A la epidemióloga que labora para la gobernación del estado Nueva Esparta, Carmen Hernández, quien fue señalada por las autoridades de supuestamente haber ocultado información «vital» que habría podido prevenir los primeros 20 casos de covid-19 en la Academia de Béisbol «Roberto Vahlis», le fue otorgada la medida de casa por cárcel la noche del 3 de junio por los tribunales de la entidad.
Hernández fue señalada como responsable cuando se supo que los funcionarios oficialistas tomaron posesión de la situación sanitaria en la entidad y que habrían permitido la entrada desde República Dominicana a los entrenadores contagiados.
Tarek William Saab, fiscal impuesto por la ilegítima asamblea constituyente informó el 18 de abril que se «imputaron a los responsables» de mantener las actividades de estas instalaciones en Nueva Esparta a pesar del aislamiento obligatorio.
Vahlis Aguilar Roberto, director de una academia; Roberto Alehandro Vhalies Milano, gerente general; José Luis Rodríguez, entrenador; María Esparragoza, médico de la academia y Carmen Hernández, médico epidemiólogo de la Gobernación del estado Nueva Esparta son los imputados.
A Hernández se le dictó medida privativa de libertad por infringir el artículo 54 de la Ley orgánica de Seguridad de la Nación; a los empleados de la academia por omisión, previsto y sancionado en el artículo 219 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna); lesiones gravísimas, tipificado y sancionado en el artículo 414 del Código Penal en grado de continuidad, artículo 99 y 529 del Código Penal, artículo 54 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, con agravante del artículo 217 de la Lopnna.
Aplican las «leyes» de Nueva Esparta a Zulia
Por otro lado, la médico residente en la unidad de ginecología y obstetricia del hospital Adolfo D’Empaire en Cabimas, estado Zulia, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, quien fue detenida el 26 de mayo por los cuerpos de seguridad del Estado por el presunto delito de incitar al odio, luego de publicar un meme en su estado de WhatsApp en detrimento del mandatario, Nicolás Maduro, continuará privada de libertad según el Tribunal Primero de Control de Cabimas.
Sus abogados indicaron que apelarán la sentencia para lograr la libertad de la joven, de quienes sus compañeros y superiores del hospital aseveraron que su desempeño ha sido «ejemplar» y no existe queja alguna de su profesionalismo y ética.
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