El alto gobierno venezolano o “régimen usurpador”, se convirtió en un pesado fardo para un país que clama libertades y exhorta a enrumbar la política gubernamental. Convirtió su práctica represiva en filosofía de gobierno.
Ahora, las realidades reflejan el carácter obtuso de estos gobernantes ante el llamado diario que desde seguidas protestas y reclamos elevan millones de venezolanos convencidos que su lucha no será en vano. Ello, indistintamente de los tiempos que tome la justicia para actuar según los procedimientos condenatorios que sancionará las actuaciones inhumanas y brutales que las arbitrariedades asumidas generan en perjuicio del talante democrático que merece disfrutar el tenaz pueblo venezolano.
Lo que en principio llegó a ser un desencuentro político-ideológico entre facciones de lo que fue un tiempo la oposición democrática y el gobierno central, pasó a ser una triste realidad caracterizada por la lucha feroz entre quienes se aferran a permanecer en el poder político del país, y quienes con autenticidad y legitimidad detentan el derecho, además constitucional, de protestar las injusticias y arbitrariedades cometidas en nombre de medidas unilaterales cargadas del más acérrimo odio.
El régimen se encerró entre testarudeces que a ningún punto han llegado. Las mismas se afincaron en pretensiones absurdas que solamente reventaron no sólo libertades. Peor aún, vidas y esperanzas.
Las desaforadas decisiones tomadas inconsultamente por el cenáculo gubernamental asentado en Miraflores, respecto de imponer espurias medidas, sobrepasó los límites de la constitucionalidad tanto como de la praxis democrática.
Respuesta ajustada a la justicia necesaria
El pírrico hecho representado en la arbitrariedad a partir de la cual el régimen asume sus decisiones, constituye el espacio para provocar abiertos delitos cuya sobrada jurisprudencia internacional servirá de argumento a ser utilizado por la Corte Penal Internacional, CPI, para que sobre la humanidad de cada hacedor de esta tiranía se descargue el férreo peso de la justicia.
La sola idea de que el país siga viéndose sometido por el fuero inclemente de una tiranía convertida en letra constitucional, asusta. Además de exaltar las mayores fuerzas sociales a fin de evitar un mayúsculo atropello que terminaría evidenciando un desmedido retroceso en materia política, económica, social y cultural.
He ahí la intención del régimen en actuar con la represión posible toda vez que su poder intimidatorio, busca acallar y neutralizar la capacidad de resistencia demostrada a lo largo de estas últimas semanas. Tiempo éste en el que la valentía de la población inconforme le ha valido la calificación de firme defensora de la democracia. Mientras tanto, el gobierno ilegítimo no ha tenido otra forma de contraponerse a tan ejemplar gallardía y coraje de maestros, personal sanitario, obreros metalúrgicos y de tantos otros grupos y movimientos gremiales y sindicales, que desvergonzadamente rindiéndole permanente y obsceno culto (político) a la opresión.
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