No hace falta asaltar una sede electoral ni reventar una urna. Basta con una ley de nacionalización masiva, un censo exterior opaco y una circunscripción donde un puñado de votos decide un escaño. El Tribunal Supremo ha detectado “irregularidades de gran relevancia” en el CERA. De los 163.355 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ bajo la lupa, solo 901 han acreditado su condición de descendientes del exilio. Los otros 162.454 votos flotan en el limbo. Y en Granada, Jaén o la Alpujarra, ese limbo puede valer oro.
Hay una manera de ganar unas elecciones sin ganarlas realmente. No requiere hackers, ni urnas llenas de papeletas falsas, ni un golpe de Estado. Requiere algo mucho más prosaico, más lento y, sobre todo, más difícil de detectar: cambiar la forma del cuerpo electoral antes de que se celebre la votación. Es el ‘fraude perfecto’. Y a tres semanas del 29-N, el Tribunal Supremo ha dejado constancia de que, en España, ese fraude tiene nombre propio: CERA, ‘ley de nietos’ y 162.000 votos que nadie sabe muy bien de dónde vienen .
La cifra es de vértigo. El Alto Tribunal mantiene la suspensión cautelar del voto para 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La razón es tan simple como demoledora: de todas ellas, solo 901 han acreditado documentalmente, con certificado consular, que descienden de exiliados por motivos políticos. Las otras 162.454 —la cifra que el Gobierno había intentado manejar como 163.020— no han demostrado esa condición. El Supremo no les retira la nacionalidad, pero les impide votar el 29-N. Habla de un “riesgo serio y fundado” de que su sufragio “pueda afectar no solo a la limpieza y transparencia del proceso electoral en curso”, sino también al escrutinio. En plata: el tribunal sospecha que alguien ha intentado inflar el censo con votantes que no cumplían los requisitos legales.
Lo que sigue no es una teoría de la conspiración. Es aritmética electoral.
El Supremo ya ha visto lo que otros se limitan a intuir. En un auto reciente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma que, a medida que avanza el procedimiento, va detectando “irregularidades de gran relevancia” en la configuración del CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El origen del desaguisado está en una instrucción administrativa del Gobierno que, desarrollando la ley, introdujo una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Ya no hacía falta demostrar caso por caso que el abuelo se marchó por persecución política; bastaba con haber emigrado en esas fechas. El Supremo considera que esa interpretación excedió lo que la ley permitía, y por eso ha intervenido. El resultado es un censo que, en la práctica, se ha llenado con decenas de miles de personas cuya vinculación con el exilio republicano es, como mínimo, discutible.
Y aquí es donde el ‘fraude perfecto’ deja de ser una abstracción y se convierte en un mapa. Porque el voto exterior no se reparte de manera homogénea por España. Se concentra en provincias donde el censo CERA es grande y el escaño está barato. Granada es el ejemplo canario en un país que no es una isla. El censo exterior de la provincia ha crecido un 16% desde finales de 2023, hasta los 62.594 electores. En las generales de julio de 2023, 9.843 votos bastaron para decidir el séptimo diputado por Granada. En Jaén, el incremento es del 11%, y el aviso es el mismo: “un 11% de aumento en el censo puede alterar la representación”. En la Alpujarra, la cosa alcanza niveles esperpénticos: en Murtas, 1.067 personas figuran en el CERA, el 76,2% del censo total del municipio, frente a las 867 de 2023. De los siete municipios granadinos donde más de la mitad del censo reside en el extranjero, seis están en esa comarca. No hace falta ser un lince estadístico para entender que, si esos votos se inclinan en bloque hacia un partido, un puñado de miles de papeletas puede valer un escaño. Y un escaño, en un Congreso fragmentado, puede valer un Gobierno.
Sería un error pensar que el único agujero está en el extranjero. El voto por correo arrastra una desconfianza histórica que no es infundada. En las municipales de mayo de 2023, la Justicia investigó tramas de compra de votos por esta vía. En Melilla, las solicitudes de voto por correo superaron el 21% del censo, frente a una media nacional del 3%. En Mojácar (Almería) , la Guardia Civil detuvo a siete personas acusadas de pagar entre 100 y 250 euros por papeleta a favor del PSOE. El fallo estructural es conocido: el elector se identifica al solicitar el voto, pero no siempre al depositarlo. Cuando en Melilla se empezó a exigir el DNI también en la entrega, se presentaron 8.000 papeletas menos de las solicitadas. Ese dato, por sí solo, justifica todas las suspicacias.
España ya ha vivido esto. En 2005, el voto exterior permitió al PSOE arrebatar a Manuel Fraga la mayoría absoluta en Galicia por un solo escaño. Durante años se denunciaron “fundadas sospechas de fraude” y se llegó a hablar de que había “más gallegos centenarios en Buenos Aires que en toda Galicia” . La historia no se repite, pero a veces rima. La diferencia es que entonces el censo exterior era un misterio. Ahora, con la ‘ley de nietos’, el misterio tiene 162.000 nombres y un Supremo que ya ha dicho que algo huele mal.
El Gobierno, por supuesto, sostiene lo contrario. La Abogacía del Estado ha defendido ante el Supremo que el “fuerte crecimiento del CERA no permite concluir, por sí mismo, que haya existido una actuación irregular” , y que la magnitud cuantitativa del aumento “no constituye per se indicio —menos aún prueba— de irregularidad”. Puede que tenga razón en abstracto. Pero el Supremo no habla de teorías: habla de indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia. Y cuando el tribunal que debe garantizar la limpieza del proceso dice eso a tres semanas de las elecciones, el problema ya no es una narrativa de la oposición. Es un hecho judicial.
En datos reales eso le podría suponer al PSOE una pinza de entre 20 y 30 diputados que de otra forma no tendría los 102 o 104 diputados y pasaría a tener entre 74 y 84.
El ‘fraude perfecto’ no consiste en falsificar votos. Consiste en fabricar votantes con una ley que se aplica con laxitud, en un censo que crece donde más duele y en un sistema de voto postal que ha demostrado ser permeable al dinero. El 29-N, 162.454 personas no podrán votar porque no han acreditado ser quienes decían ser. Esa es la buena noticia. La mala es que, hasta hace muy poco, iban a votar. Y nadie sabe cuántos miles de ‘nietos’ con la documentación en regla pero sin exilio acreditado siguen en el censo, esperando su momento. Ese es el verdadero pucherazo: el que no se ve, el que no se denuncia y el que, un 29 de noviembre cualquiera, decide quién gobierna España.
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