La cifra marearía a cualquiera: 6,9 millones de venezolanos viven hoy como refugiados o migrantes en América Latina y el Caribe, y 4 millones de ellos necesitan asistencia humanitaria. Es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, incluso mayor que la de Siria o Afganistán. De acuerdo con el ACNUR, se necesitan más de 328 millones de dólares para 2026, pero el presupuesto humanitario apenas está financiado al 12%. Al otro lado del espejo, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue haciendo el número 40 en Caracas: aplaude al régimen, se abraza a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —de quien ha llegado a decir que es su «amiga» y con la que mantiene una «relación de largo alcance, casi diaria»— y presenta como un logro una «amnistía general» que el propio chavismo votó en la Asamblea Nacional. El contraste es insultante. He aquí la hipocresía elevada a arte.
Pero no me malinterpreten. Este artículo respeta la presunción de inocencia. Zapatero no está condenado y es posible que su intención fuera siempre la de tender puentes, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y aquí la evidencia es apabullante: tras una década de mediación, su labor no solo no ha frenado la represión, sino que en la práctica ha proporcionado un manto de legitimidad internacional a una dictadura que se ríe de los derechos humanos, mientras el sufrimiento de millones de venezolanos se agrava cada día.
A diferencia de quienes imaginan una dictadura abstracta, las violaciones son muy concretas. Al 21 de julio de 2025, aún había 853 presos políticos encarcelados, según el Foro Penal. Human Rights Watch documentó asesinatos y desapariciones forzadas tras las elecciones de 2024, una «represión brutal» que incluyó la llamada «Operación Tun Tun», dirigida a intimidar e incluso torturar a la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU han denunciado una persecución sistemática contra los críticos, que son acusados de «terrorismo» y pueden pasar hasta 30 años en la cárcel por pedir elecciones libres.
¿Y qué ha hecho el «mediador»? Mientras Maduro cerraba las fronteras, Zapatero elogiaba el diálogo. Mientras los venezolanos huían en masa, él utilizaba aviones de PDVSA, la petrolera estatal sancionada por Estados Unidos, para sus viajes. Mientras los opositores eran encarcelados, él se atribuía la liberación de «decenas» de presos políticos, presumiblemente para justificar su papel. Y cuando finalmente la situación económica se volvió tan insostenible que el propio Maduro decretó una «emergencia económica» en 2025 —con una caída acumulada del PIB del 80% en ocho años—, Zapatero seguía en Caracas, vendiendo la paz como si fuera un producto de marketing. Es como pedirle al pirata que vele por la seguridad de la nave.
De hecho, su propio Gobierno le ha dejado fuera del plan de diálogo en Venezuela. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaró en enero de 2026 que Zapatero «no actúa en nombre del Gobierno de España ni con un mandato suyo». El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya no quiere que su rostro sea el de las conversaciones. Demasiado desgaste, demasiados escándalos —caso Plus Ultra, comisiones, contratos ficticios— que han teñido su imagen de gris y la han dejado al margen de la partida.
La crudeza de los datos es demoledora: el 25% de los venezolanos necesitan ayuda humanitaria. Entre febrero y mayo de 2025, más de 5.000 venezolanos fueron deportados de Estados Unidos, México y otros países. Y mientras tanto, desde que el chavismo anunció una amnistía general en febrero de 2026, apenas se ha avanzado en la liberación de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles de Miraflores. La «puerta giratoria» que Human Rights Watch denunció —liberaciones para mejorar la imagen, detenciones para mantener el terror— sigue funcionando a pleno rendimiento.
Con todo, lo que resulta más doloroso no es solo la ineficacia de la misión. Es el cinismo. Es ver a Zapatero codearse con los verdugos mientras se jacta de haber «evitado una guerra civil» y presume de su «utilidad». El problema es que esa utilidad ha sido solo para el chavismo, que ha utilizado su presencia como un escudo internacional contra las sanciones y la presión exterior. A la vista está: 10 años de mediación para cosechar 6,9 millones de exiliados, más de 800 presos políticos, una economía sumida en el caos y un pueblo roto.
La hipocresía no es un pecado menor cuando se ejerce desde la política internacional. Es una condena. Y en este caso, la sentencia la dictan cada día los venezolanos que duermen en las calles de Bogotá, Lima o Quito, o los que aún se pudren en las mazmorras del SEBIN. A ellos, y no a los zapatos relucientes de los mediadores VIP, les debemos la verdad. Y la verdad es que mientras Maduro mataba de hambre a Venezuela, Zapatero le regalaba sonrisas. Ese es el verdadero legado de una década de despropósitos.
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