- Consignan pruebas de que el holding BOD utilizó balances falsos y desvió fondos a Antigua y Barbuda a través de captaciones ilegales.
- Denuncian que el desfalco perpetrado por Víctor Vargas y el Grupo Cartera en el Caribe supera los 2.400 millones de dólares.
- Existen investigaciones penales abiertas contra la directiva del grupo en Venezuela y Curazao.
ST. JOHN’S, ANTIGUA Y BARBUDA – Tras las recientes cumbres presenciales de alto nivel con los poderes legislativo y judicial de la isla, la representación legal de los ahorristas e inversionistas afectados por el BOI Bank dio el paso definitivo en su estrategia judicial. Los juristas venezolanos Dr. Lucas Rodríguez Álvarez y Dr. José Gregorio Sánchez Bueno enviaron una comunicación formal y un expediente explicativo al Fiscal General de Antigua y Barbuda, Sir Steadroy Benjamín, donde detallan la magnitud de una trama financiera que califican como un «secuestro de ahorros» transnacional.
La misiva revela formalmente el modus operandi del holding Banco Occidental de Descuento (BOD). Según la denuncia, la institución matriz operó en Venezuela de manera irregular al ofertar y captar divisas para sus «bancos satélites» internacionales —principalmente el BOI Bank (Antigua y Barbuda) y el Banco del Orinoco N.V. (Curazao)— sin contar con la autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), quienactúa como el órgano de control operativo para realizar intermediación financiera en moneda extranjera.
El detonante: Balances falsos y activos inexistentes
El documento consignado ante la Fiscalía General de Antigua expone el demoledor precedente jurídico que dejó al descubierto el fraude regional. La defensa citó textualmente el dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Curazao, el cual determinó de manera pública que el grupo financiero «había utilizado documentos falsos a fin de corroborar su posición financiera» ante el Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS).
El dictamen judicial de la isla vecina confirmó que la situación financiera de la entidad era «deplorable», que el supuesto patrimonio presentado a los auditores «parece ser inexistente» y que los activos reales de la institución eran «sumamente limitados» frente a deudas sustanciales. Este colapso y decreto de quiebra del Banco del Orinoco N.V., emitido el 4 de octubre de 2019, fue el que obligó a la Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda a paralizar las actividades del BOI Bank, dejando los fondos y bonos de los depositantes completamente bloqueados e incomunicados hasta la fecha.
Cercados por la justicia internacional
Los representantes legales informaron formalmente al Fiscal General de Antigua que los principales directivos y propietarios del holding y sus filiales, los ciudadanos Víctor Vargas Irausquín, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Joel Santos Tobío, ya se encuentran bajo una averiguación penal activa tanto por la Fiscalía Criminal de Curazao como por la Fiscalía General de la República de Venezuela.
A pesar del historial delictivo del grupo económico, los abogados venezolanos manifestaron su optimismo ante la reciente designación del ciudadano Christopher Sambrano como Administrador Oficial del BOI Bank, efectuada el pasado 07 de mayo de 2026. La defensa ve en este nombramiento una oportunidad crucial para que el informe financiero transparente los activos reales de la institución en la isla.
Clamor contra la impunidad por desfalco milmillonario
La representación legal concluye exigiendo formalmente a la Fiscalía General de Antigua y Barbuda la apertura de una investigación penal exhaustiva en su jurisdicción para evitar que esta causa quede impune. La defensa enfatiza en su denuncia que el desfalco global ocasionado por Víctor Vargas y el llamado «Grupo Cartera» en el Banco del Orinoco N.V. (Curazao) y el BOI Bank (Antigua y Barbuda) sobrepasa los DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE DÓLARES ($2.400.000.000,00).
El objetivo de la avanzada jurídica es nítido: impedir que la isla sirva de refugio para capitales ilícitos de esta magnitud y lograr que los compromisos financieros sean reconocidos como pasivos legítimos para la devolución inmediata de los ahorros represados a los miles de familias y empresas afectadas.
Como respaldo definitivo, la defensa anexó a la Fiscalía la lista certificada de los representados junto a sus respectivos números de cuentas bancarias.
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