Su abogado señala que era la menos informada.
La venezolana Yacsy Álvarez sigue enfrentando cargos en Colombia por su presunto papel en ayudar a quienes tramaron una insurrección para derrocar al régimen de Maduro en Venezuela.
La venezolana Yacsy Alvarez, acusada de jugar un papel central en la conspiración del 2020 para derrocar a Nicolás Maduro, deambula por un limbo legal en Colombia, dijo el lunes su abogado al denunciar que la fiscalía de ese país no está jugando del todo limpio.
Álvarez está siendo presentada como una de las figuras centrales del complot, cuando en realidad el papel que jugó en la denominada operación Gedeón fue insignificante, dijo su abogado, Alejandro Carranza, en una entrevista telefónica.
“Mucha gente ha mostrado la visión de que Yacsy es la Mata Hari, de que ella era la entrenadora [de los militares venezolanos que querían derrocar a Maduro[ o que ella era la financista. Todo eso es carreta [son falsedades]. Ella es la boba del paquete y no han querido meterse con los tipos que son realmente los responsables”, dijo Carranza.
Las personas que deberían en realidad ser enjuiciadas en Colombia, según Carranza, son el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue el que firmó el millonario contrato con la firma de seguridad radicada en la Florida Silvercorp USA para entrenar a los militares disidentes venezolanos que participaron en la fracasada invasión de mayo 2020, y el general venezolano Cliver Alcalá, quien fue el que ideó originalmente la operación, dijo.
Carranza ha solicitado formalmente a la fiscalía que se vincule a Guaidó y a Alcalá directamente en el caso, y ha sido totalmente ignorado.
“Frente a la vinculación de Guaidó, la fiscalía guardó total silencio” a pesar de que sabe que hay un contrato firmado entre el líder opositor y el presidente de Silvercorp, Jordan Goudreau, orquestado por el asesor político J.J. Rendón, en la que se estipula los detalles sobre la incursión militar contra Maduro, dijo.
Guaidó ha negado reiteradamente su participación en la desafortunada operación militar, pero documentos obtenidos por el Nuevo Herald y otros medios de comunicación estadounidenses muestran que estuvo involucrado tras haber firmado el contrato de $212.9 millones con Silvercorp que debía ser respaldados por petróleo venezolano.
En el caso de Alcalá, quien recientemente se declaró culpable en Nueva York de haber suministrado armamentos a la guerrilla colombiana cuando formaba parte del gobierno socialista de Caracas, la fiscalía también tuvo un mal manejo para perjudicar a Álvarez, según Carranza.
La fiscalía dio inicio a un proceso penal contra el militar venezolano por los mismos hechos de Álvarez, pero aparte del juicio contra la venezolana, lo que no permite usar sus declaraciones.
“De haberlo incluido en el mismo proceso penal en el que está Yacsy, entonces el hombre tendría que venir aquí para rendir una declaración sobre el papel que jugó Yacsy”, dijo Carranza.
Eso sería muy útil porque el general ya había brindado unas declaraciones en público en las que dijo que “Yacsy no tenía nada que ver y que las armas eran del pueblo venezolano”.
Parte de los cargos contra Álvarez involucra haber estado en posesión del armamento que sería usado contra Maduro.
Otra de las irregularidades, según Carranza, tienen que ver con el hecho de que la fiscalía se tardó más del tiempo estipulado para presentar las pruebas contra Álvarez y luego intentó entregarle al abogado un CD con las declaraciones de unos de los testigos claves cuando ya se había agotado el plazo.
Carranza dijo que no aceptó el CD, sabiendo que se trataba de una treta, y que luego se enteró en una audiencia las razones por las que habían tratado de entregárselo.
“Nos quería entregar esas declaraciones de esa manera porque el señor [el testigo] se murió”, y al no haber procesado correctamente las declaraciones previamente éstas se quedan fuera del proceso.
Álvarez, quien pasó varios meses en prisión, se encuentra actualmente en libertad en Colombia mientras espera el desenlace del proceso judicial, pero aún espera que un juez ratifique una decisión previa que le permite enfrentar los cargos sin estar tras las rejas.
Esa decisión, sin embargo, debió haber salido a pocas semanas después de que Álvarez salió de prisión en noviembre, y aún no ha llegado.
Fuente El Nuevo Herald
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