Tenemos frente a nosotros una nueva mentira de la administración del Rodrigato, ya que la devolución se haría bajo las condiciones que impondría el régimen.
Hay un refrán que dice textualmente: “La mentira tiene patas cortas.” Este dicho popular se aplica al régimen que gobierna a Venezuela; también conocido como “El Rodrígato”, Delcy Eloina Rodríguez, quien cambia de parecer más rápido que un camaleón cambia de colores,
Ahora, quien ejerce el cargo de presidenta interina gracias al apoyo del gobierno de Donald J. Trump, anuncia sus intenciones e iniciativas dirigidas a devolverle a sus dueños y propietarios originales, los bienes expropiados durante el gobierno de Chávez y de Maduro; gobiernos del que ella fue parte muy importante en ambos.
Este cambio de matíz, es importante sobre su alcance y aplicación práctica para ella, ya que lo que busca Rodríguez es elevar su perfil político, luego de la llegada sorpresiva de la candidata presidencial, María Corina Machado, hace ya una semana.
Tenemos frente a nosotros una nueva mentira de la administración del Rodrigato, ya que la devolución se haría bajo las condiciones que impondría el régimen.
De 5.000 a 5.800 propiedades incautadas
La política de expropiaciones, intervenciones y confiscaciones implementada por el Estado venezolano desde finales de la década de 1990 y acentuada fuertemente entre 2007 y 2012 abarcó miles de unidades productivas, industrias, comercios, tierras y activos estratégicos.
Diversas fuentes del sector privado y ONGs estiman que entre 1999 y los años posteriores a 2018 se superaron las 5.500 a 5.800 unidades o empresas afectadas (incluyendo medianas y grandes industrias, comercios, redes de distribución y fundos agropecuarios).
Entre 2007 y 2011 se produjo el periodo que concentró las medidas de mayor impacto macroeconómico, tales como la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, la estatización de la compañía de telecomunicaciones CANTV, la acería Sidor, el Banco de Venezuela y la red de distribución de insumos agrícolas Agroisleña, además de cientos de empresas petroleras secundarias y constructoras.
Sin embargo, hay una serie de puntos claves sobre este tema que debemos considerar:
- El anuncio oficial: La presidenta interina, luego de consultar con su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y los abogados afectos al régimen Carlos Escarrá, Carislya Rodríguez, presidenta del TSJ , Edgar Gavidia Rodríguez y Elías Rubén Bittar, decidió ordenar una valoración técnica de activos y bienes no esenciales en manos del Estado para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios, indicando que es una iniciativa en una fase avanzada para incentivar la economía y atraer inversión.
- Reacciones gremiales: Gremios empresariales y económicos han visto con buenos ojos la posibilidad, pero insisten en que el proceso debe manejarse con total seguridad jurídica, de manera expedita y respaldada por marcos legales claros desde la Asamblea Nacional, ya que históricamente se han devuelto o cedido algunos casos puntuales (como centros comerciales o locales), pero sin un inventario público consolidado o un plan masivo transparente.
- El alcance real: Diversas organizaciones independientes (como Cedice Libertad) han señalado que no existe todavía un inventario público o detallado que confirme cuántos ni cuáles activos expropiados en el pasado podrán ser devueltos de forma efectiva, por lo que muchos sectores se mantienen a la expectativa de ver hechos concretos y normativas claras más allá de los anuncios políticos.
- El estado real de esos bienes: ¿En qué estado se encuentran las propiedades expropiadas e incautadas? ¿El Estado pagaría las que están deterioriadas o en condiciones peores a cuando se las quitaron a sus dueños originales? Son solo dos de las muchas preguntas que todos nos hacemos porque ejemplo del deterioro o pérdida total de muchos de estos bienes es evidente, y traigo a colación el caso de la Hacienda La Carolina, que era de Diego Arria, ubicada en la carretera que une los estados Carabobo y Yaracuy, y que no sólo fue expropiada sino destruida en su totalidad; los animales robados o dejados morir, al igual que las siembras y la hermosa casa colonial, de la que solamente quedan ruinas.
El discurso oficial, el contraste técnico y la verificación de datos
El discurso oficial al que que apela el régimen se dirige a “garantizar la propiedad privada” y ofrecer señales al sector privado. Sin embargo este tipo de declaraciones responden a una estrategia de distensión o búsqueda de incentivos económicos urgentes, más que a una política de restitución masiva y sistematizada de derechos de propiedad.
Hay una total opacidad de cifras. Organizaciones especializadas y centros de pensamiento y estudios económicos, han advertido reiteradamente que no existe un inventario público, transparente ni auditable por parte del Estado que detalle cuántas empresas, tierras, locales o infraestructuras fueron confiscados a lo largo de las décadas, cuáles están operativos y cuáles son jurídicamente restituibles.
Si bien en el pasado ha habido casos puntuales de devoluciones discretas o acuerdos de administración compartida (como ocurrió en su momento con centros comerciales o ciertos activos industriales y hoteleros), estos procesos se han manejado caso por caso, sin un marco legal estricto publicado en Gaceta Oficial que garantice igualdad de condiciones para todos los afectados.
Es obvia la incapacidad operativa del Estado que demuestra nuevamente que la inmensa mayoría de las empresas y bienes que pasaron a manos del Estado bajo la política de expropiaciones terminaron inoperativas, desvalidas o generando pérdidas fiscales masivas.
Por otra parte, el Estado venezolano enfrenta severas limitaciones de caja y una urgencia apremiante por atraer inversión extranjera y privada (así como mitigar millonarias deudas por demandas internacionales de arbitraje, como los laudos pendientes con transnacionales).
Entregar o tercerizar estos activos representa un intento de aliviar la carga financiera estatal transfiriendo el costo de recuperación al sector privado.
Voceros de gremios empresariales y centros de estudio, como Fedecámaras, Cedice y Transparencia Venezuela, han recibido la noticia con cautela optimista, pero exigiendo un cambio estructural profundo.
La exigencia central es que los anuncios políticos no queden en promesas: piden que intervenga formalmente la Asamblea Nacional, se derogue o reforme el marco legal restrictivo (como la Ley de Tierras) y se establezcan indemnizaciones justas o vías expeditas y transparentes de devolución.
En resumen, es un anuncio de intenciones políticas en una fase preliminar que carece de un cronograma público, de un censo oficial de activos y de garantías legislativas transparentes que permitan medir su alcance real a corto plazo.
Procesos de oferta pública y sin idemnización
Según lo planeado en Miraflores por la presidenta interina, que habría sido asesorada por su hermano, el presidente de la AN y varios abogados afectos al régimen, como Carlos Escarrá, Carislya Rodríguez, presidenta del TSJ , Edgar Gavidia Rodríguez y Elías Rubén Bittar Escalona, se efectuaría un proceso de oferta pública en aquellos bienes que no sean devueltos de forma directa a sus antiguos dueños, y que podrían ser transferidos al sector privado mediante mecanismos de subasta, licitación u oferta pública. En algunos casos se ha contemplado también el uso de la bolsa de valores para democratizar el capital.
Y es aquí donde viene el punto más álgido, o donde el régimen busca escapar de cualquier problema. Estas entregas se harían sin indemnizaciones retroactivas generalizadas. Las entregas se harán sin comprometer pagos compensatorios o indemnizaciones financieros significativos por parte del Estado por los daños o pérdidas sufridos durante los años de intervención estatal.
Otro punto que levanta sospechas, y que ha sido denunciado por los que sufrieron de expropiaciones es la falta de un marco legal unificado y expedito, ya que aunque se defiende la medida bajo el discurso del respeto a la propiedad constitucional, el sector empresarial insiste en que las restituciones deben contar con un respaldo institucional claro y expedito a través de la Asamblea Nacional para ofrecer verdaderas garantías jurídicas a las inversiones y evitar la discrecionalidad.
Devolución de expropiaciones sin final feliz
A un cuarto de siglo del decreto que convirtió la confiscación en política de Estado, la posible restitución de activos no esenciales no se perfila como un acto de justicia poética, sino como un frío cálculo de supervivencia fiscal.
El dilema central no radicará en la voluntad política de devolverlos, sino en el laberinto técnico y legal que implica rescatar de la obsolescencia y el desmantelamiento a miles de empresas y tierras que hoy son solo el fantasma de lo que fueron.
Para que esta apertura económica logre tentar al capital privado y convencer a los antiguos dueños, el gobierno necesitará algo más que decretos exprés o comisiones de valoración: requerirá blindaje institucional y una arquitectura jurídica creíble que disipe el temor a un nuevo ciclo de confiscaciones.
Sin un inventario transparente, garantías internacionales de propiedad y fórmulas claras para compensar los pasivos acumulados, el ansiado regreso del sector privado corre el riesgo de naufragar en un pantano de litigios y desconfianza.
En definitiva, la devolución de estos bienes pondrá a prueba la verdadera urgencia de un modelo que, acorralado por su propio colapso, intenta desmontar su pasado estatista.
La resolución de este conflicto marcará la frontera definitiva entre una transición económica real hacia la productividad o una simple operación de fachada destinada a maquillar una economía sin brújula.
En pocas palabras, a Diego Arria, quien le quitaron de manera hamponil su hacienda, que además de ser un atractivo turístico y recreacional, era un centro económico que ayudaba a los moradores de la zona, no le resarcirán los daños. Y así como él, otros cientos de venezolanos y extranjeros más.
¡La prueba más evidente que Delcy Eloina Rodriguez y su régimen miente!
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