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Defensores de derechos humanos: Rechazan traslado de presos políticos a cárceles comunes del país

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, se pronuncia respecto a los hechos suscitados en fecha 12 de mayo del año en curso, donde la administración de Nicolás Maduro en Gaceta Oficial No. 42.125, el Decreto No. 4.610, ordenando a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el traslado de los presos políticos a la custodia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

«Ante esta situación, y considerando que actualmente existen más de 300 presos políticos distribuidos entre las instalaciones de la DGCIM y el SEBIN, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas rechaza enfáticamente esta medida administrativa fundamentada en intereses políticos, materializando un traslado de custodia sin basamento jurídico ni práctico de personas que, en primer lugar, nunca debieron haber sido privadas de su libertad, pues las causas que acompañan sus encarcelamientos se encuentran, de igual manera, revestidas de consecuencias meramente políticas y decisiones arbitrarias por parte de un Gobierno de facto que ha ejercido una política de Estado de exterminio, censura y persecución».

Prado indicó que la capacidad instalada de recepción de personas en las cárceles venezolanas es de 21.938 privados de libertad, pero actualmente la población recluida supera los 37.500 personas, por lo que el índice de hacinamiento es de 171,28%.

El comisionado exhorta, con carácter de urgencia, al Gobierno y sus órganos adeptos pongan en libertad inmediata a los presos políticos que forman parte de la población reclusa, rechazando el contenido el Decreto 4.610, y manifestando la evidente transgresión a los derechos humanos que acarrea la ejecución de esta medida dentro de la realidad penitenciaria de nuestro país y los estándares internacionales en la materia, donde cabe destacar, esta comisión ha puesto en marcha los mecanismos internacionales pertinentes, incluidos la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y el Comité de Tortura adscrito al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para concluir detalló: «Un 40 % de dicha población reclusa se encuentra en condiciones de urgencia médica, de donde se ha demostrado que al menos un 63.46% de dichas personas fallecen en los centros de reclusión como consecuencia, principalmente, de desnutrición y enfermedades como la tuberculosis, según registros del Observatorio Venezolano de Prisiones».

Por su parte, la ONG Foro Penal, líder en la defensa de los presos políticos en Venezuela, pidió este viernes que se evite usar a estos detenidos como piezas de negociación para ganar espacios, una solicitud que hizo de cara al anuncio de diálogo que busca la oposición liderada por Juan Guaidó con la administración de Nicolás Maduro.

“El Foro Penal no se hace parte (…) ni apoya ninguna negociación con ese propósito concreto de utilizar a estos ciudadanos como piezas de negociación”, dijo Alfredo Romero, director presidente de la ONG, en una rueda de prensa.

Enrique López Alfonzo

Premio Latinoamericano de Oro 2020 como Periodista de Investigación Impacto del año 2020-21

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