Venezuela parece haber llegado a un punto en el que el diálogo dejó de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad. Pero también en una fuente de incertidumbre. Mientras buena parte de la sociedad venezolana clama por una transición política que permita recuperar la institucionalidad, las libertades y el derecho a elegir, la mesa de diálogo que hoy reúne a representantes del oficialismo y de la oposición genera una pregunta inevitable: ¿estamos ante un verdadero camino hacia la transición o ante una negociación destinada, simplemente, a reorganizar el poder?
La diferencia no es semántica. Es política.
El venezolano no parece estar rechazando el diálogo. Lo que existe es una desconfianza razonable frente a un proceso que no termina de ser transparente, que no incorpora a todos los actores relevantes y cuyo destino todavía no está suficientemente claro. Para una sociedad que ha vivido durante años procesos de negociación que no produjeron los cambios esperados, sentarse nuevamente a conversar no puede ser presentado como un fin en sí mismo.
El diálogo solo tendrá sentido si conduce a la recuperación de los derechos políticos y a la reinstitucionalización del Estado.
Quienes participan en representación de la oposición parecen entender la negociación como un instrumento para alcanzar una transición. Bajo esa lógica, el diálogo debería permitir avanzar en la liberación de los presos políticos, la recuperación de las garantías democráticas, la reconstrucción de las instituciones, la celebración de elecciones libres y competitivas y, finalmente, la transferencia legítima del poder mediante el voto.
Si ese es el propósito, el diálogo puede ser una herramienta válida y necesaria. Una transición política no necesariamente tiene que producirse mediante una ruptura; también puede construirse mediante acuerdos.
Pero el problema aparece cuando se observa la otra cara de la mesa.
Desde el oficialismo se ha presentado el diálogo como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad del país. La afirmación, en principio, resulta difícil de cuestionar. Nadie debería oponerse al fortalecimiento democrático.
La verdadera discusión está en qué significa fortalecer la democracia.
Porque una democracia no se fortalece simplemente incorporando nuevos actores a una negociación. Se fortalece cuando las instituciones dejan de estar subordinadas a quienes ejercen el poder, cuando los ciudadanos pueden participar sin restricciones, cuando los partidos tienen garantías, cuando la justicia es independiente y cuando el resultado de una elección puede modificar realmente quién gobierna.
Por eso, la pregunta que debe hacerse Venezuela no es solamente si existe diálogo, sino hacia dónde conduce ese diálogo.
Porque para una parte de los actores que participan en la mesa, el diálogo puede ser entendido como un puente hacia la transición. Pero para quienes actualmente detentan el poder, existe el riesgo —o al menos la posibilidad— de que el diálogo termine convirtiéndose en un mecanismo para administrar una transición sin perder el control sobre ella.
Y allí aparece la diferencia fundamental entre cambiar el poder y reorganizarlo.
Cambiar el poder significa modificar las reglas bajo las cuales ese poder se ejerce. Significa recuperar la autonomía de las instituciones, garantizar la separación de poderes, reconstruir el sistema electoral, devolverles a los ciudadanos la capacidad de elegir y establecer controles que impidan que cualquier grupo político vuelva a apropiarse del Estado.
Reorganizar el poder, en cambio, puede significar algo mucho más limitado: sustituir funcionarios, redistribuir espacios, incorporar nuevos sectores, negociar cuotas de influencia y alcanzar acuerdos entre dirigentes, sin modificar realmente las condiciones que permitieron la concentración del poder.
Y Venezuela ya ha vivido demasiadas experiencias en las que cambiar los nombres no significó cambiar las reglas.
Por eso, la eventual renovación de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral no puede evaluarse únicamente por quiénes serán sus nuevos integrantes. La verdadera pregunta debe ser bajo qué criterios serán seleccionados, qué garantías tendrán de independencia y qué mecanismos impedirán que vuelvan a convertirse en instrumentos de los actores políticos.
Lo mismo ocurre con las elecciones.
Venezuela no necesita simplemente volver a votar. Necesita recuperar el derecho a elegir.
Eso supone condiciones para la participación de todos los sectores democráticos, partidos con garantías, un Registro Electoral confiable, participación efectiva de los venezolanos en el exterior, instituciones electorales independientes y, sobre todo, la certeza de que la voluntad expresada en las urnas será respetada.
Una transición democrática no consiste únicamente en sustituir a quienes ocupan el poder. Consiste en transformar las condiciones bajo las cuales el poder puede ejercerse.
Y en ese punto aparece otra de las grandes interrogantes de la actual mesa de diálogo: su carácter inclusivo.
No necesariamente todos los actores políticos y sociales tienen que estar físicamente sentados en una misma mesa, —aunque lo más justo y equitativo sea que, quienes pertenecen a la plataforma unitaria formen parte de la mesa—. Pero una negociación que pretenda producir una transición legítima no puede ignorar a sectores que tienen una representación política significativa, ni convertir el resultado de la negociación en un acuerdo exclusivo entre quienes lograron acceder a ella.
Una transición no puede reducirse a la fórmula Gobierno + oposición negociadora = Venezuela.
Venezuela es mucho más grande que esa mesa.
También están los millones de ciudadanos que esperan recuperar sus derechos, los presos políticos que siguen siendo una deuda pendiente, los venezolanos que viven fuera del país y quieren volver a participar plenamente en la vida política, los partidos que reclaman condiciones para competir y una sociedad civil que durante años ha sostenido la defensa de las libertades democráticas.
Por eso, la legitimidad del diálogo no dependerá únicamente de quienes participan en él, sino también de la capacidad de sus acuerdos para representar a quienes están fuera.
El venezolano no parece estar rechazando la conversación. Está preguntando qué viene después de ella.
Y esa es probablemente la pregunta más importante.
Porque el éxito de este proceso no debería medirse por el número de reuniones realizadas, por la cantidad de declaraciones emitidas ni por la fotografía de los actores sentados frente a frente.
Debe medirse por sus resultados.
¿Hay más libertad?
¿Hay menos presos políticos?
¿Hay instituciones más independientes?
¿Hay mayores garantías electorales?
¿Hay más participación?
¿Hay separación de poderes?
¿Existe la posibilidad real de que el voto ciudadano determine quién gobierna?
Si la respuesta a esas preguntas comienza a ser afirmativa, entonces el diálogo estará cumpliendo su verdadera función: convertirse en un puente hacia la transición.
Pero si el resultado termina siendo simplemente una nueva distribución de cargos, espacios y cuotas de poder entre los actores que hoy negocian, entonces Venezuela no habrá cambiado de sistema. Habrá cambiado de interlocutores.
Y esa diferencia no es menor.
Porque una transición democrática no puede tener como objetivo decidir quién será el próximo dueño del poder.
Tiene que conseguir algo mucho más importante: que nadie vuelva a ser dueño del poder.
El verdadero desafío del diálogo venezolano no es que quienes tienen el poder acepten sentarse con quienes aspiran a recuperarlo. El verdadero desafío es que todos acepten que, después de la transición, el poder debe dejar de pertenecer a los actores políticos y volver a estar sometido a instituciones legítimas y a la voluntad soberana de los ciudadanos.
Por eso, la pregunta que hoy debería acompañar cada conversación de esa mesa no es solamente si están negociando.
Es qué están negociando.
Y, sobre todo, para qué.
Porque Venezuela no necesita un diálogo que simplemente reorganice el poder.
Necesita un diálogo que permita cambiar las reglas del poder.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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