“La supremacía de la Constitución sería imperfecta e inoperante, desde el punto de vista jurídico, si no se establecieran las necesarias garantías que la protejan frente a los actos inconstitucionales o de cualquier ruptura del ordenamiento”. Allan R. Brewer-Carías
La justicia en Venezuela, esa que debería ser el último refugio de los inocentes frente al atropello, ha terminado por transformarse en una cloaca institucional donde se sepultan las esperanzas de quienes no tienen voz ni padrinos políticos. Lo que hoy se vive en Yaracuy no es simplemente un caso aislado de maltrato escolar o una desidia judicial más; es el retrato descarnado, feo y putrefacto de un sistema construido para proteger a los suyos, a los que ostentan el poder, mientras se le escupe en la cara a un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA Nivel 2) que no tiene forma de defenderse. Estamos ante un adolescente con la edad mental de un niño de apenas cinco años, quien fue vejado por quienes debían ser sus guías y que ahora se encuentra atrapado en una “gavilla” de funcionarios que se deben favores y complicidades, desde el Circuito Judicial Penal de San Felipe hasta los pasillos del Palacio de Gobierno, el llamado Palacio de Las Maporas.
Este drama, que reposa bajo el frío expediente número UP01-P-2026-001062, tiene protagonistas que se pasean por Yaracuy como si fueran dueños de la verdad. Lenyis Martínez, quien en enero de 2025 dirigía el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, la otrora Zona Educativa, tuvo el cinismo, la desfachatez de declarar ante la opinión pública que los maestros en el estado atendían con “mucha responsabilidad” a los estudiantes. ¡Qué falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos! Mientras ella vendía esa mentira, en el Instituto de Educación Especial “Aristóbulo Istúriz”, la docente Youlis González marcaba psicológicamente de por vida a un niño que no puede articular palabra. ¿El pecado del menor? Señalarse sus partes íntimas para indicar que necesitaba ir al baño, un gesto funcional básico, natural, inherente a su condición. ¿La respuesta de la maestra? Tratarlo de “depravado sexual” a través de audios de WhatsApp. Sí, leyeron bien. Se le atribuyó malicia sexual a un menor con discapacidad para ocultar, seguramente, la profunda incapacidad de quienes debían protegerlo. Y lo peor de todo: Lenyis Martínez, lejos de enfrentar sanciones por esta aberración, fue premiada como Secretaria General de Gobierno. Hoy es la mano derecha del gobernador Leonardo Intoci. El mensaje del poder es claro: la lealtad a la “gavilla” se paga con cargos y protección.
La batalla judicial que ha emprendido el padre del niño, Antonio José Sierra Pinto, se ha convertido en un calvario de silencios y zancadillas. Después de 41 días de mudez absoluta en el Tribunal Segundo de Control de Yaracuy, tuvieron que recurrir a un Amparo Constitucional para obligar a la jueza Mirtha Vermiglio a salir de su letargo. Pero su «despertar» fue apenas para sellar la impunidad, rechazando la querella con tecnicismos que parecen redactados por los abogados defensores de las mismas funcionarias que maltrataron al niño. La situación alcanzó niveles de obscenidad absoluta el pasado martes 11 de agosto de 2026. En plena audiencia, la parte querellante no tuvo más remedio que recusar a la jueza Vermiglio por una parcialidad que salta a la vista. ¿El motivo? La jueza tuvo la audacia de decir que no podía citar a Lenyis Martínez porque “no contaba con su dirección”. ¡Por favor! A cualquier ciudadano común lo notifican hasta por mensajes de texto, conocen su ubicación exacta, su teléfono, su casa y su trabajo; pero a la Secretaria General de Gobierno, según el tribunal, no saben dónde localizarla. Es un chiste de mal gusto que solo busca proteger a las docentes Elisbeth Peralta, Yeline Caldera y a la directora Derbys Parra.
Para el miércoles 12 de agosto, la recusación se formalizó por escrito, denunciando motivos graves que afectan la integridad del proceso. El abogado Dwight Rodrigo Barreto Vásquez ha sido contundente: la jueza Vermiglio está ignorando la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del TSJ, específicamente la Sentencia N° 902 3 Fuentes, que ampara el derecho de la víctima a presentar su acusación particular propia cuando la fiscalía se queda de brazos cruzados o, como ocurre aquí, se vuelve cómplice por omisión al pretender validar una audiencia sin notificar a las acusadas. Hasta la fiscalía, que envió a una auxiliar de San Felipe, terminó arrodillada ante el mismo guion, pretendiendo realizar un acto procesal sin las partes necesarias. Esto no es solo ignorancia jurídica, es un desacato abierto a los criterios del máximo tribunal del país y un atropello flagrante al debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna. El derecho penal está siendo utilizado como un escudo para salvaguardar a los poderosos, mientras el niño queda totalmente indefenso frente a un aparato que debería ser garante, pero actúa como verdugo.
Bajo la óptica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el panorama en Yaracuy es desolador. Negar los “ajustes razonables” a un menor con discapacidad y exponerlo al escarnio público es una violación de derechos fundamentales que no prescribe en la memoria de la justicia. La Corte Interamericana ya tiene antecedentes claros sobre este tipo de conductas por parte del Estado venezolano, donde se ha condenado la impunidad y la falta de debida diligencia. Señor Gobernador Leonardo Intoci: ¿este es el legado que piensa construir en su gestión? ¿Va a seguir cohonestando estas conductas reprochables solo por mantener la paz en su círculo de poder? La responsabilidad internacional no es un juego de palabras; es un expediente que se llena y que compromete a todo el Estado ante los organismos internacionales. Usted está al frente de una Gobernación que, en lugar de amparar a los vulnerables, parece haber sido cooptada por una estructura que favorece la impunidad mutua.
Al final de este camino de espinas, los audios de la vejación, el aislamiento del niño en un aula inhabitable y la negativa a aplicar su Plan Educativo Individualizado quedan como pruebas imborrables de un sistema que perdió el norte. La justicia en Yaracuy no solo parece haberse muerto de miedo, se ha vuelto cómplice. El caso de Antonio José Sierra Pinto y su hijo no es un expediente más en los archivos de un tribunal, es el termómetro de una justicia que, en esta Tierra de Gracia, ha confundido autoridad con complicidad. La historia y los datos, tarde o temprano, suelen ser implacables con quienes prefieren proteger a los delincuentes antes que garantizar los derechos humanos de un niño neurodivergente. Es hora de que el gobernador Intoci despierte y decida si va a ser un garante de la ley o simplemente el protector de una “gavilla” institucional. El niño sigue sin voz, pero su caso ya retumba más allá de las fronteras del estado, gritando la verdad de un sistema fallido que, a todas luces, le ha dado la espalda a la dignidad humana.
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