Opinión

De «terrorismo» y «terroristas» Por Antonio José Monagas

Tanto es el miedo que ha llevado al régimen venezolano a cometer la serie de abusos y delitos que mantiene azotada la dinámica funcional de la sociedad y de la economía nacional, que vio la urgencia de hacer de esos mismos miedos su nueva ideología. O el complemento de la primigenia. 

Así terminó formalizando una ideología consustanciada con la doctrina política de la cual se sirve el régimen para actuar con toda la arbitrariedad que distingue a una tiranía luego de trascender por una dictadura. O sea, por un sistema de gobierno algo más indulgente. Pero que en el fondo, fundamentó su gestión gubernamental en la violación de libertades y derechos humanos. Desde luego, matizada su gestión con llamados a elecciones cuya metodología ha encubierto sigilosos procedimientos prestos a trampear en la dirección de lo que siempre ha sido un timo electoral. 

Con base en tan aberrante intención de restringir el alcance del concepto de “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, tal como lo establece la Constitución Nacional (Art. 2), el régimen venezolano conculcó el derecho a manifestar. Asimismo, con el derecho de expresión. 

En consecuencia, desvirtuó su formalidad jurídica hasta convertir dichos derechos en razón propia de evitar. O sea, logró constreñirlos tildándolos de “derechos injustificados”. Para ello buscó en alguna vetusta enciclopedia de los tiempos del oscurantismo, alguna definición que le permitiera encapsular tan legítimo y necesario derecho democrático. El derecho a manifestar lo encerró en un contenedor de odio y acicalado por elementos de violencia y muerte. Lo mismo, con el derecho de expresión. 

Haberse descubierto el régimen de cara al manejo de irregularidades y desafueros, o haberse destapado en términos de manejos dolosos y delitos de lesa humanidad que viene cometiendo o dejando cometer, lo hizo refugiarse en la más grosera impunidad. 

Esta situación exhibió miedos vividos y padecidos como secuela de gruesas convulsiones a lo interno de los cuadros de gobierno y del partido del oficialismo. Por tanto el régimen no consiguió otro camino político más expedito, que tachar a quienes manifiestan contra su desastroso gobierno, de “terroristas”. De este modo, halló la ruta perfecta para arremeter contra la justicia pretendida, aunque con desparpajo. Todo así, a pesar de contar con la Fiscalía como órgano de justicia que supuestamente es.

Así justificó la causa para acusar a quienes manifiestan, como “terroristas”. Y por consiguiente, puedan ser juzgados por la justicia militar. Esto, no sólo contraviniendo preceptos constitucionales. También postulados democráticos y de elemental ecuanimidad sociopolítica. De manera que luego de haberse desenmascarado como vulgar régimen tiránico, hizo que las causalidades de una jurisprudencia acomodaticia, puedan hablar ahora abiertamente de «terrorismo» y «terroristas».

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