Expertos coinciden en que la suspensión del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría y la investigación de los dineros de campaña del presidente no implican un rompimiento institucional.
En el año y medio que lleva en el poder, Gustavo Petro ha denunciado varias supuestas conspiraciones de la oposición para desestabilizar su Gobierno e intentar sacarlo de la Casa de Nariño.
El presidente, que en mayo de 2023 alertó de un posible complot de los militares para derrocarlo, señaló el pasado junio un “golpe blando” para diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, y ahora insiste con la tesis de una “ruptura institucional” para desalojar a la izquierda del poder.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y dos organismos de control –la Fiscalía y la Procuraduría– ha escalado a un nivel hasta ahora desconocido.
Los reclamos de Petro se producen en medio de los temores ante la justicia politizada que denuncian con insistencia los gobiernos progresistas de América Latina.
En varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los presidentes de la nueva ola rosa, una idea que se discutió en el encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta a finales de 2022.
Ese cónclave de líderes progresistas de Iberoamérica incluyó en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare, en el que han agrupado los procesos judiciales disímiles que han afectado a dirigentes como los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo, la argentina Cristina Kirchner o el guatemalteco Bernardo Arévalo.
Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos, dice el expresidente Ernesto Samper, uno de los articuladores del Grupo de Puebla.
“Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia, ha explicado antes a este periódico.
A las guerras jurídicas, advierte, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad.
La destitución del propio Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado por ese Grupo un caso emblemático de lawfare.
El entonces procurador Alejandro Ordóñez, un ultraconservador famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana.
Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría, encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, para destituir a los servidores electos por voto popular.
Varios congresistas del Pacto Histórico, la bancada de Gobierno, preparan ahora una denuncia ante la Comisión Interamericana para denunciar la “ruptura institucional” a la que se ha referido Petro.
Ya habían acudido al sistema interamericano aduciendo una persecución política de los organismos de control, como lo hizo Petro en su día, cuando deslizó la ambigua denuncia de un “golpe blando”.
Esa expresión ya había sido usada por la fallecida senadora Piedad Córdoba en referencia a “un clima artificioso de malestar social insostenible”, sin detalles.
Aunque Petro después insinuó que se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las altas cortes, el episodio quedó teñido de confusión —el Consejo de Estado ha anulado la elección de tres senadores del Pacto Histórico por doble militancia—. Tanto así que el sindicato de maestros ha citado a una marcha frente a la Corte Suprema este jueves, a lo que el presidente ha respondido con una reunión con las cabezas del tribunal este martes, en una señal de relaciones cordiales que ha rubricado en X así:
“Un gobierno progresista no atacará la justicia pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes”.
En todo caos, en ese ambiente enrarecido, las posturas de la procuradora, Margarita Cabello, y del fiscal general, Francisco Barbosa, alimentan las suspicacias.
Ambos fueron funcionarios de Iván Duque y, en su momento, sus elecciones desataron una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los órganos de control.
Si en la Administración de su antecesor se temía que fueran ‘funcionarios de bolsillo’, en la de Petro se han revelado como férreos opositores.
Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2024-02-07/de-golpe-blando-a-ruptura-institucional-de-que-habla-petro-cuando-denuncia-conspiraciones-para-sacarlo-del-poder.html#?prm=copy_link
Comment here