en la mano, la AN tendría 15 días para “tomar las decisiones correspondientes”.

Es de destacar que aunque el consejo político no es una figura institucional, ni cuenta con representación popular, ni fue designada por ninguna institución del Estado (más allá de que en la reforma del Estatuto se ordenó a Guaidó su conformación pero esta nunca se produjo de manera oficial), ni forma parte de la Asamblea Nacional 2016-2021, el acuerdo le confiere no solo la potestad de redactar un nuevo estatuto para una empresa pública, sino además la potestad de “contratar una consultora”, lo cual parece contravenir, no más de entrada, la esencia de la Constitución, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de la Administración Pública.

UNT como Poncio Pilatos
mientras UNT se abstuvo de votar tanto el Decreto de Reestructuración como el informe de la comisión
La diputada Nora Bracho anunció la abstención de UNT en las dos votaciones realizadas este martes. Foto archivo cortesía prensa AN

Por otra parte, mientras UNT se abstuvo de votar tanto el Decreto de Reestructuración como el informe de la comisión, el diputado de ese partido que formó parte de la comisión, José Hernández (UNT) defendió el contenido del documento y dijo que lo firmó y lo volvería a firmar, en alusión a sus otros dos compañeros en la comisión (Marco Aurelio Quiñones de VP y José Luis Pirela de 16J) quienes se negaron a estampar su firma en protesta por el contenido del mismo.

Incluso el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela), también dejó constancia de que no firmaría ni el acuerdo parlamentario en señal de rechazo a su contenido, a pesar de que por su cargo le correspondería hacerlo.

En sus derechos de palabra, Quiñones y Pirela coincidieron en que el informe fue insuficiente, porque no fue al fondo de los hechos y la comisión no se entrevistó con la empresa auditora ni con los trabajadores. Pirela agregó que el documento “no plasma el trabajo realizado por la Comisión de Contraloría, no emite valoración sobre el desempeño de la junta directiva de Monómeros, ni sobre temas como el contrato con la empresa Lion Street, que además de ser un contrato malhechor generó costos administrativos al país”. Esta postura también fue compartida por Ismael García (VP).

Por AD intervino Ronmy Flores para afirmar el respaldo de su partido al informe y al acuerdo parlamentario “porque tiene representatividad” y “porque no puede haber una posición acomodaticia” frente a un informe que no es favorable a determinadas posiciones.

Defectos de forma y fondo

comisión delegada de la asamblea nacional 2016-2021
La diputada Delsa Solórzano denunció defectos de forma y fondo en la conformación y trabajo de la comisión especial sobre Monómeros. Foto archivo captura de pantalla

La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), que no es integrante de la Comisión Delegada estrictamente hablando, porque no es presidenta ni vicepresidenta de ninguna comisión, tomó la palabra al final de la votación para dejar constancia del voto salvado de los partidos minoritarios (Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, Causa R, 16J e independientes) y exponer irregularidades de forma y fondo que a su juicio vician de nulidad el informe y el acuerdo.

Explicó que según el Reglamento Interior de la AN, solo el presidente de la AN puede designar a los miembros de las comisiones permanentes y especiales, pero recordó que los miembros de la comisión especial para investigar a Monómeros no fueron designados por el presidente, sino que habrían sido designados por la plenaria de la Delegada cuando aprobó el acuerdo de su conformación, en octubre. “En consecuencia no tienen facultad de actuación”, dijo.

Aseguró que una de las personas que se intentó incorporar a la Comisión “ni siquiera es diputado y ante esa objeción lo pusieron como Secretario de la comisión; ese señor es esposo de una funcionaria de Monómeros lo cual constituye un conflicto de intereses”, agregó la diputada de Encuentro Ciudadano.

Dos fuentes indicaron a Crónica.Uno que esta persona sería un dirigente de Un Nuevo Tiempo, aparentemente residenciado en Colombia, de nombre Carlos Luna.

Solórzano agregó que además, los integrantes de la comisión designados inicialmente “fueron sustituidos sin autorización del presidente”. Al final los miembros que actuaron en la investigación fueron Marco Aurelio Quiñones (VP), Bibiana Lucas (PJ), José Hernández (UNT), José Luis Pirela (minorías) y Yorman Barillas (AD).

Solórzano aseguró que el Decreto de Reestructuración presentado por Guaidó no tenía que ser sometido a votación por tratarse de una notificación a la plenaria: “El articulo 17 del Estatuto para la Transición dice que los decretos se presentan para informar a la cámara no para votarlos. ¿Quién ampara a Rodríguez Laprea? ¿por qué no se permite su salida si el decreto ordena la reestructuración de Monómeros?”, se preguntó la diputada.

Finalmente, Solórzano recalcó que el acuerdo parlamentario termina dejando la decisión final sobre la directiva de Monómeros “en manos de un equipo partidista que no tiene facultades legales ni constitucionales para esta función”, en referencia al consejo político.

Un poco de contexto

Durante y después de la concepción del denominado Estatuto para la Transición entre enero y febrero de 2019, los integrantes de la Asamblea Nacional 2016-2021 asumieron que el gobierno encargado sería una especie de régimen híbrido entre el presidencialismo que impone la Constitución de 1999 y un régimen parlamentario, típico de las democracias europeas, donde el primer ministro requiere del apoyo del órgano legislativo para gobernar con eficacia.

Es decir, si bien Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado tendría las potestades de un gobierno presidencialista, carece de Consejo de Ministros, y por ello el Estatuto amarró su accionar a la autorización previa y posterior de muchas de sus decisiones por parte de la Asamblea Nacional. Ese modelo permitiría al G4 controlar la gestión de gobierno de Guaidó así como el poder que pudiera tener Voluntad Popular en sus decisiones, además de equilibrar el peso de la responsabilidad en la toma de decisiones.

La armonía de ese gobierno semi-parlamentario -como lo definió en su momento el jurista y diputado Juan Miguel Matheus y otros expertos en derecho- que entró en crisis a partir de abril de 2019 y de ahí en adelante entró en barrena, parece haber colapsado este martes. Dicho de otro modo: aunque la crisis del gobierno encargado lleva tiempo sobre la mesa, este martes, las votaciones nominales en el seno de la Comisión Delegada le pusieron números, nombres y apellidos a esa pérdida de piso político.

Un piso político vital para sustentar la tesis de Voluntad Popular y de algunos juristas y partidos minoritarios, de darle continuidad al gobierno encargado luego del 4 de enero de 2022, cuando según el Estatuto para la Transición, se extingue la prórroga de un año a la vigencia de la AN 2016-2021, y en consecuencia al gobierno encargado.

Y es que este año 2021, las confrontaciones a lo interno de la coalición del G4 en medio de la convocatoria a unas elecciones regionales y del escándalo sobre presuntos malos manejos en la empresa Monómeros, fueron socavando lenta pero sostenidamente ese respaldo partidista, que parece haber colapsado finalmente hoy durante la votación de su propuesta de decreto para la reestructuración de Monómeros y posterior aprobación de un informe y un acuerdo parlamentario avalados por las bancadas de AD y PJ.

Fuente Crónica Uno

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