La CPI lleva años de estudios, mientras Argentina lleva prisa de justicia.
Además del juicio que enfrentará en New York, el extraído (permítanme la expresión, pues a Nicolás Maduro lo sacaron de Miraflores con la misma delicadeza con la que se extrae un diente infectado) no escapará a la jurisdicción universal.
Y no, no será por obra y gracia de esa Corte Penal Internacional que se mueve con la parsimonia de Tío Conejo, sino por la determinación de la justicia argentina y del abogado Tomás Farini Duggan, con quien conversé largamente sobre este complejo proceso que hoy tiene al “hijo de Chávez” con un pie en el banquillo de los acusados de Buenos Aires.
Farini Duggan no es un improvisado. Es el hombre que, con una mezcla de paciencia de monje y colmillo de jurista, logró lo que parecía un disparate jurídico cuando Argentina era la sede de la CELAC y Alberto Fernández recibía a dictadores con alfombra roja.
En aquel entonces, Maduro decidió no viajar. El miedo no es tonto, dicen en el llano, y Nicolás olió el peligro de una denuncia que Farini había cocinado con Waldo Wolff.
No era una simple pataleta de oposición, era la activación de una cláusula constitucional argentina, esa línea chiquitita del artículo 118 que permite juzgar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en cualquier rincón del mundo si en su casa no se hace justicia. Y sabemos cuál es la realidad de la justicia en Venezuela.
Durante nuestra conversación, Farini fue tajante sobre un tema que a muchos abogados y activistas de derechos humanos venezolanos todavía les genera una suerte de esperanza cándida: la Corte Penal Internacional. Para Farini, y lo dice con la crudeza de quien conoce las costuras del sistema, la CPI ha quedado expuesta.
Mientras con Netanyahu tardaron dos meses en librar una captura, con Maduro llevan años inundados de pruebas y no han movido un dedo con la contundencia necesaria. Es penoso, me decía, ver cómo se desprestigian pidiendo fondos para investigar lo que ya está documentado hasta la saciedad.
La justicia internacional, cuando es de izquierda el que aprieta el gatillo, parece que necesita anteojos nuevos o, mejor dicho, voluntad política. No le falta razón a Farini.
Pero la noticia que realmente sacude el tablero es la incorporación de Ricardo Albacete Vidal como querellante en esta causa argentina. Albacete no es un nombre cualquiera, es el empresario de 73 años, paciente oncológico, que cometió el “delito” de hospedar a María Corina Machado en su casa durante el cierre de campaña en el estado Táchira, en junio de 2024.
Su historia es el resumen perfecto de la barbarie. Lo detuvieron sin orden, lo desaparecieron durante días en ese “inframundo” de la Zona 7 en Boleíta, donde el aire sabe a heces y el tiempo se mide en tortura psicológica. Al final, lo desterraron a España un 20 de diciembre, en una de esas jugadas donde el régimen te quita la patria pero no te devuelve la paz.
El escrito de Albacete, patrocinado por Farini, es una radiografía del horror. Habla de 172 días de encarcelamiento, de trabajadores asediados, asesinados, de desvalijamiento de empresas y de una persecución que no se detuvo ni ante su enfermedad. Lo que le hicieron a Albacete, ese destierro forzoso, es el combustible que ahora alimenta la causa en Buenos Aires.
Ese destierro, es la prueba viviente de que el sistema judicial venezolano no investiga crímenes de Estado, sino que es su brazo ejecutor.
Farini me explicaba que la cosa en Argentina se puso interesante cuando la Cámara Federal ordenó abrir la jurisdicción universal, pues vio lo que el mundo ya sabe: que en Venezuela no se quiere ni se puede juzgar a la cúpula. Lograron probarlo con fiscales exiliados que contaron cómo los torturaron por intentar hacer su trabajo. No eran indicios, eran certezas documentadas con reportes de la misión independiente de la ONU que, para esta causa, fueron oro puro.
Lo curioso, y aquí entra la ironía que tanto nos gusta, es el papel de la Casación Penal en Argentina. Hay jueces que, inexplicablemente, han intentado frenar el avance de la causa. Farini menciona a Ángela Ledesma, y a quien ésta reemplazó, Carlos Mahiques, este último padre del ministro de Justicia, lo cual levanta sospechas de un trasfondo político que todavía no terminamos de descifrar.
¿Qué hilos se están moviendo para que se discuta la nulidad de una jurisdicción que ya fue autorizada? Incluso sacaron el argumento de la inmunidad de Maduro, como si Argentina lo reconociera como mandatario, cuando la propia Cancillería reconoció a González Urrutia tras el fraude electoral de julio de 2024.
Si se cae la causa de Maduro en Argentina, se genera un efecto dominó que beneficiaría a otros criminales globales. Por eso, el abogado argentino se prepara para llevar esta pelea a todos los foros posibles, incluso viajando a España para presionar por la extradición de personajes como Verdú o el propio Noguera Pietri, el único del chavismo que ha tenido el tupé de buscar abogados en Argentina para intentar anular su captura sin ponerse a derecho.
El cinismo no tiene fronteras: quieren justicia argentina para que los proteja, pero no para que los juzgue.
Farini es optimista, a pesar de las trabas. Sabe que tiene el acervo probatorio más sólido que se haya visto en décadas. Sabe que la CPI es un adorno costoso, pero que la justicia argentina tiene los dientes necesarios si no se deja intimidar por la política de turno.
Conversar con Farini te deja esa sensación de que, aunque el camino sea largo y esté lleno de jueces con agendas ocultas, hay una reserva de decencia técnica que no se rinde. La causa contra Maduro en Argentina es el último clavo en el ataúd de la impunidad absoluta.
Recuerda seguirnos en nuestra CUENTA DE INSTAGRAM Y LA CUENTA DE WHATSAPP
Comment here